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Marchar

por 10 junio, 2015

"Es necesario recordar que un Estado de Derecho está obligado a estipular y garantizar, valga la redundancia, los derechos de las personas, tanto individuales como colectivos; en especial, aquellos que son de carácter fundamental, como es el caso del derecho a la libertad de reunión y expresión. Las movilizaciones estudiantiles de los últimos años, no cabe duda, son una manifestación de éstos".
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Hoy los estudiantes vuelven a manifestarse en las calles, ejerciendo algunos de sus derechos y libertades fundamentales de manera colectiva. Llevan varios años en ello. El resultado posterior a cada marcha ya es conocido: los incidentes no dejan ver el bosque. A partir de ello resulta pertinente compartir algunas reflexiones generales:

En primer lugar, es necesario recordar que un Estado de Derecho está obligado a estipular y garantizar, valga la redundancia, los derechos de las personas, tanto individuales como colectivos; en especial, aquellos que son de carácter fundamental, como es el caso del derecho a la libertad de reunión y expresión. Las movilizaciones estudiantiles de los últimos años, no cabe duda, son una manifestación de éstos.

En un sistema democrático tan imperfecto como es el nuestro, que tiene muy pocos espacios que permitan una adecuada agregación de intereses de mayorías y minorías, que no logra resolver ni tampoco morigerar los profundos desequilibrios de poder económico y político que subyacen a nuestro modelo de desarrollo, los ciudadanos experimentamos (y los jóvenes de manera aún más sensible) la ausencia de arreglos institucionales capaces de garantizar la igualdad intrínseca que nos asiste a nivel político; esto, en especial, al momento de querer influir y decidir sobre la sociedad que queremos construir. En ese escenario, el ejercicio del derecho a la manifestación colectiva se vuelve una de las escasas herramientas, para que importantísimos sectores de la ciudadanía organizada expresen planteamientos o puntos de vista diferentes a los oficiales.

Por otra parte, los actos de la policía en el marco de las manifestaciones callejeras, no pueden ni deben ser confundidos con una disputa “entre ciudadanos”, entre iguales que sostienen un juego de equilibrio o un eventual “ojo por ojo”. Se trata por una parte de un organismo con funciones específicas y privativas, como es el uso de la fuerza, y por otra, de un conglomerado de ciudadanos que se encuentran ejerciendo derechos que les son intrínsecos.

Cierto es que en las manifestaciones suelen producirse incidentes, que tienen su origen en la conducta de exaltados o infiltrados, y es responsabilidad de Carabineros actuar y neutralizar la conducta ilícita de dichos individuos. Pero aquello no puede ser a costa de los jóvenes que están haciendo uso legítimo de sus libertades. Los estándares de la actuación policial en el marco de manifestaciones sociales debe y puede ser mucho más alto que el actual; ya que de lo contrario, el Estado renunciaría a la obligación que le asiste en orden a proporcionar mejoras progresivas en las condiciones objetivas y garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos, en especial, cuando terminan vulnerándose aquellos derechos que deben salvaguardar.

En ese escenario, claramente que se vuelve en extremo delicado y relevante el actuar de Carabineros, ya que su comportamiento más o menos violento, más o menos efectivo, más o menos profesional, representa no sólo al cuerpo de Carabineros, sino que también es indicador de cómo este Estado conceptualiza, etiqueta y actúa sobre ciudadanos que demandan colectivamente sus derechos, en un contexto histórico tan complejo como el actual.

Los jóvenes detenidos infundadamente suelen percibir que se les trata como delincuentes o enemigos. Los medios de comunicación, por su parte, profundizan este fenómeno, fortaleciendo la etiqueta del ciudadano movilizado como problemático, agresivo, enemigo del orden público y la paz. Esta etiqueta va generando, en los jóvenes, una profunda fractura de credibilidad en las instituciones y el ideal de tratamiento igualitario.

Visto así, es una preocupación constante, para todos aquellos que deseamos y anhelamos vivir en democracia, paz y prosperidad social, que nuestros jóvenes puedan ejercer sus derechos en un marco de certidumbre, buen trato y garantías. En ese sentido, a Carabineros, como institución encargada del uso de la fuerza, le asisten responsabilidades en su uso. Por cierto que cumplir con esos estándares no es un asunto que concierne solamente a dicha institución, sino que al Estado en su conjunto, en cuanto debe establecer y revisar las normas y criterios de uso de la fuerza; así como proveer de formación, entrenamiento y reconocimiento a los funcionarios en servicio activo, para que así sea.

Un diseño estatal subsidiario como el nuestro y peligrosamente impermeable a la participación ciudadana, donde el concepto ha quedado vació de contenido, con un sistema de partidos envejecido, debilitado, desacreditado y desconectado con la ciudadanía, no contribuyen precisamente a promover sentimientos de cohesión social, filiación y reconocimiento con el modelo de sociedad que hemos llevado adelante. De alguna manera, todos somos también responsables de nuestras Fuerzas del Orden. Por ello debemos asegurarnos de que cumplan con el papel que democráticamente les hemos asignado, para que todos los ciudadanos podamos salir a marchar sabiendo que podemos ejercer con plena garantía nuestros derechos individuales, colectivos, políticos y sociales.

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