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“Gratuita y de calidad”

por 31 julio, 2015

“Gratuita y de calidad”
Es claro que al cambiar los paradigmas del actual sistema, muchas casas de estudios privadas, que ahora no son parte del CRUCH, podrán acceder a la gratuidad, pero esta no puede ser sin condiciones. El Estado debe asegurar el destino de sus recursos para los fines que se propone, en este caso el aseguramiento del derecho social a la educación. Por lo mismo, el cumplimiento de estándares de calidad, democracia e inclusión son esenciales. Lo contrario sería entregar un cheque en blanco.
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La demanda por una educación pública, gratuita y de calidad, ha estado presente históricamente en las luchas del pueblo de Chile, tomando mayor fuerza y adhesión popular desde 2006.

Pese a su importante respaldo social, esta exigencia ha enfrentado la resistencia desenfrenada de los intereses económicos del Mercado Educacional vigente. Y esto ocurre porque lograr el derecho social a la educación es también una discusión sobre el proyecto de desarrollo país, ya que el modelo neoliberal diseñado por los economistas de Chicago, siguiendo los pasos sugeridos por Milton Friedman, comprende a la educación como un servicio que puede ser comprado y restringe la acción estatal a la entrega de subsidios (subvenciones, becas, créditos y otros tantos aportes en dinero) dirigidos a la demanda, tratando a los ciudadanos como consumidores. La educación fue convertida en un mercado de millonarias ganancias para empresarios y de endeudamiento para las familias chilenas. Y ante esa injusticia el pueblo se rebeló.

Por lo anterior, me inquieta volver a escuchar (incluso dentro de la Nueva Mayoría), argumentos propios de la lógica neoliberal, esto es, focalizar los recursos del Estado en los más vulnerables, sin distinguir el tipo de institución en la que se forman, desvirtuando el contenido del derecho social a la educación, que vincula la gratuidad a la función del Estado (en su rol público genuino), a la calidad de la educación, garantizada universalmente y sin discriminaciones.

Hablar de gratuidad, entonces, no es solo hablar de terminar con el endeudamiento y aliviar los bolsillos de las familias, es hablar de inclusión social, de educación como un derecho y de formar profesionales que no esperen sólo recuperar lo invertido, sino que tengan vocación para servir a su país.

En 2011 nos decían que nada es gratis en la vida y que “la educación es un bien de consumo”. Nos dijeron también que “la gente no valora lo regalado”, que si era gratis los estudiantes vivirían en la universidad y jamás se titularían, o que queríamos financiar a los más ricos. En resumen, inventos y mitología.

 Los mismos que en ese momento nos caricaturizaban y pretendían hacer normal que Chile sea el único país en el planeta donde ni siquiera el Estado tiene una Universidad gratuita, ahora dicen que la gratuidad debe ser para todos los estudiantes sin importar la institución a la que ingresen. Esa es la clase de oportunismo, sin máscaras ni remordimientos, que nuevamente ha aparecido a falsear la demanda social, buscando asegurar sus propios intereses.

Los mismos que en ese momento nos caricaturizaban y pretendían hacer normal que Chile sea el único país en el planeta donde ni siquiera el Estado tiene una Universidad gratuita, ahora dicen que la gratuidad debe ser para todos los estudiantes sin importar la institución a la que ingresen. Esa es la clase de oportunismo, sin máscaras ni remordimientos, que nuevamente ha aparecido a falsear la demanda social, buscando asegurar sus propios intereses.

Ayer planteaban que la gratuidad va asociada a la mala calidad. Hoy quieren plata del Estado, pero sin más exigencias, porque eso “atenta contra la libertad de enseñanza”, que para ellos no es otra cosa que libertad de empresa, aunque hipócritamente no quieran reconocerlo.

El movimiento estudiantil, así como el Consejo de Rectores y distintos expertos, siempre han planteado que no se puede dar gratuidad por medio de créditos y becas y que esto debe hacerse por medio de aportes basales a las instituciones. No sólo porque es la forma adecuada para terminar con la lógica perversa de la competencia por la captación de estudiantes, sino porque permite poner el acento en las responsabilidades institucionales de colaboración con el Estado en la provisión de un Derecho Social. Por lo mismo, no es posible aceptar la entrega de recursos públicos a quienes lucran, no tienen democracia interna o no permiten el pluralismo en sus cátedras, programas ni carreras.

El 21 de mayo, la Presidenta anunció un primer paso hacia la gratuidad en educación superior para el presupuesto nacional de 2016. Este anuncio dejó en claro que se trataba de un primer paso, dado que antes de avanzar a la gratuidad universal, es necesario reformular el sistema de educación superior. Por lo mismo, la medida cubrirá inicialmente a los estudiantes que estén en los seis primeros deciles de ingreso de las universidades del CRUCH y CFT e IP acreditados y sin fines de lucro.

Ahora, los que antes encontraban injusta la gratuidad, incluso ex ministros de Pinochet que actualmente son rectores o accionistas de universidades privadas, también quieren gratuidad y usan a sus estudiantes para chantajear al Estado, bajo un falso argumento de discriminación.



Es en este punto donde aparece el tema de la calidad y de la democracia interna. ¿Creen ustedes que el Estado deba financiar los estudios en una institución que está acreditada por menos tiempo del que dura su carrera, o que su carrera no tiene campo laboral, pues solo fue creada para captar matrículas? ¿Creen que deba permitirse el traspaso de recursos estatales a universidades que eligen a dedo a sus autoridades, que prohíben los centros de estudiantes o que han sido multadas por prácticas antisindicales? Yo creo que no.

Es claro que al cambiar los paradigmas del actual sistema, muchas casas de estudios privadas, que ahora no son parte del CRUCH, podrán acceder a la gratuidad, pero esta no puede ser sin condiciones. El Estado debe asegurar el destino de sus recursos para los fines que se propone, en este caso el aseguramiento del derecho social a la educación. Por lo mismo, el cumplimiento de estándares de calidad, democracia e inclusión son esenciales. Lo contrario sería entregar un cheque en blanco.

Para mí, el derecho que el Estado debe garantizar es el de estudiar gratuitamente en una institución que entregue educación de calidad inclusiva y en la cual se respetan derechos mínimos como la posibilidad de organizarse o la libertad de cátedra.

En los próximos días vienen duros debates, no solo respecto de la gradualidad de las reformas, también sobre su contenido. En ese terreno, los comunistas cumpliremos con nuestro compromiso y nos opondremos decididamente a los millonarios intereses, que han mercantilizado el sistema educacional chileno.

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