A propósito de “Errázuriz, Karadima y Cox: profundas contradicciones papales”
Señor Director:
En este artículo, publicado por El Mostrador con fecha 28 de abril, su autor pretende mostrar profundas contradicciones del Santo Padre por el nombramiento del Cardenal Errázuriz como miembro del Consejo de Cardenales para la reforma de la Curia Romana, y de Mons. Juan Barros como Obispo de Osorno. Me referiré solamente al primer tema, que conozco de cerca por ser superior provincial de los Padres de Schoenstatt en Chile.
Comprendo que para un autor es muy difícil escribir sobre hechos del pasado e inculpar a uno de los actores, cuando no se tiene un conocimiento exacto de las competencias y las responsabilidades jerárquicas en la Iglesia, cuando se tiene un conocimiento inexacto de las fechas, y además se retrotraen al pasado las informaciones que hoy tenemos de numerosas realidades que entonces eran desconocidas.
Veamos las acusaciones que le formula el autor al Cardenal con ocasión de aquellas conductas de Mons. Cox que movieron a éste a renunciar a la conducción pastoral de la arquidiócesis de La Serena. El P. Francisco Javier Errázuriz fue superior de la región chilena hasta el mes de marzo del año 1971. Durante ese tiempo tenía responsabilidad directa sobre el trabajo pastoral de los miembros de la región, entre ellos, del P. Francisco José Cox. No se conoce ninguna queja, ni menos aún, una denuncia acerca de la labor pastoral del P. Cox durante esos años.
El P. Errázuriz fue elegido superior general del Instituto de los Padres de Schoenstatt a fines de septiembre del año 1974. Durante ese tiempo el P. Cox trabajaba en España. Tres meses más tarde, fue nombrado Obispo de Chillán. A partir de ese nombramiento, la responsabilidad por su trabajo pastoral pasó de la comunidad a la Santa Sede. Así ocurre, conforme al derecho canónico, con todos los religiosos que son nombrados obispos: quedan desligados de la obediencia a los superiores, y éstos quedan desprovistos de toda autoridad sobre ellos.
Sin embargo, por solidaridad con la Iglesia y también con él, los superiores en Chile lo visitaban y le daban consejos para que pudiera realizar lo mejor posible su servicio pastoral. Cuando ese trato con las personas comenzó a dañar profundamente su autoridad moral como pastor y el bien de las personas, su comunidad le instó a que renunciara a guiar la arquidiócesis de La Serena.
El artículo en cuestión expresa que Mons. Errázuriz, en aquel entonces Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, se habría adelantado a hablar del caso por televisión, previendo que saldría a la luz pública. No fue así. Mons. Errázuriz estaba en una actividad pastoral en el Barrio Bellavista cuando un periodista de canal 13 lo ubicó y le pidió urgentemente que fuera de inmediato al canal, porque otro canal se había referido a los rumores contrarios a Mons. Cox en el noticiario de la noche. Sin mayor preparación, Mons. Errázuriz respondió a las preguntas del periodista. Es más, cuando éste le preguntó si la posición de la Iglesia sería que Mons. Cox compareciera ante la justicia si hubiera una acción en contra de él, la respuesta de Mons. Errázuriz fue clara: “Todo ciudadano, cuando hay una acción de la justicia frente a él, debe responder. Aquí no hay excepciones para ningún ciudadano”. De hecho, nadie presentó una acusación ante los tribunales de justicia ni ante el tribunal de la Iglesia.
Dejo a otros comentaristas lo que se refiere al sacerdote José Andrés Aguirre (el cura Tato), porque seguramente conocen mejor que yo ese caso. Recuerdo, sin embargo, que nada se sabía del número de víctimas que aparecieron más tarde, y que fue el mismo Cardenal quien le recordó al sacerdote Aguirre que debía viajar a Chile para presentarse ante la justicia, y que fue él quien envió los antecedentes a Roma, sobre todo la autoinculpación del sacerdote ante el tribunal. Los procesos concluyeron con la pérdida de su estado clerical decretada por la Santa Sede, y la pena de cárcel, dictada por los tribunales de justicia de Chile, cumplida ejemplarmente por el sacerdote hasta que quedó libre, poco antes de fallecer.
No es necesario enumerar las afirmaciones equivocadas del artículo sobre el proceso contra el P. Karadima. La opinión pública conoce las declaraciones hechas por el mismo Cardenal Errázuriz sobre la verdad del proceso penal seguido por la Iglesia al presbítero Fernando Karadima. Sabemos que en estos casos, es difícil llegar a esa “verosimilitud” de la denuncia que exige el derecho canónico en el canon 1717, para hacer la investigación previa al proceso penal. Es difícil, porque las denuncias son presentadas sin que haya testigos ni pruebas de los hechos, se enfrentan con las declaraciones contrarias del acusado y, peor aún, con la buena fama que tenía el P. Karadima ante muchísimos católicos. Sabemos que cuando hizo su denuncia el tercer acusador, con independencia de los anteriores, y similar a las denuncias de ellos, el proceso avanzó rápidamente; ya estaba en pleno desarrollo con anterioridad a las acusaciones impactantes que conoció todo Chile a través del programa de televisión “Informe Especial”. Sabemos que el proceso fue enviado a Roma, porque así lo determina la legislación canónica cuando hay abuso de un menor de edad. Sabemos que el mismo Cardenal pidió que se levantara la prescripción de los hechos, para que la sentencia se dictara conforma a la justicia y a la verdad. Sabemos que esa dura sentencia contra el P. Karadima la dictó sólo la Iglesia, precisamente porque todos los últimos Papas han afirmado lo que recientemente aseveró el Papa Francisco: “No hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de menores.” (Carta del Papa Francisco a Obispos y Superiores del 2 de febrero de 2015).
En una palabra, no es de extrañar que el Papa Francisco haya nombrado al Cardenal Errázuriz miembro del Consejo de Cardenales. El Arzobispo emérito de Santiago, según sus cargos, procedió responsablemente en los casos enumerados, y el Santo Padre le tiene una gran confianza y aprecio desde que trabajó con él en la preparación y la celebración de la Conferencia general del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Aparecida el año 2007.
P. Mariano Irureta U.
Superior Provincial de los Padres de Schoenstatt