Recién publicados los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y resonando aún el penoso proceso de aprobación del proyecto de Ley sobre Gratuidad para la Educación Superior, resulta imposible no insistir en la escandalosa inequidad que caracteriza al sistema educativo chileno. Si bien hoy existe un relativo consenso en torno a que la PSU no mide la calidad de la educación, sí es posible afirmar que establece un punto de referencia sobre el dominio del currículo escolar que tienen los estudiantes que rinden este examen.
Como todos los años, desde que se implementó esta prueba, es posible observar que los resultados de la misma no hacen más que poner en evidencia la relación entre la procedencia socioeconómica de los estudiantes y el puntaje obtenido por los mismos en la PSU.
Así por ejemplo, el ranking efectuado por la Universidad Católica de los 100 establecimientos escolares con mejor promedio de rendimiento en la PSU 2015 indica que solo 4 instituciones corresponden a liceos de dependencia municipal y que 2 son particulares subvencionados. Es decir, de los 100 centros escolares con mejor rendimiento, 94 de ellos son colegios particulares pagados, esto es, establecimientos en donde se concentra población escolar de los más altos quintiles de ingreso de la población.
Asimismo, entre los 4 establecimientos municipales se encuentra el Instituto Nacional, el Liceo Carmela Carvajal de Prat y el Liceo Agusto D’Halmar, todos ellos caracterizados, por una parte, por su diligencia en mejorar sus estándares de desempeño en este tipo de mediciones y, por otra, por sus altos niveles de selectividad para el ingreso de nuevos estudiantes.
Para completar el panorama, solo 38 de estos cien establecimientos escolares se ubican en regiones distintas a la Metropolitana.
En suma, hoy día Chile cuenta con una Prueba de Selección Universitaria altamente segregadora, favoreciendo desvergonzadamente a los estratos sociales más altos y preferentemente concentrados en la zona centro del país, cuestión ya señalada por un informe de la OCDE en el año 2008.
[cita tipo= «destaque»]Ya no es posible seguir siendo testigo de lo que los estudiantes secundarios denunciaron el año 2006 y que ha ratificado incluso la misma OCDE en el año 2008. Chile necesita de manera urgente una transformación profunda en el sistema escolar para modificar sustancialmente el actual panorama educativo.[/cita]
Estos resultados, nada novedosos, por cierto, sirven de incentivo para continuar impulsando transformaciones en el sistema de ingreso a las universidades chilenas, tales como el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, PACE, impulsado desde el año 2014 por el Ministerio de Educación, o bien los Programas Propedéuticos patrocinados por Unesco.
Ambos intentan instalar una vía de ingreso más inclusiva para aquellos estudiantes que, a pesar de contar con un buen rendimiento académico en sus respectivos contextos escolares, no cuentan con un capital cultural que les asegure un resultado óptimo en la PSU.
En el caso de los Programas Propedéuticos existentes en diversas universidades, los estudios existentes demuestran que, pese a las desventajas de origen, los estudiantes nivelan sus capacidades académicas en el corto plazo y presentan altos estándares de retención en sus respectivos programas universitarios. Si bien dichos resultados son positivos, estos programas no pueden asumirse como definitivos, pues se corre el riesgo de perpetuar a la PSU como un camino validado que debe ser complementado con programas compensatorios para “corregir sus efectos colaterales”.
A estas alturas de la evidencia, no hay razones para insistir en la implementación de un instrumento de medición que, más que medir o seleccionar capacidades académicas, lo que hace es más bien abrir una puerta ancha para el acceso a la formación universitaria a un grupo social y dejar, si es que, una pequeña ventana para el ingreso de otro menos favorecidos económicamente. Esto no solo reproduce las brechas en la falta de oportunidades para estos últimos, sino que los impulsa a ir en la búsqueda de una formación universitaria en instituciones de dudosa o derechamente de baja calidad, pero a un costo económico que los mantendrá endeudados por un largo período y, en muchos de los casos, sin el anhelado “cartón bajo el brazo”.
Ya no es posible seguir siendo testigo de lo que los estudiantes secundarios denunciaron el año 2006 y que ha ratificado incluso la misma OCDE en el año 2008. Chile necesita de manera urgente una transformación profunda en el sistema escolar para modificar sustancialmente el actual panorama educativo.
Ya no es soportable ver año a año los informes de prensa en torno a puntajes nacionales y las entrevistas a los orgullosos padres, sin pensar al mismo tiempo qué es lo que ocurre al otro lado de la moneda; sin detenerse a reflexionar en la desilusión o desesperanza aprendida de miles de estudiantes chilenos que anhelan ingresar a la universidad, pero que, dado el origen de su cuna, no tuvieron las oportunidades para sobrepasar una valla que nuestra propia conformidad les ha impuesto y que la prensa, por supuesto, no tiene el mismo interés en cubrir. Por estas y otras razones vale la pena preguntarse: ¿hasta cuándo estamos dispuestos a continuar en nuestro rol de DJ del baile de los que siguen sobrando?
