ANÁLISIS
El XXVI Congreso General Ordinario de enero de 2001, y ya con Lagos como Presidente, tuvo a un colectivo que ratificó la ritualización de estos eventos como certámenes que son más bien una válvula de escape para la expresión de unas bases descontentas y/o que va en camino de su burocratización y control por parte del Ejecutivo.
El PS ha realizado su 30° Congreso Ordinario en su octogenaria vida en un contexto marcado por la crisis gubernamental y el caso Caval que afecta al núcleo íntimo del socialismo –la familia presidencial– y cuya postal, que evidencia la irrelevancia del evento, fue la discusión sobre el aplausómetro dado a Isabel Allende, lo que fue leído como una virtual proclamación de los delegados paraestatales.
También se comentó la modificación de la elección de los cargos unipersonales –un hombre, un voto– propuesto por el sector que lidera Camilo Escalona como fórmula que le facilitaría retomar nuevamente el control de la colectividad, puesto que, con el actual modelo, aun siendo el sector más numeroso, le resulta imposible, dada la carga negativa que pesa sobre su gestión anterior y el creciente fraccionamiento de la colectividad.
En el artículo 28° de sus Estatutos el PS define al Congreso General Ordinario como “el organismo máximo del partido que se realiza cada tres años”; luego, en el 30°, indica que, entre otras materias, dicho evento “debe fijar la línea política” y luego reitera que “en todo caso, el Congreso General Ordinario es soberano para resolver sobre todos los asuntos”.
Tales asambleas partidarias en el pasado eran tan significativas, que Julio César Jobet escribió un texto sobre la colectividad basándose en el desarrollo de tales eventos. La importancia de estos –en palabras de Clodomiro Almeyda– fue tan significativa, que en sus primeros tiempos se realizaron prácticamente casi cada año y eran motivo de permanentes disputas por el rol del socialismo en la política –la siempre compleja relación entre un discurso bastante radical, “populista” según Paul Drake, y una práctica bastante acomodaticia que la llevó, en apenas cinco años de vida, a estar dos veces en el Ejecutivo–, cuyas consecuencias eran el fraccionamiento auspiciado por liderazgos proféticos y aluvionales (Benny Pollak, Revolutionary Socialdemocracy: The Chilean Socialist Party) que, cuando no consensuaban sus aspiraciones, rápidamente quebraban la organización.
En ese contexto no fue casual que sus primeros años fuesen de quiebres explosivos debido a: el rol de los socialistas en el Gobierno –Sartori llega a decir que “el crescendo fraccional socialista coincide enormemente con el acceso del partido a las prebendas de Gobierno”–, el discurso ideológico a partir del cual participarán en la política activa y el establecimiento de alianzas para enfrentar la coyuntura política.
Bajo ese panorama no es accidental que en vísperas del IX Congreso General Ordinario celebrado en Rancagua en 1943 y con apenas diez años de vida, la organización ya había celebrado once eventos –ocho ordinarios y tres extraordinarios– y tenido ya varios fraccionamientos. De hecho el evento de Rancagua, que eligió a Salvador Allende como secretario general, volvió a enfrentar a colaboracionistas y recuperacionistas y concluyó con una nueva escisión que se subsanó con posterioridad con un Congreso Extraordinario celebrado en Valparaíso.
Con posterioridad el PS continuará con sus dificultades periódicas y pasará, bajo el mandato de Bernardo Ibáñez, por una profunda crisis solo comparable en su historia a la égida de Camilo Escalona (2005-2010) y cuya recuperación se iniciará con la ascensión de una nueva generación que guiarán, entre otros, Raúl Ampuero, el rector de la Universidad de Chile Eugenio González, Salomón Corbalán y Aniceto Rodríguez.
No obstante esto, los eventos partidarios continuarán provocando cismas y no resultará casual que, para la elección presidencial de 1952, la parte más significativa del PS –la de Ampuero, Altamirano y Almeyda– apoye la candidatura presidencial del general Carlos Ibáñez, en tanto que una mínima fracción, el Partido Socialista Popular, respaldará la candidatura presidencial de Allende.
En cualquier caso, el ímpetu por la realización de congresos irá disminuyendo en el tiempo y es así como, de trece eventos realizados en su primera década de vida (1933-1943), se pasará luego a solo siete en la siguiente (1944 y 1953); después a cuatro (1954-1963), y en el decenio posterior (1964-1973) a solo cinco. Es que, aparte de ir constituyéndose una cierta línea política, los dirigentes aprenderán rápidamente a manejar y controlar dichas asambleas para evitar nuevos quiebres que empequeñecieran aún más el papel de la organización en el escenario político.
Dicha etapa coincidirá con la transformación de estos eventos en catalizadores de la furia interna de unas bases siempre radicalizadas que cobran expresión en los congresos, versus una dirigencias provenientes en su grueso de la pequeña burguesía local y que, constituida por profesiones liberales –abogados, médicos, ingenieros o economistas–, administra a su entero antojo la organización. He ahí, como símbolo de esta doble alma, el Congreso de Chillán de 1967.
La dictadura y sus intelectuales abusaron del uso de las declaraciones y resoluciones del XXII Congreso del PS celebrado en Chillán para justificar el violento golpe de Estado que encabezaron las Fuerzas Armadas y de orden.
En efecto, aquel evento socialista que enfrentó a los guatones que lideraba Allende y a los sectores más jóvenes radicalizados y que tuvo como escenografía de fondo la aplastante derrota del candidato del FRAP en manos de Eduardo Frei en 1964 y la muerte del Che Guevara, significó el establecimiento de resoluciones radicales: “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima”, por tanto, “las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder”, enrielando a la organización en la vía armada.
De hecho, Allende asistió al evento pero no dramatizó, pese a oponerse a sus resoluciones, pues el Chicho, hábil conocedor de la maquinaria interna, sabía que luego de transcurrido el certamen el PS volvería a su cauce natural: cómo enfrentar las próximas elecciones. Es más, de ese torneo salió ungido como secretario general uno de los personajes más sistémicos del socialismo local: el senador Aniceto Rodríguez, vinculado al ala más conservadora de la organización y a un grupo dirigencial que había estado en el centro de la crítica del congreso (la generación del 38). Prueba fehaciente de que una cosa eran las declaraciones para la galería interna y otro el quehacer político cotidiano de la agrupación centrada en el Parlamento y en la detracción del Gobierno democratacristiano.
A la vuelta de la esquina las sucesivas resoluciones revolucionarias adoptadas en los eventos de Linares (1965) y Chillán (1967), fueron suspendidas, pues el PS entró nuevamente en la vorágine electoral parlamentaria y presidencial. De hecho, tales resoluciones fueron luego criticadas y relativizadas por dirigentes como Raúl Ampuero, Aniceto Rodríguez y el mismísimo Carlos Altamirano.
El mismo ex secretario general le confesará más tarde al historiador Gabriel Salazar que “el partido nunca asumió esa declaración como normativa. Ella quedó siempre como una declaración retórica, verbalista, pues no se implementó nunca, como tarea de partido, la implementación de grupos armados”.
Así también lo entendió el propio Julio César Jobet: “Pese a todas las declaraciones verbales revolucionarias, la política del PS experimentó, en la acción práctica, una modificación opuesta a las resoluciones del Congreso de Chillán y a la posición táctica del FRAP. Poco a poco aceptó la línea defendida por el PC (y también por Allende) en orden a agrupar las más amplias fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas en una alianza de partidos marxistas y no marxistas”, para enfrentar la contienda presidencial de 1970 y donde el eterno aspirante socialista intentaría alcanzar la Presidencia.
De hecho, el primer pleno realizado con posterioridad al triunfo de Allende, y que tuvo como actor central al grupo Eleno –Ejército de liberación Nacional–, impuso el siguiente voto político: “Los cargos que correspondieran al Partido en su participación en el Gobierno, serán ocupados por militantes activos, y la proposición de su designación será materia y atribución del Comité Central”.
Igual cosa sucederá luego en 1971, en el XXIII Congreso Ordinario de La Serena, en que una mayoría interna radicalizada se impondrá mayoritariamente, al punto de humillar a Aniceto Rodríguez –no le aprobarán la cuenta política y su grupo será literalmente casi expulsado del evento– y a la generación del 38 que alcanzó el triunfo. En aquel certamen los sectores más ultras, que lideraba Rolando Calderón, pudieron haber impuesto al secretario general, pero, como buenos conocedores del arte de la política interna, renunciaron a ese derecho y negociaron con Allende, quien instaló a Carlos Altamirano, hombre de su confianza, como máximo líder del PS.
Sabemos que un XXIV Congreso jamás llegó a realizarse y los socialistas debieron luego enfrentar el duro quiebre interno de 1979 y donde una de sus fracciones –la de Almeyda, Escalona y Solari– continuará con la lógica de la ruptura en sus declaraciones para derrotar a la dictadura, pero que a lo largo de los 80 solo estará en una tensa espera, en la antesala del momento preciso para iniciar su viaje a la moderación que se empieza a producir en 1987, con la entrega de Almeyda, por entonces secretario general, a la justicia de la dictadura, dando con ello la señal de que esta fracción se sometería a la legalidad de la Junta.
Pese a las declaraciones radicalizadas y al uso y abuso de la imagen de Carlos Lorca y de la generación de dirigentes clandestinos, la elite almeydista se irá acomodando al nuevo escenario político post-1986, y llamará durante 1987, primero, a inscribirse en los registros electorales, luego a votar NO e, insólitamente, después de toneladas de tinta en contra del rol de Aylwin en la caída del Gobierno de Allende, apoyarán a comienzos de 1989 su candidatura presidencial.
Aún más insólita será que su facción más radicalizada y que lideraba ya por ese entonces Camilo Escalona, promocionara la creación de un Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), para enfrentar las elecciones parlamentarias de 1989, pero cuyo líder decidió acometer tal desafío en la lista de la naciente Concertación, obteniendo el segundo cupo, pues se dobló en ese distrito.
[cita tipo= «destaque»]La distancia entre lo que declaran en sus máximos eventos y la rutina partidaria, luego sepulta esas intenciones transformadoras. Ello explica, por ejemplo, que desde el XXVIII Congreso del PS, realizado en 2008, la colectividad haya venido proponiendo la asamblea constituyente, que significó que después Camilo Escalona tratase de “fumadores de opio” a quienes levantan dicha propuesta, sin haber recibido amonestación alguna por esas declaraciones.[/cita]
Como se sabe, después de dimes y diretes, de acusaciones mutuas de traición y de querellas intestinas que se prolongaron a lo largo de una década, la posibilidad de ser Gobierno nuevamente hizo el milagro que no se logró en diez años: unificar al PS.
Las bases programáticas y la realización de su primer evento congresal en democracia en Valparaíso, bajo el lema de Congreso de Unidad Salvador Allende, ratificaron que a la casa común de la izquierda podían llegar y acceder moros y cristianos, laicos y evangélicos, marxistas y liberales, obreros y empresarios.
El PS entró en una vorágine declarativa, para mantener a grupos heterogéneos en su interior, que no hizo otra cosa que comenzar a arrastrarlo hacia el centro político, cuestión que tempranamente fue observada y criticada por el joven diputado Camilo Escalona: “Estos ejercicios intelectuales –el abrirse hacia el centro– pueden conducir a que el partido se transforme en una cosa gelatinosa para ‘influir’ en el centro… y el segundo peligro es que no consigamos presentarle al pueblo de Chile un proyecto serio mejor que el que hay. Aquí el punto es que el PS y la izquierda tenemos un claro problema de desperfilamiento” (Revista Hoy, N° 682, 1990). Era el Camilo Escalona de inicios de la transición, “el patito feo” de la dirigencia del PS, que construía discurso político para llegar pronto a controlar la organización y que lo haría mutar de paradigmas.
En fin, los eventos Ordinarios de 1990 y de 1996, así como el Programático de 1992, no hicieron otra cosa que enrielar al PS en el contexto del régimen neoliberal, del cual la dirigencia ya era parte sustantiva y protagónica.
De hecho, el XXV Congreso Ordinario de 1996, con Lagos ya instalado como presidenciable y Escalona como máximo líder interno de la colectividad, no hace otra cosa que ratificar la instalación de ambos líderes como hombres del sistema y del PS como partido del orden. Es más, una revista bastante conservadora como Qué Pasa hará el siguiente balance sobre las resoluciones de ese evento: “El resultado final es un documento que, si bien hace guiños a la tradición del partido, incorpora una serie de elementos novedosos como el reconocimiento del aporte del liberalismo político y del mercado, sin el cual el buen funcionamiento de la economía no es posible” (N° 1309, mayo de 1996).
Si bien, por entonces, el PS continuaba siendo un partido con mucha militancia activa, ya se evidenciaba, en una parte significativa de su cúpula dirigencial, su apuesta por el orden. La reacción de una significativa parte de sus bases se haría palpable pronto.
Se llegó a ese evento de 1998 –que recibió el nombre del extinto Clodomiro Almeyda– con un panorama político bastante deplorable, pues la fracasada aventura senatorial de Camilo Escalona, que significó ceder cinco cupos de diputados al PPD, limitó para siempre las posibilidades de un papel más importante de la colectividad en la coalición gubernamental y donde además el oficialismo perdió más de 800.000 votos.
Con una militancia bastante frustrada, el congreso aprobó resoluciones muy significativas, como que los miembros de comité central solo tuvieran derecho a voz durante el desarrollo del evento, así como que ningún funcionario del Ejecutivo, como se había hecho costumbre, pudiese ocupar cargo partidario alguno, a la vez que se reemplazó el sistema de elección directa de autoridades, que habría significado el triunfo de Escalona y su reposicionamiento como líder interno.
También, insólitamente, se aprobó un voto para someter al tribunal supremo al ex ministro Enrique Correa, por su desempeño en la defensa de Augusto Pinochet en la acusación constitucional presentada en su contra y, como correspondía, se hizo una crítica profunda a la transición: “En primer lugar no se ha avanzado por el camino de la democratización plena del país… en segundo lugar agregamos la persistencia de profundas desigualdades sociales… en tercer término, debemos señalar que sigue pendiente la profunda y desgarradora herida que representa para el país que no se conozca el paradero de los restos de los detenidos desaparecidos… en cuarto lugar se evidencia que la sociedad civil, entendida como la red de organizaciones sociales y el desarrollo de los medios de comunicación independientes, no se ha hecho más vigorosa o incidente en nuestra realidad. La participación ciudadana y la existencia de los actores reales en el proceso de reforma se ha visto reemplazada por decisiones gubernamentales inconsultas” (Resoluciones Congreso Extraordinario, Clodomiro Almeyda, Concepción, mayo de 1998).
En fin, fue la última rebelión de las bases del PS, cuyas radicales resoluciones fueron, luego, dejadas en el baúl de los recuerdos por sus dirigentes, ya que, como siempre, apremiaba ahora la elección presidencial que tenía a Ricardo Lagos como el abanderado y que comprometía a un sector importante de la dirigencia socialista. Como bien lo señaló Cortés Terzi, el congreso finalmente resultó ser “parte de ese ritual mecánico que consiste en resistir un poco para negociar mejor con el statu quo”.
El XXVI Congreso General Ordinario de enero de 2001, y ya con Lagos como Presidente tuvo a un colectivo que ratificó la ritualización de estos eventos como certámenes que son más bien una válvula de escape para la expresión de unas bases descontentas y/o que va en camino de su burocratización y control por parte del Ejecutivo. El que se hubiese apelado a frases como “que no se repita la experiencia de Allende” o “hay que dejar a Lagos gobernar tranquilo”, son testimonios del ambiente que rodeó el evento, lo que no evitó que circularan documentos donde, una vez más, se enfrentaron autocomplacientes y autoflagelantes.
El XXVII Congreso Ordinario de enero de 2005, que se realizó bajo el mandato de Gonzalo Martner como presidente y con una dirección de recambio, dada la imposibilidad estatutaria de repostularse de un grueso de dirigentes históricos –Núñez, Escalona, entre otros–, parecía ser un evento rutinario más, y en cierto sentido lo fue: como se acostumbraba, no se discutió nada de fondo, aunque luego llegó a alcanzar ribetes dramáticos, dadas las expectativas que entre sus dirigentes y militantes causaba la irrupción como presidenciable de Michelle Bachelet.
Ello llevó a decir a algunos dirigentes de sus mandos medios, como lo era Osvaldo Andrade por entonces, que aquel “congreso valía por cuatro”, dadas las expectativas de un cargo parlamentario o en el Gobierno que dicha postulación abrigaba y que el control de la máquina partidaria facilitaría.
Tal como lo recogió El Mercurio, “nada de lo que se había planificado se trató en el 27° Congreso del Partido Socialista el fin de semana. Ni una idea, ni una propuesta sobre el proyecto país ni nada parecido. La jornada fue una lucha por tomar posiciones de poder para administrarlo en las futuras negociaciones presidenciales, parlamentarias y ministeriales” (4 de febrero de 2005).
Un acuerdo transversal que involucró incluso –según la publicación de los periodistas Andrea Insunza y Javier Ortega– a la propia candidata y a los principales líderes internos, como Ricardo Núñez, Camilo Escalona y Ricardo Solari, complotó para hacer caer a la directiva que ellos mismos habían instalado el 2003.
El evento, que quebró al PS sin que la división se hubiese llegado a formalizar, fue el inició de una diáspora que no se detiene hasta hoy y resultó ser la evidencia absoluta de que ya ni siquiera valía discutir en dichos certámenes y la demostración más concreta de la burocratización absoluta de la organización y su control por el Estado.
La frase “no fui capaz de responder a las expectativas laborales de la mayoría de los delegados”, que empleó el defenestrado Gonzalo Martner para explicar su caída, explican bien el tema. De ahí en adelante los congresos serían, lisa y llanamente, un fiel testimonio de esta contradicción de la que no solo es víctima el PS –vean las resoluciones radicales de los congresos del PDC, versus lo que hacen luego sus directivas–, sino la mayoría de las colectividades que, conforme pasa el tiempo, aumentan, para dar una válvula de escape al descontento interno.
La distancia entre lo que declaran en sus máximos eventos y la rutina partidaria, luego sepulta esas intenciones transformadoras. Ello explica, por ejemplo, que desde el XXVIII Congreso del PS, realizado en 2008, la colectividad haya venido proponiendo la asamblea constituyente, que significó que luego Camilo Escalona tratase de “fumadores de opio” a quienes levantan dicha propuesta, sin haber recibido amonestación alguna por esas declaraciones.
La irrelevancia de los documentos y resoluciones partidarias ha sido acompañada desde hace tiempo, en la organización, por la ausencia de un debate de fondo en torno a un proyecto de país distinto al existente. Ello, más la burocratización de los congresos por parte de quienes administran cuotas de poder en el Estado, hacen que, como acaba de suceder, lo más relevante de dichos torneos sea la discusión en relación con el aplausómetro de Isabel Allende y su eventual proclamación como abanderada presidencial.
O la última triquiñuela normativa –un hombre, un voto– que promueve el grupo que lidera Escalona, para intentar rehacerse con el control del aparato partidario.
