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A propósito de reforma a la educación superior

por Aldo Casali, Núcleo de Investigación en Educación, Universidad Andrés Bello (UNAB). 20 julio, 2015

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El vocero estudiantil de las universidades privadas de la Confech reclamó públicamente por el anuncio de la Ministra de Educación sobre la imposibilidad de gratuidad para las universidades privadas, esencialmente porque “no tenían claros los criterios para regularlas y decidir”.

Es un hecho que las universidades privadas fuera del CRUCH no serán beneficiadas el 2016 con la gratuidad en los aranceles, dentro del marco del 60% de los alumnos más vulnerables. Sin embargo, no está claro que ellas no serán sometidas a nuevas regulaciones y exigencias dentro de un conjunto de reformas a la educación superior, que aún no se han discutido. De acuerdo a algunos actores estudiantiles (como la presidenta de la Fech) las reformas no son suficientes y no están basadas en criterios transformadores de la educación superior, pero se valora la incorporación de la Educación Técnico Profesional dentro de la cobertura.

Por otra parte, el realismo político, presentado por el actual ministro de Hacienda al asumir las dificultades para financiar las reformas con un presupuesto apretado, con limitaciones de recaudación fiscal producto de la proyección económica del país en los siguientes meses, sugiere que las reformas de la educación superior prometidas no se pondrán en práctica, salvo en el intento de financiar la gratuidad para un porcentaje limitado de los alumnos de universidades públicas y tradicionales, mismos que en las actuales condiciones serían merecedores y acreedores de alguna de las becas vigentes.

Si las reformas a la educación superior tienen como propósito solo la gratuidad de los aranceles, basados en fondos públicos provistos por una mayor recaudación fiscal a través de impuestos, que recaen fundamentalmente en las familias de clase media profesional más que en empresas o actividades productivas, como se desprende de la ininteligible reforma tributaria, se dará la situación que dichas familias estarán pagando dos educaciones: las de sus hijos –no cubiertos por la reforma– y la de los alumnos provenientes de situación vulnerable. Con todo, solo se observan cargas y para nada beneficios.

Al parecer las reformas comportan más regulaciones y cargas que transformaciones, y todavía no conocemos cuál será su contenido y dirección. ¿Será que las reformas discutirán algo más que el financiamiento de los estudiantes de la educación superior?, ¿discutirán las reformas el aporte al desarrollo que las universidades deben realizar en la producción de investigación y conocimiento?, ¿avanzarán las reformas en criterios sobre la relación de las instituciones de educación superior con el medio social y el aporte a las comunidades locales y regionales?, ¿las reformas se harán cargo de orientar a la educación superior sobre el papel que los profesionales, egresados de sus aulas, deben ofrecer a una sociedad que requiere de su colaboración y aporte?

Por el momento, las reformas son una gran incógnita, en la que los distintos actores –incluyendo las propias instituciones de educación superior– no han sido invitadas a conversar y mucho menos a debatir públicamente sus posibles orientaciones.

 

Aldo Casali

Núcleo de Investigación en Educación

Universidad Andrés Bello (UNAB)

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