La propuesta de gratuidad y acceso universal es entonces un cambio radical y un giro paradigmático del sistema, en el cual el financiamiento público y la gratuidad pasan a constituirse en una variable que modifica todo. Como consecuencia, las instituciones inician un ciclo de pérdida de autonomía, el Estado asume un control más protagónico del sistema y las familias se enfrentan a un escenario de acceso gratuito, pero del cual todavía no existe claridad de su financiamiento…
La propuesta de reforma a la educación superior que ha venido difundiendo el Ministerio de Educación en estos últimos meses tiene como eje troncal el acceso universal y gratuito a todas las instituciones que estén dispuestas a sumarse a un “sistema de compromisos públicos”. Si bien esta propuesta no es todavía oficial, es una iniciativa de alto impacto y que significa un cambio radical en la tendencia institucional y de gobernanza que ha seguido el sistema de educación superior en estos últimos 50 años.
A contar de 1981 el sistema de educación superior sufre grandes trasformaciones, pasando de ser un sistema mayoritariamente financiado por el Estado, de elite (bajo acceso) y homogéneo, a otro que pasó gradualmente a ser financiado por las familias, altamente privatizado y de heterogeneidad institucional. Así, se pasó en 1985 a un sistema de acceso masivo (más de 15% de cobertura) y, el 2007, de acceso universal (sobre 50% de cobertura).
Esta trayectoria del sistema no ha sido modificada radicalmente por ninguno de los gobiernos democráticos a contar del año 1990. Las modificaciones principales tuvieron que ver con establecer un sistema de acreditación voluntario para IES autónomas, asociado a un mecanismo de crédito para los estudiantes que acceden a instituciones acreditadas.
[cita] La propuesta de gratuidad y acceso universal es entonces un cambio radical y un giro paradigmático del sistema, en el cual el financiamiento público y la gratuidad pasan a constituirse en una variable que modifica todo. Como consecuencia, las instituciones inician un ciclo de pérdida de autonomía, el Estado asume un control más protagónico del sistema y las familias se enfrentan a un escenario de acceso gratuito, pero del cual todavía no existe claridad de su financiamiento…[/cita]
En este sentido, de acuerdo con Brunner, en este tránsito desde un sistema de masas a otro de acceso universal, la gobernanza del sistema no ha variado significativamente y mantiene la presencia de tres elementos muy marcados (triángulo de Clark): alta presencia de las fuerzas del mercado en el campo organizacional de la educación superior, se amplían las capacidades competitivas de las instituciones para una mejor gestión interna y prosigue la discusión respecto a la inefectividad de las regulaciones estatales.
Siguiendo el hilo de esta tendencia, la propuesta de gratuidad y acceso universal es entonces un cambio radical y un giro paradigmático del sistema, en el cual el financiamiento público y la gratuidad pasa a ser una variable que modifica todo. Como consecuencia, las instituciones inician un ciclo de pérdida de autonomía, el Estado asume un control más protagónico del sistema y las familias se enfrentan a un escenario de acceso gratuito, pero del cual todavía no existe claridad de su financiamiento y se han abierto muchas dudas respecto a su eficiencia y eficacia interna (lo que puede ser medido en términos de tasa de retención y titulación esperada bajo estas nuevas condiciones).
La propuesta de reforma ha señalado que la educación superior es un derecho social y que, por tanto, compete al Estado un rol preponderante en amplio sentido, en el cual las IES adhieren a un “sistema con compromisos públicos” que actuaría como marco amplio de regulación de calidad, aranceles y cantidad de alumnos, entre otros elementos. Bajo esta perspectiva, los alumnos accederían a la educación superior por medio de un sistema único de postulación y de manera gratuita.
Si bien esta propuesta es plausible desde el punto de vista de los derechos sociales, está sintonizada con la aspiración de igualdad a partir de una educación superior que de cierta forma colabora en corregir la desigualdad de oportunidades de base y heredadas, se aprecian cuatro grandes limitaciones: i) por el lado de la instituciones que componen el sistema, se incurrirían en una pérdida de autonomía que afecta a la libertad de enseñanza; ii) el derecho social y de acceso gratuito tiene un evidente límite financiero (¿están disponibles los recursos públicos para financiar el acceso a todos los alumnos?, ¿cuál es el costo de oportunidad de esta medida si pensamos en la prioridad que podría tener la educación primaria y prebásica?); iii) gratuidad para todos es sin duda una medida regresiva y poco eficiente, toda vez que una parte no menor de los recursos destinados para su financiamiento será recibida por familias de altos ingresos; y iv) por el lado de los estudiantes y ahora que todo será gratuito, ¿cuál será el incentivo al esfuerzo para quienes ingresan a las IES?, esta es una pregunta abierta y de consecuencias poco previstas en un contexto de sostenidos avances en eficiencia y eficacia del sistema.
Derivado de este último punto, una discusión de fondo que corresponde dilucidar es respecto a la conveniencia de un sistema de financiamiento destinado a los estudiantes o a las instituciones. El crecimiento de la matrícula y los avances en resultados del sistema de ES se han desarrollado sobre la base de incentivos a la demanda, ¿por qué cambiar eso de manera radical?, ¿no es mejor y más conveniente realizar ajustes más acotados e incrementales?
