Señor Director:
En el proceso de discusión del proyecto de Ley de Aborto se ha dado una situación que amerita comentario, pues es ilustrativa de uno de los “problemas constitucionales” que aquejan a nuestro país.
Al conocer la solicitud de la Democracia Cristiana de retirar la urgencia sobre el proyecto en discusión, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, protestó contra ésta, alegando que se trataba de “una verdadera sublimación de la voluntad del Ejecutivo”. Parece que Castro olvida su rol y deber constitucional.
¿Cuándo sucedió que la Cámara de Diputados pasó a ser una comisión de trabajo del Ejecutivo? ¿Por qué razón debiera importarle a Castro que el gobierno no vea realizada su voluntad? El Congreso, del cual el es parte, es un poder del Estado y co-legislador junto al Presidente, en la forma prescrita por la Constitución. El Ejecutivo no tiene el poder de aprobar las leyes, sino simplemente de utilizar las urgencias para manipular la agenda legislativa. Pero el hecho de que un proyecto sea prioritario para el gobierno no significa que deba ser aprobado necesariamente, y que se le ponga urgencia no significa que no deba ser discutido con el rigor que el asunto específico amerita.
Todo miembro del Congreso tiene la potestad de discutir todo proyecto de ley. Eso incluye entablar un diálogo constitucional con el Presidente para que retire o utilice una urgencia según el caso. El Ejecutivo tomará una decisión política de ignorar o aceptar la solicitud.
En esta pasada el Diputado Castro se muestra como un sirviente del Ejecutivo más que un miembro del Legislativo. Al parecer, la “lealtad al Programa” lleva a olvidar el rol que constitucionalmente corresponde al legislador. Eso rebaja y vulnera la jerarquía constitucional de este órgano. Ha de esperarse que los miembros del Congreso en posiciones de liderazgo defiendan las atribuciones de su Corporación, no que se allanen a si mismos a ser sirvientes del Ejecutivo. Para que nuestro diseño institucional funcione, quienes sirven un mandato constitucional deben velar por el ejercicio de sus derechos y potestades, no sacrificarlos ante otro poder por lealtad ideológica.
Tomás Henríquez.
Abogado
