Opinión
Considerando el ambiente de desconfianza ciudadana frente a la política, que se exacerba cada vez que los poderes constituidos deben tomar una decisión de importancia para el Estado, su propuesta de itinerario para una Nueva Constitución tiene muy poca coherencia con la búsqueda de sentidos comunes, pues está llena de colgajos enrevesados y, acto seguido a decir que la actual es ilegítima, lo deja entero en manos del Congreso Nacional, que es parte sustancial de esa “Constitución ilegítima”.
“El que sabe sumar también sabe restar”, le dice a un periodista un personaje de la inolvidable novela Morir en el Golfo, del mexicano Héctor Aguilar Camín. Todo para indicar que el cálculo político, aun en una dictadura perfecta como la del PRI, es una operación compleja. Algo que La Moneda parece no aprender nunca.
Luego de la mazamorra política servida en cadena nacional por la Presidenta de la República a propósito de su itinerario de Nueva Constitución, el ministro del Interior sometió al Gobierno a una derrota humillante al forzar la votación del nuevo Contralor, la que no tenía asegurada. Uno es ninguno, más aún cuando se juega la imagen política del Gobierno.
Como todavía queda por nombrar al Fiscal Nacional y el nombre elegido por la Presidenta –en estricto rigor, al igual que cualquiera de los otros miembros de la quina de candidatos designada por el Pleno de la Corte Suprema– tiene suficientes antecedentes negativos para ser rechazado para el cargo, parece lógico concluir que estamos frente a un nuevo problema de suma y resta presidencial.
¿Cuál es el sentido institucional y político seguido por la Presidenta para ejercer una gobernabilidad eficiente de los temas del Estado y no enredar o crear nuevos problemas en vez de disiparlos? Dada su errática conducta y la falta absoluta de finura política, queda la duda respecto a si la búsqueda del sentido común de los poderes y órganos superiores del Estado no es una opción válida para su administración, y ella prefiere la tensión y el enfrentamiento de poderes como una manera de gobernar, siempre sola.
Lamentablemente para su estilo, los Estados modernos y sus gobiernos, por más elementales que sean, son un sistema y no una cocina en un solo domicilio, sistema que se puede trabar si no recibe cooperación de quienes lo dirigen.
Considerando el ambiente de desconfianza ciudadana frente a la política, que se exacerba cada vez que los poderes constituidos deben tomar una decisión de importancia para el Estado, su propuesta de itinerario para una Nueva Constitución tiene muy poca coherencia con la búsqueda de sentidos comunes, pues está llena de colgajos enrevesados y, acto seguido a decir que la actual es ilegítima, lo deja entero en manos del Congreso Nacional, que es parte sustancial de esa “Constitución ilegítima”.
[cita]Parte importante de los vacíos institucionales y los bochornos del poder hoy en día, a la hora de designar cargos de alta jerarquía del Estado, tiene que ver con la actual Constitución. [/cita]
Bastaría con empezar con dos preguntas simples al soberano para arrancar el proceso con legitimidad. ¿Quiere una Nueva Constitución, sí o no? Y si contesta sí, ¿desea que sea a través del Parlamento o de una Asamblea Constituyente elegida directamente? Luego, todo el resto.
El país necesita saber cuánta gente no quiere nueva Constitución y cuánta si quiere. Eso es respeto por la gente. Totalmente contrario al enredo armado por la Presidenta, sin perjuicio de que, como todo, requiere de una ley que sancione el plebiscito correspondiente. En una suma y resta política ello tiene cero riesgos de populismo y zanja de una lo de la asamblea constituyente, que le quita el sueño a la elite política.
Parte importante de los vacíos institucionales y los bochornos del poder hoy en día a la hora de designar cargos de alta jerarquía del Estado, tienen que ver con la actual Constitución.
Por ejemplo, la demolición que se ha hecho de aspirantes a los cargos de Contralor o Fiscal Nacional –muchas veces basada en supuestos o sospechas– se debe a que dichos procesos son muy poco transparentes y, en general, se carece de audiencias públicas en las que estos deban comparecer con sus currículos y ser interrogados por igual, para luego dar paso a la selección y/o designación.
No existe ninguna razón para que el conocimiento que tiene la Presidenta de la República o el Pleno de la Corte Suprema o el Senado sobre los candidatos sea más completo o diferente del que tiene cualquier ciudadano interesado en la cosa pública. ¿De dónde el secreto o la sospecha, entonces?
En la selección del Fiscal Nacional, lo anterior cobra una importancia vital, pues –además de las inhabilidades manifestadas en el Senado lamentablemente no resueltas por su Comisión de Ética– la investigación por aportes ilegales a campañas políticas también roza a la Presidenta de la República, al ex Presidente Sebastián Piñera, así como a los ex candidatos presidenciales Marco Enríquez-Ominami y Andrés Velasco.
Sería lamentable que la acción penal pública, que es última ratio de un Estado democrático y que iguala a todos los ciudadanos frente a la ley, quedara sospechosa de ser instrumento político o un bien en disputa entre la Presidenta de la República y el Senado. Que nadie se equivoque, en ambos casos las facultades son indelegables, nombrar y ratificar el nombre y, por lo mismo, de ahí la importancia de buscar sentidos comunes y no iniciar un litigio inconducente. Así funcionan las democracias.
