Que el Gobierno haya anunciado que se organizará un cónclave para lograr acuerdos en los puntos polémicos de la reforma laboral que él mismo presentó, es una forma de admitir que su propio proyecto le resulta incómodo, que preferiría gozar de un fin de invierno sin tener que enfrentar otra vez ese eterno pendiente de estos últimos 25 años, que son los derechos laborales.
La novedad es que, hasta ahora, la Presidenta Bachelet había sido la única gobernante de la Concertación que no había enfrentado este problema: sólo ella no había presentado, durante su Gobierno, una reforma laboral. Junto con Piñera, eran los únicos jefes de Gobierno de los últimos 25 años que habían evitado llevar este debate al Congreso Nacional.
Pero finalmente el año pasado, cumpliendo sus compromisos programáticos, la Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley, “para lograr el pleno respeto a la libertad sindical”, tal y como reza el mensaje del proyecto.
Este proyecto es un resumen de las contradicciones y tensiones que han marcado a todos los gobiernos de la Concertación: se declaran buenas intenciones que se posponen de inmediato a la menor provocación; se compromete una mayor igualdad, pero a la vez se pone especial atención a los reclamos empresariales para no mejorar esa igualdad que tanto se alaba; se piden votos para lograr los cambios, aunque una vez al mando se dice que se quiere pero no se puede.
No debiera, por tanto, sorprender que la coalición de Gobierno anuncie que la reforma laboral que presentó al Congreso será ahora revisada, para no afectar la inversión y el crecimiento.
[cita] Algo similar puede ocurrir con la preocupación del Gobierno de garantizar la continuidad de “servicios mínimos” a las empresas durante la huelga. Se ha ampliado la definición de esos “servicios mínimos” de tal manera, que su objetivo ya no será salvaguardar la salud de las personas o prevenir un daño irreparable en los bienes de la empresa –como está establecido hoy en la ley– sino que ahora servirán para proteger los bienes e instalaciones de la empresa, para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública y la atención de necesidades básicas. [/cita]
Lo sorprendente, la real osadía, es intentar en esta vuelta reducir derechos que aún persisten en la ley laboral, entre ellos algunos derechos que fueron reconocidos no hace mucho en reformas anteriores presentadas por la misma coalición. Este esfuerzo por reducir todavía más la débil protección legal a los derechos sindicales y otorgar a los empresarios ventajas que hasta ahora no tienen, será aplaudido por las asociaciones empresariales, por cierto, pero solo por ellas.
En efecto, el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados establece que cada vez que le corresponda negociar colectivamente a un sindicato, ahora deberá cumplir nuevamente con el quórum de constitución exigido en la ley. Esta exigencia no existe en la legislación actual. De ser finalmente aprobada, esta norma operará como un estímulo a los despidos antisindicales para impedir la negociación colectiva: con menos socios el sindicato perderá el derecho a negociar.
Si además prosperara la declarada intención de algunos legisladores de aumentar el quórum de constitución sindical a 25 trabajadores, debiera eliminarse la norma aprobada en el año 2001 de que con sólo 8 trabajadores se puede conformar un sindicato de manera transitoria hasta por un año, en las empresas donde no exista organización sindical. Otro derecho que iría a pérdida.
Algo similar puede ocurrir con la preocupación del Gobierno de garantizar la continuidad de “servicios mínimos” a las empresas durante la huelga. Se ha ampliado la definición de esos “servicios mínimos” de tal manera, que su objetivo ya no será salvaguardar la salud de las personas o prevenir un daño irreparable en los bienes de la empresa –como está establecido hoy en la ley– sino que ahora servirán para proteger los bienes e instalaciones de la empresa, para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública y la atención de necesidades básicas. Esta amplitud es injustificada. Aquí de nuevo es posible que el proyecto de ley deje a los trabajadores en una situación peor a la que están actualmente.
Por otra parte, pese a que todos sabemos que las jornadas de trabajo en Chile son extremadamente largas, inexplicablemente el proyecto ofrece a los empresarios la posibilidad de que las jornadas sean aún más largas y que incluso se pueda trabajar en los días de descanso, mediante la posibilidad de pactar flexibilidad de la jornada de trabajo y de los descansos en la negociación colectiva.
Aún más, el proyecto propone que los empresarios, una vez que acuerden con un sindicato jornadas de trabajo más largas y renuncia a días de descanso, podrán imponer esos acuerdos a trabajadores no sindicalizados sin que sea necesario su aceptación, lo que en la práctica permitiría a los empresarios disponer de los contratos de trabajo de muchos de sus trabajadores, otorgándoles así un poder por sobre la ley. Nunca antes la legislación laboral se había atrevido a otorgar a los empleadores un poder como este, que operaría como una verdadera expropiación a los contratos de aquellos trabajadores a quienes se les impongan estas nuevas condiciones flexibles de trabajo sin su consentimiento. Si el derecho de propiedad es una verdadera preocupación del Gobierno, tal y como dijo recientemente el ministro de Interior, también debiera preocuparle el derecho de propiedad de los trabajadores, evitando que el proyecto de reforma laboral incurra en una evidente inconstitucionalidad como esta.
Así las cosas, las opciones parecen ser claras para el Gobierno: o ser consecuente con la voluntad declarada en su propio proyecto o borrar con el codo lo que escribió con la mano y otorgar nuevas y potentes ventajas a los empresarios, alguna de ellas abiertamente inconstitucionales. Ahora que el poder del dinero empresarial ha puesto un oscuro manto de dudas sobre el Congreso Nacional en particular y sobre la política en general, debiera ponerse especial cuidado en no olvidar a quién se beneficia con las leyes que se someten a votación. En los tiempos que corren los ciudadanos escuchan cada vez menos a los políticos, pero los están observando cada vez más.
