El Caso Penta ha permitido develar el estado actual en que se encuentra la política chilena, marcada por la despolitización y la generación de fuertes redes clientelares destinadas a mantener el poder y evitar así los cambios. El desolador panorama antes descrito ha derivado en fuertes cuestionamientos a los partidos políticos, que poseen los peores niveles de confianza institucional reflejados sucesivamente en las encuestas de opinión pública.
Por más de veinte años, la política chilena se redujo a meras reglas electorales, en que lo fundamental era la competencia por algún cargo y no el debate de ideas, lo que derivó en una fuerte despolitización de la actividad política. ¿Cómo es eso? Sólo importa la foto sin el logo del partido, instalada en grandes carteles o palomas publicitarias que invaden nuestras ciudades en épocas de campaña, el candidato o candidata de cara “bonita” y el merchandising – espejos, bolsas ecológicas, papelerías varias, etc.–, que se puede entregar en las actividades públicas, la feria, a la salida del supermercado, con el fin de alcanzar o –si se trata de incumbentes– asegurar la mantención del poder.
Ya no es tan necesario discutir y plantear proyectos políticos, sino más bien asistir al plato único bailable o llevar una torta para las abuelitas del club. Así las campañas comenzaron a tornarse cada vez más caras, instalando la cultura del cosismo reemplazando a la disputa de ideas y proyectos en el ágora pública. Los altos costos de las campañas electorales han fomentado la ansiedad de los propios candidatos, que no tuvieron otra alternativa que escribir a sus mecenas y pedir raspados de las ollas, para costear las deudas y apostar a ganador.
[cita]El Caso Penta ha permitido develar el estado actual en que se encuentra la política chilena, marcada por la despolitización y la generación de fuertes redes clientelares destinadas a mantener el poder y evitar así los cambios. El desolador panorama antes descrito ha derivado en fuertes cuestionamientos a los partidos políticos, que poseen los peores niveles de confianza institucional reflejados sucesivamente en las encuestas de opinión pública.[/cita]
Las brechas en el financiamiento de la actividad política evidencian, por tanto, que los pobres y las mujeres –esta afirmación es casi redundante porque las más pobres son las mujeres– han presentado enormes dificultades para competir en igualdad de condiciones en política, acreditando una oligarquización y masculinización de ésta –16% de mujeres en el Congreso Nacional, 12,5% de alcaldesas–.
El Caso Penta ha permitido develar el estado actual en que se encuentra la política chilena, marcada por la despolitización y la generación de fuertes redes clientelares destinadas a mantener el poder y evitar así los cambios. El desolador panorama antes descrito ha derivado en fuertes cuestionamientos a los partidos políticos, que poseen los peores niveles de confianza institucional reflejados sucesivamente en las encuestas de opinión pública.
Lechner advirtió hace algunos años, que la sociedad chilena carecía de seguridad simbólica, pues no se sentía parte de un proyecto político, y percibía que las personas carecían de consideración alguna por sus autoridades. Este diagnóstico dio paso a las estrategias de marketing político más absurdas e inimaginadas, que casi tuvieron por vencedor a Joaquín Lavin en 1999 –la foto tomada a través de una cámara polaroid en que él se hacía “parte de tu familia” y era entregada en barrios populares–. Hoy en día, la ciudadanía ya no cae tan fácilmente en trucos, posee altos niveles de sospecha, y una negativa percepción de sus autoridades y de la política. La reforma electoral que se acaba de aprobar –y el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia de la Democracia–, representa un avance sustantivo en el cambio de correlación de fuerzas que existirá en el Congreso Nacional. Necesariamente se configurarán nuevas alianzas, coaliciones y equilibrios. Es de esperar que además del nuevo efecto ordenador de los partidos políticos y coaliciones, ayude a desenmascarar a los falsos “demócratas apolíticos”, y permita generar un debate desde las ideas políticas, en que se enfrenten por alcanzar la hegemonía proyectos de país diferentes, y apunten a evitar estas extrañas relaciones existentes entre el dinero proveniente de empresas privadas y la política.
El 2014 comenzó a marcar un punto de inflexión en nuestra despolitizada democracia chilena. Recién este gobierno está intentando disputar la hegemonía de los discursos neoliberales-economicistas, basados en una supuesta “neutralidad ideológica”, que primó durante los veinte años de la administración concertacionista –y la de Piñera–. Pese a los fuertes intentos por politizar el debate e instalar nuevos clivajes –como el público vs. privado–, la ciudadanía sigue sin entender las actuales disputas.
El desafío es enorme, en particular para nuestra desprestigiada clase política, que enfrenta una agitada agenda de reformas por delante. Esperemos que se encuentren a la altura de las circunstancias para no defraudar a la ciudadanía, pues el Caso Penta va a dificultar aún más la llegada de agendas de transparencia y financiamiento público de la actividad política, no porque no exista un consenso generalizado al interior de las élites políticas de que la situación debería cambiar, sino por cómo comunicar la necesidad de financiar con recursos de los chilenos y chilenas la política.
