En todos los Ministerios y Servicios de la Administración Pública, cada vez que se advierte la posibilidad de que un funcionario público, determinado o indeterminado, haya infringido alguno de sus deberes y obligaciones, el superior jerárquico, por mandato legal, debe disponer la realización de una investigación sumaria o sumario administrativo. Es así como en los últimos meses, y solo por nombrar algunos, hemos conocido de sumarios en el Servicio del Registro Civil, en los Servicios de Salud, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Minería, en el Ejército de Chile, en Carabineros y la PDI; los hay en Arica y también en la Antártica Chilena. Eso pasa en todos los órganos de la administración y en todos los lugares… menos en uno: el Palacio de La Moneda.
Cabe preguntarse: ¿qué pasaría con el “Caso Caval”, si los hechos que lo caracterizan, hubiesen ocurrido en cualquier dependencia de la Administración Pública, que no fuera la sede del Gobierno y de los Ministerios del Interior y Secretarias Generales de Gobierno y la Presidencia?
En todos, la manipulación de computadores, entorpeciendo la labor del servicio, y más aún investigaciones del Ministerio Público que involucran a parientes de algún funcionario, tendrán como consecuencia la realización de una investigación sumaria o sumario administrativo. Más aún si, además, un funcionario o ex funcionario declara que la motivación fue una acción conspirativa en el marco de una disputa entre facciones de partidos políticos; en todos… menos en uno.
En todos, si se toma conocimiento de que un funcionario atiende asuntos de interés particular, en horarios laborales y en dependencias de la Institución o Servicio, para resolver el pago de una deuda de una pariente del superior jerárquico, habrá una investigación sumaria o sumario administrativo; en todos… menos en uno.
[cita tipo=»destaque»]Las negativas y acomodos de los ministros que trabajan en La Moneda a realizar un sumario consagra, en definitiva, la irresponsabilidad funcionaria y administrativa en ese lugar. Por mientras hay miles de trabajadores en la administración pública, que son sujetos de investigaciones sumarias y/o sumarios administrativos por hechos de mucho menor gravedad y que, al no tener un parentesco o afinidad política con la Presidenta de la República, deben enfrentarlos como cualquier funcionario público.[/cita]
Cualquier jefatura o directivo en la Administración Pública advertiría, en las situaciones descritas, que se han transgredido normas y prohibiciones a las que están sometidos los funcionarios públicos y que pueden ser constitutivas de infracción a sus deberes y obligaciones susceptibles de una medida disciplinaria, que se debe acreditar mediante investigación sumaria o sumario administrativo. Eso pasaría en todos los órganos de la administración y en todos los lugares… menos en uno.
En todos, habrá ministros, subsecretarios, jefes de Servicio o directivos que sabrán, o, a lo menos intuirán, que se trata de temas comprendidos en lo que se denomina el “principio de probidad administrativa”. En todos… menos en uno. En todos, menos en La Moneda, se entiende que la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal.
Las negativas y acomodos de los ministros que trabajan en La Moneda a realizar un sumario consagra, en definitiva, la irresponsabilidad funcionaria y administrativa en ese lugar. Por mientras hay miles de trabajadores en la administración pública, que son sujetos de investigaciones sumarias y/o sumarios administrativos por hechos de mucho menor gravedad y que, al no tener un parentesco o afinidad política con la Presidenta de la República, deben enfrentarlos como cualquier funcionario público.
La única esperanza que nos queda, luego de las evasivas de ministros y encubrimientos institucionalizados de los que somos testigos, es que la Contraloría General de la República reitere lo más básico de nuestra convivencia: la Ley se aplica a todos y en todo el territorio de la República, incluso en La Moneda.
