Uno de esos mecanismos es el mandato revocatorio, en el cual el pueblo ejerce su soberanía a través de la posibilidad de destituir, mediante votación, a un cargo de representación popular antes de que expire el período para el cual fue elegido. A diferencia de otros procedimientos de destitución (como el desafuero judicial o político), la revocación del mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público y no supone una acción judicial que exija las garantías del debido proceso.
La pérdida de confianza en la democracia chilena no es un fenómeno nuevo y ya se venía alertando hacía años. Los casos de corrupción solo han mostrado la punta del iceberg de un sistema político que ya no da para más, desesperado por mejorar y fortalecer su democracia para impedir la agudización de una crisis que parece no tener salida dentro del marco institucional actual. Sin embargo, desde otra vereda creemos que esta crisis es una oportunidad para repensar la institucionalidad que tenemos y sobre todo la que queremos. Y es que parece que la necesidad de una Nueva Constitución avanza más rápido que el debate mismo sobre el mecanismo y los contenidos de ésta. En este artículo queremos profundizar un poco sobre esto, a propósito de la comentada pérdida de confianza en la política.
Hace tiempo que desde ICAL hemos planteado que una de las cualidades de la construcción democrática en nuestro país es la ausencia de mecanismos de participación y control ciudadano, que pudieran complementar a las actualmente cuestionadas instituciones representativas con otras vías alternativas de intervención más directa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas. Podríamos catalogar estas intenciones como tardías si las comparamos con el resto de los países de nuestro continente, los cuales ya desde fines de los años 80 atravesaron por procesos de crisis de representación, entendida ésta como un clima general de descontento popular respecto del desempeño de las instituciones de gobierno. Como hemos mencionado anteriormente, Chile y su modelo “exitoso” de transición serían la excepción… hasta ahora.
[cita] Uno de esos mecanismos es el mandato revocatorio, en el cual el pueblo ejerce su soberanía a través de la posibilidad de destituir, mediante votación, a un cargo de representación popular antes de que expire el período para el cual fue elegido. A diferencia de otros procedimientos de destitución (como el desafuero judicial o político), la revocación del mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público y no supone una acción judicial que exija las garantías del debido proceso.[/cita]
En el continente, las crecientes demandas ciudadanas por más democracia, nacidas en el mencionado entorno de la crisis de la representación de masas, dieron como resultado un notable incremento del interés, tanto a nivel social como político y académico, por la incorporación y el uso de mecanismos de democracia directa o semidirecta. Los más reconocidos de estos mecanismos son el plebiscito vinculante, la iniciativa popular de ley y el mandato revocatorio.
Estos instrumentos de participación ciudadana fueron por tanto concebidos como herramientas incorporadas en las democracias representativas para permitir a los ciudadanos participar de la elaboración y adopción de las políticas a partir de la combinación de elementos de la democracia directa e indirecta. Así, la mayoría de las constituciones en América del Sur incorporaron o ampliaron los mecanismos de democracia directa durante la década de los noventa, con la excepción de Uruguay (que ya los tenía) y Chile.
Uno de esos mecanismos es el mandato revocatorio, en el cual el pueblo ejerce su soberanía a través de la posibilidad de destituir, mediante votación, a un cargo de representación popular antes de que expire el período para el cual fue elegido. A diferencia de otros procedimientos de destitución (como el desafuero judicial o político) la revocación del mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público y no supone una acción judicial que exija las garantías del debido proceso. El potencial resultado es el mismo: la destitución. El sujeto que decide es distinto: el Congreso, en uno; el pueblo, en otro. Evidentemente tanto este como otros procedimientos de democracia directa o semidirecta pueden tener diferentes matices, dependiendo de sus mecanismos de validación, legitimación y el nivel en que se aplica (local, regional o nacional). Sin embargo, el punto clave es que es una institución eminentemente política en donde la legalidad, racionalidad y suficiencia de los motivos de la revocación son determinadas por los electores, no siendo objetos de revisión judicial.
Lo positivo de esta medida es que, en primer lugar, reconoce al pueblo como la fuente de la soberanía. Si se supone que en el pueblo reside la soberanía y se ejerce a través de sus representantes, lo lógico es que también puedan destituirlos a través de una elección libre. En segundo lugar, se convierte en una oportunidad para la sociedad de recuperar la capacidad de influir e incidir en el representante y, por lo tanto, fortalecer la vinculación entre ambos. En tercer lugar, fortalece la capacidad de la sociedad de estar más atenta a la política, promoviendo que los actores sociales hagan seguimiento a sus gobernantes, se mantengan informados y jueguen algún rol en el proceso de gobernar. Y, en cuarto lugar, la destitución puede estimular a los funcionarios públicos a ser más responsables con sus electores y a reflexionar más sobre la palabra empeñada en campaña.
Las condiciones están para el debate sobre este mecanismo, que creemos sin duda fortalece la democracia. Por un lado, para el programa de Gobierno los contenidos de una Nueva Constitución deben incorporar mecanismos de democracia directa y semidirecta como este. En segundo lugar, el informe de la comisión asesora presidencial para la descentralización propone a nivel local y regional la realización de referendos revocatorios de mandatos. Y, en tercer lugar, ya un grupo de diputados presentó a fines de marzo un proyecto al Parlamento, que contempla el mandato revocatorio a todos los cargos de elección popular. Señales positivas que abren caminos para avanzar hacia una nueva democracia para el país.
