Nuestro Estado de Derecho encuentra en la división del poder estatal uno de sus pilares fundamentales. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben actuar, en un Estado democrático, con plena independencia y total apego a sus prerrogativas, eso es lo que se enseñaba en la escuela pública a todo ciudadano de la República. Sin embargo, la Tercera Sala de Corte Suprema, en voto de mayoría de los señores Pedro Pierry, Carlos Aránguiz y Manuel Valderrama, y en contra de las señoras Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval, pareciera haber olvidado tan básicas enseñanzas democráticas que son las bases del Estado moderno.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, me vi en el deber político y moral de concurrir a La Moneda, sede del Poder Ejecutivo, a entregar una carta a la Presidenta de la República, en la que solicitaba reponer, anular o, por último, recurrir al Senado de la República, para oponerse al fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que obligaba al Poder Ejecutivo a recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA), para que se constituyera en dos cárceles venezolanas con el fin de examinar el estado de salud de dos condenados por delitos contra el Estado y la democracia, señores Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Desde el primer momento estimé que dicha resolución era inconstitucional y, más aún, implicaba una ruptura a nuestro Estado de Derecho. Para peor, el fallo del máximo Tribunal de manera irracional se dictaba sobre la base, y únicamente, a antecedentes que constan en la internet, como si las redes sociales fuesen argumento y prueba suficiente para un fallo judicial. La decisión del máximo tribunal, al basarse en Google, contenía componentes tan inauditos como que, al momento del fallo, uno de los internos, don Daniel Ceballos, ya no se encontraba encarcelado. Por otra parte, el fallo se fundamentó en el contexto de una huelga de hambre que al momento de la resolución ya había finalizado. Destaca la extravagante protección del derecho a la salud de dos ciudadanos extranjeros que están fuera del territorio de la República, cuando este mismo Tribunal rechaza frecuentemente recursos de protección por el derecho a la salud en nuestro país a chilenos y chilenas.
[cita tipo=»destaque»]Las hipótesis que se pueden aventurar para tratar de entender lo que hicieron los integrantes de la Tercera Sala del máximo tribunal, es que ven una autoridad presidencial incapaz de llamarlos al orden, con serios conflictos internos que la sobrepasan, y deciden alzarse sobre su autoridad para atender problemáticas internacionales que ellos visualizan relevantes. Es una hipótesis grave, porque aparece una de las salas de nuestro máximo tribunal no impartiendo justicia, sino quebrantando la institucionalidad, más aún, cuando la situación de Venezuela se ha distensionado de manera relevante después de las últimas elecciones parlamentarias.[/cita]
Al final de cuentas, lamentablemente, primó la frase del ministro del Interior, don Jorge Burgos, que señaló, de manera categórica, que “los fallos se cumplen”. Prefiero creer que el ministro no fue juicioso de lo que sus dichos estaban provocando en el respeto a la primera autoridad elegida por el pueblo, la Presidenta de la República, y no pensar que sí sabía los compromisos que sus palabras estaba generando a nivel internacional y los líos que le generaría al canciller chileno.
Luego se entendió, aunque de manera extemporánea, que lo que este diputado aseveró a los cuatro vientos el 23 de noviembre era el camino correcto. Al parecer fue el Ministerio de Relaciones Exteriores el que instó al Consejo de Defensa del Estado a que pidiera la nulidad procesal del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema. Desgraciadamente, lo anterior, se hizo de manera tardía, y la Corte Suprema rechazó dicha solicitud y reafirmó su veredicto. Pero esta vez se resolvió algo peor, el máximo tribunal decidió pasar por sobre la Presidencia de la República y recurrir directamente a la OEA. Con esta conducta contumaz nos enfrentamos a una nueva vulneración flagrante de nuestro Estado de Derecho por parte del Poder Judicial, que no tiene precedentes y ocasionará graves inconvenientes a nivel internacional.
Las hipótesis que se pueden aventurar para tratar de entender lo que hicieron los integrantes de la Tercera Sala del máximo Tribunal, es que ven una autoridad presidencial incapaz de llamarlos al orden, con serios conflictos internos que la sobrepasan, y deciden alzarse sobre su autoridad para atender problemáticas internacionales que ellos visualizan relevantes. Es una hipótesis grave, porque aparece una de las salas de nuestro máximo tribunal no impartiendo justicia, sino quebrantando la institucionalidad, más aún, cuando la situación de Venezuela se ha distensionado de manera relevante después de las últimas elecciones parlamentarias.
Alerté con los tiempos necesarios a la Presidencia de la República para que interpusiera las acciones correspondientes, frente a la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, desgraciadamente no fui escuchado y cuando se dedujo una nulidad por parte del Consejo de Defensa del Estado, ya era demasiado tarde. Lo que queda es seguir adelante con la fórmula equivocada de Burgos, de que “los fallos se cumplen”, aún en contra de alguien que nunca compareció al juicio, o se sigue el camino constitucional y se traba la contienda de competencia en el Senado para que este resuelva. Dejar las cosas como están sería provocar un quiebre profundo de la institucionalidad vigente, pasar por encima de las prerrogativas exclusivas y excluyentes de la primera autoridad que el pueblo ha elegido y regresar a los tiempos del Estado premoderno y la barbarie.
