En la propuesta de ley para la creación de una política nacional docente se señala que el ingreso a la carrera docente será sólo para los profesores que logren certificarse después de, al menos, dos años de ejercicio profesional. Esta prueba no es habilitante para el ejercicio sino para ingresar a la carrera, dando con ello una preocupante señal en dos sentidos: a) se reconoce la debilidad del sistema actual y del proyecto de ley para asegurar la capacidad profesional de los profesores recién titulados; y b) un profesor puede titularse sin contar con las capacidades para ello, puede ejercer y afectar a miles de niños durante toda su vida, sin ingresar a la carrera docente, si está dispuesto a recibir la remuneración del tramo inicial.
Si la política fuese rigurosa en la selección de los mejores postulantes y asegurase la alta calidad de la formación, la evaluación para ingresar a la carrera se haría innecesaria, tal como ha sido considerada innecesaria en otros países que son referentes en estas materias y han optado por altas exigencias de selección, profesionalización de la formación y el ejercicio, así como por la confianza en sus docentes. Como esto no se logra, la ley propone traspasar a los profesores y a los ciudadanos chilenos la responsabilidad de las debilidades formativas, haciendo posible que tras 7 años de estudios y desembolso económico (5 años de formación más 2 de ejercicio previo a la certificación) un profesor titulado no pueda ingresar a la carrera docente, pese a que se permitió que estudiara y se titulara.
[cita] La propuesta de ley parece responder más a una lógica de estándares, presión, rendición de cuentas, competencia y consecuencias, que tanto en Chile como en otras latitudes ha devenido en desprofesionalización de la profesión docente, precisamente el polo opuesto al discurso de la nueva política. [/cita]
El proyecto de ley, si bien hace avances sustantivos en materia de selección, estableciendo exigencia de un puntaje mínimo PSU o una posición en el ranking de notas, hoy inexistente, no asegura aún el ingreso de los ‘mejores’. Pero todavía más feble y perfectible es la propuesta en materia de aseguramiento de la calidad de la formación inicial, que se circunscribe a dos instrumentos evaluativos: acreditación de universidades y programas, y una prueba INICIA 2.0, de carácter formativo antes de terminar la formación inicial.
En este escenario, el gran silencio es respecto de las políticas de apoyo para el cumplimiento de dichos estándares. El Gobierno ha aludido a convenios de desempeño con las universidades, en una versión mejorada de los actuales. Sin embargo, un instrumento de esta naturaleza es inequitativo, pues se ha señalado que los recursos no alcanzan para apoyar a todos los programas que se acrediten, y los que tendrían acceso a ellos continuarían siendo los más prestigiosos, reproduciendo el esquema de programas de primera y segunda categoría, más aún en ausencia de políticas que aseguren la calidad de todos, tales como unos mínimos formativos exigibles, política que está presente en los países que muchas veces hemos invocado como modelos.
Una política de mínimos formativos nacionales significa mover los límites de lo posible, afectando la ‘autonomía’ universitaria, que ya ha sido movida con el establecimiento de requisitos nacionales de selección de postulantes, iniciando la recuperación del rol del Estado como garante de condiciones para la formación docente de calidad.
Sin embargo, la propuesta de ley parece responder más a una lógica de estándares, presión, rendición de cuentas, competencia y consecuencias, que tanto en Chile como en otras latitudes ha devenido en desprofesionalización de la profesión docente, precisamente el polo opuesto al discurso de la nueva política. Entonces, parece necesario generar consistencia en la ley, optando decididamente por garantizar que los mejores estudien pedagogía –resguardando resolver la situación de excepción que existe en regiones extremas y especialidades–, y garantizar apoyos para que los itinerarios formativos desarrollen capacidades profesionales en todo profesor egresado de programa formativo acreditado.
Estas garantías permitirían que los profesores recién titulados se incorporen automáticamente a la carrera profesional, generando la necesaria confianza que deriva de un sistema que asegura la calidad de la formación y del ejercicio de sus docentes.
