Mercado del trabajo y recomendaciones OCDE: ¿es necesario más neoliberalismo?

Durante los últimos años, Chile ha sido una de las economías de mayor crecimiento en Latinoamérica. Según información proporcionada por el Banco Mundial y el Banco Central de Chile, entre 1990 y 1998 el país creció 7,1% promedio anual. Luego de la llamada “crisis asiática”, entre 1999 y 2010, la tasa de crecimiento bajó y se ubicó en un 3,8% promedio. Posteriormente, entre los años 2011 y 2012, el promedio de crecimiento presentó un aumento respecto al periodo anterior y se ubicó en un 5,5%. En la actualidad, después de esta breve primavera, se ha observado una desaceleración gradual de la actividad económica: el promedio de crecimiento del PIB, durante el primer semestre del 2014, llegó al 2,2%. Finalizando el 2014, a pesar de estos vaivenes propios del comportamiento macroeconómico, vinculados a las crisis cíclicas del capitalismo a nivel mundial, el PIB per cápita nacional, según el FMI, está por sobre los 23 mil dólares, ubicando a Chile entre los países de ingreso medio-alto del mundo.

Estas alentadoras cifras, sin embargo, no son sinónimo de un desarrollo social integral. Es más, se puede afirmar que el constante crecimiento de la economía nacional se ha realizado sobre la base de la permanente y desmedida explotación de los recursos humanos y naturales con los que cuenta el país. Tal como han indicado los analistas nacionales e internacionales –entre ellos la OCDE–, Chile es un país altamente desigual debido, principalmente, a la mala distribución de los ingresos y a la pauperización de los derechos sociales, a través de la privatización.

[cita] La OCDE en sus recomendaciones es fiel a uno de los principios fundamentales del neoliberalismo: el Estado no debe ser un actor económico sino que sus fuerzas se deben acotar y estar dispuestas para generar las condiciones en las que los mercados puedan funcionar libremente, y el trabajo, en este sentido, es un mercado que, para lograr su óptimo desempeño, debe operar sin mayores restricciones. El tenor de las recomendaciones que entrega la OCDE está en la línea de flexibilizar aún más el mercado del trabajo nacional y utilizar los recursos públicos en la implementación de subsidios para incentivar el contrato o promover la capacitación de los sectores excluidos, con el fin de insertarse en el mercado del trabajo. [/cita]

En lo relacionado con el mercado del trabajo, las políticas implementadas desde fines de la década de los 70, lo han estructurado a partir de la necesidad de satisfacer la demanda de fuerza de trabajo, principalmente, de parte del sector terciario de la economía y, por otro lado, se puede afirmar que la introducción de nuevas tecnologías ha impactado directamente en la organización de las funciones y los cambios en las calificaciones que se le demanda conocer y dominar a los trabajadores; mientras que, de forma paralela, en una dimensión estructural, el mercado del trabajo chileno ha tendido a la informalidad o a la precarización laboral, la cual ha venido de la mano del empleo a tiempo parcial y la subcontratación.

Una de las principales consecuencias de este ordenamiento es que, a pesar de que el país cuenta con un alto grado de empleabilidad, en la actualidad la incorporación de las personas al mercado laboral no asegura una mejora en sus condiciones de vida y, es más, en muchos casos, incluso, contar con un trabajo no implica necesariamente dejar de ser pobre, debido, principalmente, a los bajos niveles salariales (según la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos, NESI 2013, el 53,5% de los trabajadores chilenos gana menos de $300.000 y el 70% menos de $426.000 líquido. Además se registran cerca de 700 mil subempleados, donde el 50% de estos gana menos de $100.000, y hay más de 1 millón de asalariados que no tienen contrato de trabajo y el 70% de ese millón gana menos de $251.048).

En las recomendaciones que la OCDE viene realizando a Chile desde el año 2013 en materia laboral, más que abogar por mejorar las condiciones de trabajo de los chilenos, éstas apuestan por generar los resortes necesarios para una mayor inclusión de las personas al mercado laboral, identificando tres grandes segmentos con problemas:

1. Las mujeres. Las cuales tienen menores posibilidades de contar con un trabajo remunerado que los hombres y, cuando lo tienen, a menudo son empleos del sector informal o con salarios bajos (una de las cuestiones que omite la OCDE es que, según la NESI, el 83,5% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $550.000 líquido), cuya consecuencia directa determina desmedradas condiciones materiales de existencia, pero que, además, proyecta precariedades futuras, en tanto que, a partir de su baja y frágil inclusión actual y tomando en cuenta la elevada expectativa de vida de este sector de la población, es posible predecir bajos niveles de pensiones y, por lo tanto, una vejez signada por la necesidad y la pobreza.

2. Los jóvenes. Para quienes conseguir un empleo sigue siendo difícil, tal y como se refleja a través de la elevada proporción de jóvenes varones (cerca del 20%) –aún mayor en el caso de las jóvenes chilenas (sobre el 30%)– que ni trabajan, ni estudian, ni siguen una capacitación.

3. Los excluidos. Individuos de baja calificación, los cuales, en general, perciben ingresos por actividades informales y, por lo tanto, no tienen acceso a las prestaciones sociales que entrega la participación en el mercado formal del trabajo.

Al respecto, el diagnóstico de la OCDE es claro: La existencia de un salario mínimo elevado, una fuerte protección del empleo y las deficientes capacidades técnicas de la fuerza de trabajo, dificultan el acceso al mercado laboral de parte de estos segmentos (mujeres, jóvenes y excluidos). Las soluciones recomendadas, para que no existan interferencias en el funcionamiento del mercado del trabajo, son:

1. Flexibilizar las leyes de protección al trabajador, reduciendo, por ejemplo, la indemnización por despido de trabajadores y reemplazándola por un seguro de cesantía, cuestión que entregaría mayor dinamismo al mercado laboral, bajando su segmentación y promoviendo, para el caso, el empleo de jóvenes y mujeres.

2. Fortalecer las políticas públicas que fomentan la participación de la mujer en el mercado laboral, lo que aumentaría la oferta de mano de obra y contribuiría al crecimiento de su participación. Para esto es fundamental, por un lado, implementar subsidios al trabajo de la mujer, es decir, bonificar a aquellos empresarios que contraten mujeres, y, por otro lado, ampliar el cuidado infantil en la primera infancia para evitar así la baja participación a razón de periodos de maternidad.

3.  Mejorar el “subdesarrollado” sistema público de capacitación y optimizar la ayuda en la búsqueda de trabajo, fortaleciendo las oficinas locales de empleo.

La OCDE en sus recomendaciones es fiel a uno de los principios fundamentales del neoliberalismo: el Estado no debe ser un actor económico sino que sus fuerzas se deben acotar y estar dispuestas para generar las condiciones en las que los mercados puedan funcionar libremente, y el trabajo, en este sentido, es un mercado que, para lograr su óptimo desempeño, debe operar sin mayores restricciones. El tenor de las recomendaciones que entrega la OCDE está en la línea de flexibilizar aún más el mercado del trabajo nacional y utilizar los recursos públicos en la implementación de subsidios para incentivar el contrato o promover la capacitación de los sectores excluidos, con el fin de insertarse en el mercado del trabajo.

Frente a este naturalismo ingenuo de los neoliberales, que confían en la autorregulación de los mercados, es necesario preguntarse si, como país, es lo que necesitamos o, más específicamente, ante el fracaso patente del neoliberalismo en materia de desarrollo social integral, a nivel local y global, ¿la solución es aplicar más neoliberalismo?