La introducción de la democracia liberal en el Chile postdictadura, si bien permitió la reanudación de los derechos civiles y políticos más elementales de la ciudadanía, contribuyó de igual manera a la consolidación de una insuficiente visión de nuestra democracia, en la que prevalece su carácter excesivamente formal a costa de su vertiente material.
Así las cosas, con el pasar de las últimas décadas, sin darnos cuenta, convertimos a nuestra democracia en un desabrido procedimiento de actuación carente de toda sustancia ideológica, que solo nos permitió fijar ciertas reglas que hicieron posible que los ciudadanos se expresaran cada cierto tiempo en las urnas.
Esta visión escueta sobre nuestra democracia, esconde un grave peligro que a la larga puede amenazar el correcto devenir del proceso político nacional si no es corregido a tiempo, riesgo que se funda en una errónea interpretación del denominado «pluralismo político», a través del cual, se supone, en palabras de liberales, que todas las visiones políticamente organizadas de la sociedad pueden expresarse y coparticipar del juego democrático en igualdad de condiciones, sin que ninguna de estas pueda imponerse hegemónicamente al resto.
[cita]Afortunadamente, la ciudadanía en los últimos años ha logrado progresivamente despercudirse de dicho engaño, teniendo como principal manifestación de su despertar el amplio rechazo a las instituciones actualmente concebidas desde el prisma de la democracia liberal, es decir, como meras reglas de procedimiento que ocultan el significado y la relevancia de las relaciones de poder existentes en Chile, que son percibidas por el pueblo como injustas y contrarias a sus intereses, y afines a los de los poderosos.[/cita]
Dicho ardid es riesgoso, porque en definitiva desconoce la esencia de todo sistema democrático, que es su carácter adversarial o antagónico, por medio del cual distintas y legítimas alternativas políticas se intentan erigir como hegemónicas en la sociedad, desconociendo de esta forma lo «sustantivo» de todo sistema político, que son las relaciones de poder que un determinado grupo político logra establecer en un momento determinado.
Afortunadamente, la ciudadanía en los últimos años ha logrado progresivamente despercudirse de dicho engaño, teniendo como principal manifestación de su despertar el amplio rechazo a las instituciones actualmente concebidas desde el prisma de la democracia liberal, es decir, como meras reglas de procedimiento que ocultan el significado y la relevancia de las relaciones de poder existentes en Chile, que son percibidas por el pueblo como injustas y contrarias a sus intereses, y afines a los de los poderosos.
En este sentido, se erige como una manifestación más de aquel despertar ciudadano contra la democracia formal, la actual demanda por mayor transparencia, la que en esencia recoge el sentir de un pueblo cansado y desilusionado que exige a los políticos ser capaces de develar con claridad y valentía las actuales relaciones de poder consagradas en la Constitución Política, ya que los ciudadanos, a diferencia de lo que postulan los conservadores, entienden que estas repercuten en su diario vivir y que, por tanto, están dispuestos a transformar para construir una nueva democracia chilena.
Para lograr representar dicho sentimiento ciudadano, debemos ser capaces de construir un nuevo discurso político coherente con dicho fin, elaborado a partir de una nueva interpretación de nuestra Carta Fundamental, que nos permita proponer a los chilenos un Estado Solidario fundamentado en un nuevo principio rector de “Cooperación pública privada, sin exclusión estatal”, que supere la visión liberal de lo político como un mero procedimiento de toma de decisiones y que, a su vez, establezca como centralidad el necesario cambio de los contenidos de las relaciones de poder existentes.
Para lograr aquello, debemos partir reconociendo, a diferencia de lo pregonado por los conservadores, que en nuestra Constitución sí existen actividades de interés general que exigen del Estado desplegar una actuación positiva en dichos ámbitos, por cuanto, a través de ellas, se logra que «todos» los ciudadanos alcancen su mayor grado de desarrollo material y espiritual posible.
Pero ¿quién debe encargarse de realizar dichas actividades de interés general? La respuesta a esta pregunta es crucial para cumplir el objetivo político antes descrito. En oposición a lo sostenido por los defensores del Estado Subsidiario, considero que no les corresponde a los privados asumir dichas actividades a priori, sino que deben ser desarrolladas por medio de una «Colaboración Público-Privada» que ponga a ambas dimensiones en un plano de igualdad y que no excluya, como ocurre en la actualidad, la posibilidad de que sea el Estado el que directamente desarrolle tales actividades.
En este sentido, estimo que en dicha cooperación público-privada virtuosamente comprendida, radica el fundamento de la creación de un Estado Solidario, cuyo ámbito de intervención deberá responder a las necesidades específicas que tiene el país en un momento determinado y que, por lo tanto, al ser flexible, puede asumir el carácter de una política pública focalizada o universal.
Son las bases ideológicas de dicho Estado Solidario, que poco a poco irrumpe en nuestra sociedad, las que han guiado inconscientemente el proceso de reforma impulsado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, pero a las cuales aún falta darles mayor sustento ideológico para transformarlas desde una mera propuesta teórica a la calidad de práctica política institucional que logre conquistar el sentido común de las nacientes mayorías nacionales.
