El senador Pizarro debería considerar estas reflexiones, revisar los estándares éticos que exige la ciudadanía a sus dirigentes y meditar sobre la conveniencia y el severo daño que podría sufrir la DC al haber asumido el lunes pasado oficialmente la presidencia del Partido, pues ante la situación expuesta, inicia su gestión debilitado y sin autoridad.
“El vicio raramente se insinuó oponiéndose a la honradez;
casi siempre toma el disfraz de esta”
Jean-Jacques Rousseau
No cabe duda que la renuncia que hizo pública el diputado Fuad Chahin, en cuanto a no haber asumido la primera vicepresidencia de su partido y las razones que ha invocado al efecto, nos deben llamar a reflexionar y revisar los aspectos concretos que el caso particular conlleva y así poder determinar la fuerza de las razones y argumentos expresados para ello.
1) En primer término, conforme a lo que es de público conocimiento, hay que mirar este problema desde la perspectiva del razonamiento propio de cualquier fiscal del Ministerio Público usando una metodología estándar sobre la materia. Así, dicho profesional, en cumplimiento de su labor de investigación, deberá preguntarse para qué y por qué SQM suscribe y mantiene tantos contratos de asesoría por tan variados motivos, causas y razones, en especial lo relativo a las comunicaciones estratégicas, la mayoría de ellas ajenas al giro real y específico de una empresa cuyo objeto comercial es la minera no metálica.
[cita] El senador Pizarro debería considerar estas reflexiones, revisar los estándares éticos que exige la ciudadanía a sus dirigentes y meditar sobre la conveniencia y el severo daño que podría sufrir la DC al haber asumido el lunes pasado oficialmente la presidencia del partido, pues ante la situación expuesta, inicia su gestión debilitado y sin autoridad.[/cita]
2) En segundo lugar, habrá que preguntarse para qué tales contratos de asesoría externa, si la empresa cuenta con departamentos o áreas de estudio especiales y cuerpos técnicos profesionales propios y capacitados que cumplen la labor respectiva, más aún en el caso particular que nos ocupa, relativo a las comunicaciones de SQM.
3) En consecuencia, teniendo presente lo anterior, corresponde que nos preguntemos cuál sería el sentido y la finalidad de encomendar tales trabajos de comunicación estratégica, como eufemísticamente se les llama, a terceros externos, como es el caso de la sociedad comercial Ventus Consulting de los hermanos Pizarro, si SQM cuenta y tiene áreas o divisiones internas importantes dedicadas a tales estudios, más aún, si respecto de dichas materias ya cuenta y tiene oficinas de asesoría permanente o estudios profesionales de reconocido bagaje contratados hace años para ver esas materias y el lobby (Ej. Imaginacción).
4) Además de lo que ya hemos indicado, no podemos dejar de considerar para nuestro análisis que con sólo tres o cuatro meses de desfase, según información pública, está la existencia de un contrato suscrito con la empresa de Cristina Bitar, cuyo objeto del mismo también han sido estudios de comunicaciones estratégicas por un monto de M$185.
5) A su vez, en esta revisión del tema tampoco podemos olvidar el hecho de que el pago por tales asesorías contratadas ha sido por sumas importantes y ello, por lo general, está en los rangos máximos de mercado, y los profesionales u oficinas contratados no son las empresas más importantes y destacadas del rubro en el mercado, lo que aplicando la lógica hace muy difícil comprender el sentido y alcance de tales asesorías contratadas.
6) Lo anterior se ve aún más complicado e incomprensible de explicar cuando los asesores o los miembros de las sociedades comerciales contratadas tienen una vinculación directa, ya sea por ser hijos o parientes de actores políticos, parlamentarios o candidatos que ejercen cuotas de poder, en cuyo beneficio, en la práctica, se otorgan tales recursos vía estas asesorías.
7) Frente a lo anterior, aquí más que hablar y decir que los servicios profesionales son reales y que se ejecutaron, lo que procede es demostrar y hacer pública tal situación a través de los medios y documentos del caso y exhibiendo los estudios o informes realizados y abriendo su contabilidad y cuentas corrientes bancarias, que acrediten que el destino final de los fondos recibidos no fue a parar a las campañas o en beneficio directo de sus parientes, ello ya sea mediante de los cheques, transferencias electrónicas en cuenta corriente y contabilidad. Determinar quién fue el receptor real de los dineros recibidos es la clave para aclarar y disipar cualquier duda al efecto. Esa sería la forma correcta de dejar a un lado cualquier duda o presunción, en cuanto a si los recursos fueron en beneficio directo de los parientes o se pagaron cuentas de éstos o en abono a créditos bancarios del receptor real, o si a éste, luego de recibirlos, le giraron una boleta o factura a la sociedad para justificar la salida de aquélla. Sólo a través de este proceder será posible la trazabilidad de los dineros tributariamente hablando, pues así mediante este análisis documentario se acreditaría de manera fehaciente quién o quiénes fueron los receptores reales de tales fondos. En esto no tienen cabida las palabras o aclaraciones verbales. A este efecto tenemos el parámetro que nos ha fijado el señor Jaime de Aguirre, quien sin vacilar compareció ante el Ministerio Público, abrió sus cuentas corrientes y cartolas bancarias y procedió a entregar todos los documentos respectivos en donde acreditó que el destino final de los fondos en cuestión, de las facturas del caso, fue personal, en su beneficio y no platas políticas.
8) En cuanto a la materialidad de los informes realizados, dados los montos y la importancia de los mismos, no cabe duda que deben existir los memorandos que dan cuenta del trabajo efectivamente ejecutado, donde se diga y quede claro quiénes eran los ejecutivos, contraparte técnica interna de la empresa, que atendía ese contrato (es de estilo en estos contratos señalar quién es el encargado y contraparte del trabajo a realizar por el asesor externo) y se entendía con los profesionales que realizaron materialmente el trabajo y a quien se le rendían los informes mensuales, semanales o diarios y si se le entregaba de forma material, ya sea vía e-mail, carta o memo. Esa es la cuestión práctica que debe acreditar para resolver cualquier duda, repito, no discursos o palabras sin fundamento creíble.
9) Además de lo ya expuesto, está lo señalado por el Ministerio Público en la audiencia de formalización de los ejecutivos de SQM, en cuanto a que las facturas emitidas por Ventus Consulting corresponderían a aquellas que van de la N°1 a la N°14, lo que implicaría que ello ha sido el primer trabajo facturado por esta empresa. Del mismo modo y en el mismo sentido, se debe considerar lo aparecido en medios de prensa, en cuanto a que uno de los socios de la empresa, en declaración administrativa prestada ante el SII, señaló respecto del servicio prestado que “el trabajo consistía en la entrega periódica de reportes verbales”, hechos que evidentemente complican aún más poder entender la verdadera realidad de este problema.
10) Es aquí, en definitiva, donde precisamente está el problema no resuelto, pues las asesorías cuestionadas y sin respaldo, conforme a lo denunciado por el SII, obligan a quienes están enfrentados a tales hechos a demostrar efectivamente que no se encuentran en la situación denunciada, pues en caso contrario quedaría de manifiesto que sí han sido parte de este ilegítimo proceder y forma de obtener financiamiento irregular para campañas políticas. Quienes ejercen funciones públicas deben tener presente y aceptar que los estándares de transparencia, probidad y conducta que se les exigen no son los mismos que los del ciudadano común.
11) Todo lo anteriormente dicho se ve aún más complicado si consideramos dos hechos adicionales de estos últimos días, el primero, la publicación de las declaraciones del presidente, gerente general y vicepresidente de finanzas de SQM ante el Ministerio Público, quienes han señalado que no conocen, no recuerdan y/o no saben nada de aquellos servicios de que dan cuenta las facturas y contratos aludidos y de público conocimiento, en especial, lo declarado por el área de finanzas que es la que cursa y registra los pagos, que señala no conocer el detalle y realización de tales asesorías, lo que es impresentable si estamos ante la prestación de un servicio profesional por $45.000.000. En segundo lugar, el que los socios de Ventus Consulting, o sea, los hijos del presidente del PDC afectados con este caso, hayan recurrido y se justifiquen en aspectos técnicos formales para guardar silencio ante el Ministerio Público, que investiga el caso SQM, en vez de aprovechar dicha instancia y oportunidad para salir a explicar y aclarar derechamente ante la ciudadanía la realidad y verdad que ellos reclaman, disipando así cualquier manto de duda, pues mientras ello no ocurra, evidentemente las palabras y razones del diputado Chahin tendrán plena vigencia, aplicación y justificación. A este respecto, no podemos olvidar aquellas palabras de Cicerón, quien expresaba: “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.
En lo relativo a probidad, dinero y su relación con la política, no basta tener la razón, siempre será necesario poder probar lo que se afirma.
Finalmente y como conclusión de lo señalado precedentemente, queda de manifiesto que mientras no se aclaren todas las dudas y situaciones oscuras que afectan a los hijos del hoy presidente de la DC y ello no se explique y justifique debidamente, a objeto de conocer la verdad en su integridad conforme a mínimos estándares éticos exigibles a todo dirigente político, el diputado Fuad Chahin tiene razón al fundamentar y justificar su renuncia, la que, como es sabido, ha sido respaldada por otros parlamentarios y un importante número de militantes, entre quienes priman los valores y principios institucionales del humanismo cristiano por sobre proyectos personales y que tienen muy claro que, de haber sabido que existía esta situación antes del acto eleccionario del día 29 de marzo pasado, muchos no habrían apoyado ni votado por la lista vencedora, comenzando por quienes votaron en mérito y consideración del diputado que ha renunciado.
El senador Pizarro debería considerar estas reflexiones, revisar los estándares éticos que exige la ciudadanía a sus dirigentes y meditar sobre la conveniencia y el severo daño que podría sufrir la DC al haber asumido el lunes pasado oficialmente la presidencia del partido, pues ante la situación expuesta, inicia su gestión debilitado y sin autoridad. Si no, me pregunto ¿qué dirá nuestro máximo dirigente a nombre del partido respecto de los hechos denunciados que afectarían al ex Presidente Piñera? ¿Estará en condición de poder expresar opinión con “autoritas” al efecto?
Estimamos que ante la realidad que está viviendo el país ya no hay tiempo ni cabida para proyectos personales.
