Opinión
Bueno, el proyecto NEP no se sale de la lógica subsidiaria en la que está inmersa nuestra educación, por lo tanto, está bastante lejos de fortalecer su rol público, mientras el Mineduc queda definitivamente reducido al papel que el modelo subsidiario de Pinochet le asignó: Banco Nacional de Educación.
El Gobierno ingresó el último proyecto del área socializado como La Nueva Educación Pública (NEP), que se encuentra actualmente en trámite en la Comisión de Educación de la Cámara. Un vocablo más en el laberinto de siglas que forman parte del coa del Ministerio de Educación (Mineduc) y donde hay que ser iniciado para lograr comprenderlos.
La abreviatura, es el tercer gran proyecto de la cartera y llama la atención que el Ejecutivo, pese a todas las dificultades que enfrenta y habida consideración de que los dos anteriores –fin al lucro, al copago y la selección y la Política Nacional Docente (PND)– recibieron una crítica transversal, haya insistido en su presentación, dado el nivel mínimo de flotación del Ejecutivo y lo controvertido que podía resultar.
Hay que recordar que ambos proyectos le significaron a La Moneda un largo paro docente y la enemistad definitiva con el movimiento estudiantil, como lo demuestran las encuestas donde la reforma educacional ya no es querida ni por quienes la apoyaban. Además, podrían ser la explicación a las nuevas directivas de las principales federaciones de estudiantes.
NEP es un vocablo con historia muy contradictoria. El primero en emplearlo fue Lenin allá por inicios de la revolución bolchevique cuando esta hacia agua. Fue el retroceso a una economía mixta con iniciativa privada. Era el restablecimiento de un capitalismo limitado y controlado, cuyo propósito era reconstruir la maltrecha producción. En la jerga revolucionaria era sencillamente retroceder respecto de los postulados del Partido Comunista de la Unión Soviética –ironía aparte es que sean también miembros de la cultura comunista local los encargados de implementar este proyecto–, tal como lo reconoció Lenin: “Un obligado paso atrás”.
Como lo dijimos, la NEP constituye la última gran promesa presidencial para el sector, anunciada en su programa de Gobierno. “Estableceremos una nueva institucionalidad para la oferta pública de la educación general, terminando con la administración municipal… la administración de los establecimientos de educación pública debe estar en manos de instituciones especializadas… cuya estructura contempla la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública descentralizado y Servicios Locales de Educación Pública”.
Este proyecto es por lejos el que tiene más historia y consistencia de los tres que, con diferentes nombres, han estado en barbecho desde hace tiempo. En su oportunidad, se dijo que se tramitaría en paralelo al que afectaría a los docentes (PND), pero se postergó ingresándose después del encasillamiento y la promoción ofertados a los funcionarios del Mineduc con la promesa de otorgarles más estabilidad laboral y fortalecer su carrera profesional.
Creemos ahora entender por qué: primero se le entregó un dulce al gremio (Andime), ya que efectivamente se puede mejorar la condición laboral y de remuneraciones de cientos de funcionarios pero que, de entrar en vigencia la iniciativa tal como está, significaría el fin de la estructura histórica del Mineduc y el ocaso definitivo de sus agencias regionales y provinciales y su reemplazo por una nueva estructura (Dirección de Educación Pública y Servicios Locales). Si efectivamente se hubiese querido potenciar el rol público del Mineduc, se habría apostado por lo que solicitaban los dirigentes del gremio: “Que los liceos y escuelas sean traspasados al Mineduc para ser gestionados y administrados por sus órganos desconcentrados, es decir, por departamentos provinciales, reforzados y mejor implementados estructural y tecnológicamente” (Egidio Barrera, presidente Andime).
La iniciativa legislativa también ha sido recibida de manera disímil por especialistas e instituciones. La fundación Nodo señaló que “es una renovada administración bajo los mismos principios”. Otro tanto indican diversos expertos de la Universidad de Chile, como Cristián Bellei, quien señaló en la misma línea que “uno de los desafíos es equilibrar en este proyecto un sistema descentralizado con una responsabilidad nacional sobre la educación pública”. Estas miradas, de alguna manera, dan cuenta del escepticismo que ronda al nuevo proyecto del Ejecutivo.
La controversia se inicia con su fundamentación misma, pues históricamente aparece como una reseña tendenciosa. Para empezar no da cuenta del tremendo esfuerzo que hizo el Estado a lo largo de 200 años por construir todo el edificio que se mantuvo incólume hasta 1977, en plena dictadura, en que el Movimiento Educativo (1974-1976) presenta en Ginebra el documento que sentará las bases del modelo subsidiario que se implementará a partir de 1981 (Revista de Políticas Públicas, Usach, Vol. 8, N° 1, 2015) y que los gobiernos democráticos fortalecerán.
Como lo ha dicho Sol Serrano, en Nación y Universidad, resulta irónico que “desde el propio Estado –que había sido clave en la generación de todo el entramado arquitectónico en educación durante el siglo XIX y partes del XX– se impulsa [ahora] esa tendencia para iniciar una nueva fase de modernización, pero esta vez para desembarazarse de sus funciones tradicionales y depositar el impulso modernizador en el mercado”.
[cita tipo= «destaque]El Mineduc, tal como siempre lo quiso y recomendó el Banco Mundial, queda así reducido a una especie de gerencia de planificación –“la huesera”, como la llaman en las empresas–, sin posibilidad de articular, de influir, de “ser ente rector”, reducido a su mínima expresión y ahora, luego del desprendimiento de la Agencia de Calidad –aún solo una promesa–, la Superintendencia –con pocas atribuciones de fiscalización, dada la flexibilización del marco regulatorio–, sin agencias operativas, desarticuladas entre sí.[/cita]
El resumen histórico de la iniciativa, muy duro con la dictadura, aunque muy autocomplaciente con la coalición del arcoíris, no aclara ni explica que si bien la derecha sentó las bases de la privatización del modelo, fue la Concertación la que lo ahondó al punto de tenerlo en la crisis terminal en que está hoy, tal como lo reafirman las propias cifras que se entregan en el proyecto: “Cierre de más de mil establecimientos educacionales públicos desde 1994 a la fecha, y una considerable disminución de su matrícula escolar en casi 600 mil estudiantes entre el 2000 y el 2015”.
La conclusión es lapidaria: “Nunca, desde los primeros decenios del siglo XIX, la educación pública había atendido a una proporción tan baja de la población escolar y nunca su imagen se había visto abiertamente deteriorada. La educación que el Estado provee y administra a través de las municipalidades se encuentra hoy en su momento más crítico”. Pero, en vez de dar un giro profundo, que restituya “el rol rector” del Mineduc, solo se ataca una parte del problema: la municipalización y se sigue con la lógica de obedecer las exigencias del Banco Mundial: continuar jibarizando al ministerio y, al mismo tiempo, extinguir sus funciones históricas para traspasarlas a órganos inconexos y con escasas atribuciones.
Enseguida, el proyecto concluye que “el actual esquema institucional consagra que aspectos relevantes de la calidad, la equidad y el desarrollo de la educación pública en el territorio, dependan fuertemente de la voluntad de las autoridades municipales y de los particulares énfasis que legítimamente cada una de ellas desee otorgarle al sector. Esta dependencia está estrechamente relacionada con una excesiva influencia de los ciclos político-electorales del municipio en la educación pública”. Y si bien se propone la creación de nuevos servicios que la administren, nada se dice de que llegamos hasta aquí por decisión de las propias autoridades ministeriales a lo largo de 25 años, ni tampoco se garantiza que la crisis de la educación pública pueda mejorarse con el actual proyecto.
Por de pronto, se vuelve a proponer un ciclo de mejora –la dirección del Servicio tendrá un plazo de seis años para establecer metas y objetivos–, pero cuyo mandato estará cortado por elecciones parlamentarias y presidenciales que harán una vez más inviable el logro de sus objetivos en el período propuesto. Y se repetirá el fenómeno que se observa hoy, en que prácticamente cada dos años (elecciones municipales y luego legislativas y ejecutivas) se tensiona la administración.
Y si en particular hay cambio de autoridades, pues, pese a que se anuncia el mejor estándar de selección por Alta Dirección Pública, lo cierto es que será el parlamentario más influyente de la coalición de Gobierno el que –sobre todo en regiones– terminará instalando a quien él determine en los nuevos servicios creados, llenándolos de adherentes que los pueden llevar al límite mínimo de su funcionamiento, como se ha observado últimamente.
Ello se verá reforzado por el hecho de que los funcionarios que provengan desde los municipios y corporaciones, estarán afectos, al ingresar al servicio, a la siguiente cláusula de despido: “Necesidades del servicio determinadas por el director ejecutivo una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio Local” (artículo 31, a). Esto, aunque tengan la titularidad del cargo por estatuto. Es decir, aun cuando los funcionarios sean traspasados como planta, por este artículo podrían ser despedidos igual, acabando con su carrera profesional y dejando a la administración pública local como botín de guerra de ambas coaliciones, las que se repartirán, sin sentido estratégico, cada cuatro años –como sabemos–, y sobre la base de consideraciones ajenas a la labor permanente y estratégica del Estado, los cargos en educación.
Sin funcionarios de carrera, que velen por los intereses permanentes de la nación, y que traspasan a los gobiernos de turno, el servicio de desvirtuará aún más en función de los ciclos políticos electorales en los feudos regionales.
También con la iniciativa legislativa como está, tanto el Mineduc como sus servicios dependientes en los territorios –Seremi y Departamentos Provinciales de Educación– pierden injerencia y se distancian más aún de lo que sucede en las escuelas, dando inicio a la crónica de una muerte anunciada, ya que todas sus funciones, servicios dependientes y bienes, serán traspasados a las nuevas agencias por decreto presidencial.
Tampoco, salvo los que provendrán de la nueva Ley de Inclusión, se inyectan más recursos al sistema, ni se modifica la lógica de la entrega de los mismos (subsidio a la demanda), lo que pone de antemano cuesta arriba su gestión.
El Mineduc, tal como siempre lo quiso y recomendó el Banco Mundial, queda así reducido a una especie de gerencia de planificación –“la huesera”, como la llaman en las empresas–, sin posibilidad de articular, de influir, de “ser ente rector”, reducido a su mínima expresión y ahora, luego del desprendimiento de la Agencia de Calidad –aún solo una promesa–, la Superintendencia –con pocas atribuciones de fiscalización, dada la flexibilización del marco regulatorio–, sin agencias operativas, desarticuladas entre sí.
A su vez, serán los servicios locales los que diseñen, implementen y monitoreen sin contraparte sus políticas, transformándose en juez y parte de sus acciones técnico-pedagógicas. Y si bien se prevé una articulación nacional de los mismos a través de la Dirección de Educación Pública –que parece ser destino del equipo que encabeza Rodrigo Roco–, en concreto estas agencias, mientras no exista elección de intendente y la Alta Dirección Pública siga siendo otro botín de guerra del duopolio, en regiones serán autónomas y una nueva bolsa de trabajo del feudo parlamentario.
Como lo denunció la propia ministra, la política pública quedará aún más expuesta al chantaje legislativo, moneda de cambio corriente para la instalación de operadores en estos nuevos servicios. Por último, la hipotética descentralización prometida no se concretará, pues los servicios creados –según el articulado del proyecto– quedarán bajo la tutela de Hacienda y sin mucha capacidad de gestión propia.
Un aspecto positivo y destacable del espíritu del proyecto es su intención por desmunicipalizar efectivamente la educación, ya que los alcaldes y sus respectivos municipios no recibirán, a partir de su entrada en vigencia, los aportes del Mineduc, sino que lo hará el servicio local y con ello se acabará con el permanente uso de estos fondos para “hacer bicicleta” o desviarlos hacia otros fines distintos del educativo. O, como ocurre a menudo, la sobrecontratación de personal de confianza del alcalde con cargo al presupuesto de Educación. La figura del jefe comunal, en tanto, queda reducida a la de un concejal, en el sentido que solo tendrá derecho a opinión en los Consejos Locales de Educación. Aquí, el prospecto cumple con lo ofrecido en el programa.
Se preguntaba hace algunos años Rodrigo Roco, siendo miembro del senado universitario de la Universidad de Chile: “¿Qué va a pasar en el país a mediano plazo si continúa ese modelo desregulado?».
Bueno, el proyecto NEP no se sale de la lógica subsidiaria en la que está inmersa nuestra educación, por lo tanto está bastante lejos de fortalecer su rol público, mientras el Mineduc queda definitivamente reducido al papel que el modelo subsidiario de Pinochet le asignó: Banco Nacional de Educación.
Por el contrario, se introducen más figuras burocráticas –Dirección de Educación Pública y servicios locales– sin contrapesos y se termina matando la arquitectura estatal construida a lo largo de dos siglos, que le dieron al fisco chileno un rol preponderante en el área y cuya consecuencia fue una educación modelo en Latinoamérica, siendo su corolario la obtención de dos premios Nobel.
Con una Superintendencia autónoma y con capacidades limitadas de fiscalización efectivas, dado el marco regulatorio laxo, con una Agencia de Calidad aún en “marcha blanca” y ahora con la Dirección de Educación Pública y los servicios locales desligados en la práctica del Mineduc y este a su vez reducido a su mínima expresión, tal como ya lo perciben los directores de establecimientos, solo habrá “más autoridades diciéndoles a las escuelas cómo remar y más oficinas donde presentar papeles”.
Por lo demás, al acabarse la carrera funcionaria –por la introducción de la figura del despido por “necesidades del servicio”–, sin elección de intendentes y con una Alta Dirección Pública controlada por ambas coaliciones, estas agencias, y junto con ellas sus funcionarios, se transformarán en coto de caza de los parlamentarios de turno, quienes dispondrán de plazas fijas cada cuatro años para que, con cargo al presupuesto de la nación, puedan disponer de un importante contingente de cupos para ubicar a sus clientelas políticas, cual se ha hecho costumbre en regiones, como la propia ministra Delpiano tuvo oportunidad de constatar.
En definitiva, la promesa de más presencia del Estado en el área, resulta ser la última evidencia concreta de cómo los actores políticos han ido, también, corrompiendo el significado original de las palabras y una prueba fehaciente de que, a pesar de las lágrimas de la diputada Camila Vallejo, definitivamente el PC no se confrontará con el Ejecutivo en esta área. En Educación seguimos con la lógica de avanzar pero, como buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, caminando siempre hacia atrás.
