Una de las características más esenciales de un sistema de dominación (como es el centralismo) es que genera las condiciones para su autorreproducción en las más diversas esferas, especialmente la política y la ideológica. Un rol importante en este proceso lo cumple la naturalización de la vida social: el mundo es así y cualquier intento de cambiarlo es para peor. Es la lección que pretende entregarse hoy a la opinión pública y legisladores con el caso del ex intendente de La Araucanía, donde un importante matutino sostiene –sin ningún decoro o ambigüedad– que ello demostraría que no se puede elegir a los intendentes regionales porque precipitaría al país en el caos político.
Es difícil creer que semejante conclusión se deba a la ignorancia del editorialista. Es más factible que se deba a sus anteojeras o forma de ver el mundo, aquella que emerge de vivir y trabajar entre las 8 manzanas del centro y el barrio alto de Santiago (y convivir con dicha elite). Un modelo mental que interpreta el mundo de una singular manera y que busca imponerse a los demás como “la” realidad nacional.
Esa visión centralista de la dinámica sociopolítica del país, busca negar que parte importante de los problemas más actuales de La Araucanía se gestan hace más de una década con la virtual intervención de su Gobierno Regional a través de la Subsecretaría de Mideplan y la instauración de una autoridad santiaguina y un programa nacional (Orígenes), como gran solución a los problemas de la pobreza indígena, lo que –se prometió y pregonó– reduciría la naciente conflictividad del momento.
La sucesión de 9 intendentes regionales en La Araucanía desde 2001 (cada 18 meses) da cuenta de la escasa importancia que “Santiago” otorgó al fortalecimiento de la instancia de representación del Presidente de la República en la región. Por el contrario, a partir de allí, en torno a 2001, el tema mapuche se define fundamentalmente como tema “nacional”, lo que es aplaudido por los “dirigentes “mapuches más radicales” (algunos de ellos financiados por entes internacionales), dando lugar a un cambio de énfasis y de diagnóstico y a un nuevo sistema de agentes interesados. Este esquema centralizado que asume la superioridad ex ante de los tomadores de decisión nacionales es el que ha fracasado. Como en muchos órdenes de cosas. Es este tipo de fracasos (y no el de un intendente empoderado) el que lleva a los camioneros a La Moneda, como la única instancia capaz de resolver sus temas de violencia.
[cita] Así, nos enseñan que cada vez que un problema regional escala al nivel nacional –bajo la sonrisa socarrona de las autoridades santiaguinas– y los medios de comunicación dan cuenta de esta crisis, ello se debería a las debilidades e incapacidades de los agentes territoriales y, por tanto, debe aplicarse la receta de siempre: las autoridades nacionales “se hacen cargo” (al menos al momento del apretón de manos para la foto). Sin embargo, los casos de Aysén, Arica, Calama, Freirina, entre tantos otros, muestran que los buenos deseos de las autoridades nacionales del momento se diluyen cuando las ciudadanías regionales se desmovilizan y vuelven a entregar su representación regional… a autoridades nacionales (como lo es un intendente designado por el Presidente de la República y sus Seremis y directores de servicios). [/cita]
Así, nos enseñan que cada vez que un problema regional escala al nivel nacional –bajo la sonrisa socarrona de las autoridades santiaguinas– y los medios de comunicación dan cuenta de esta crisis, ello se debería a las debilidades e incapacidades de los agentes territoriales y, por tanto, debe aplicarse la receta de siempre: las autoridades nacionales “se hacen cargo” (al menos al momento del apretón de manos para la foto). Sin embargo, los casos de Aysén, Arica, Calama, Freirina, entre tantos otros, muestran que los buenos deseos de las autoridades nacionales del momento se diluyen cuando las ciudadanías regionales se desmovilizan y vuelven a entregar su representación regional… a autoridades nacionales (como lo es un intendente designado por el Presidente de la República y sus Seremis y directores de servicios).
Es el principio de subsidiaridad en su versión más perversa. Los Gobiernos nacionales no descentralizan (política, administrativa ni financieramente) y no refuerzan los gobiernos y la sociedad regionales para que ellos alcancen un protagonismo calificado y participativo y, posteriormente, los acusa de ser débiles e incapaces de resolver sus propios problemas y los desempodera. Esa es la práctica, aunque el discurso hable de desarrollo endógeno y protagonismo regional.
Hoy la pretensión es de marca mayor: quebrantar un compromiso presidencial para continuar siendo el único país latinoamericano que no elige a sus autoridades regionales. Pero también es de una enorme irresponsabilidad política, porque en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones nacionales, quitarle a la ciudadanía regional la posibilidad de elegir a su legítimo representante, puede significar pretender apagar el fuego con gasolina.
