En la Historia Constitucional de Chile ha habido formalmente tres grandes Cartas Fundamentales que han permanecido vigentes por un lapso considerable de tiempo. Cada una de estas Constituciones está provista de su sello distintivo en relación con la anterior. Producto de aquella afirmación nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿cuál será el sello distintivo que tendrá la futura Constitución de Chile? Esta es la interrogante que trataré de abordar en los siguientes párrafos.
La afirmación de que cada texto constitucional tiene su sello distintivo en relación con el anterior (una decisión fundamental) no es vacía, prueba de aquello es nuestra Historia Constitucional. Tanto la Carta Fundamental de 1833 como la de 1925 (Constitución de Portales y de Alessandri, respectivamente) abordan principalmente la forma que ha de tener el Gobierno. La primera instaura un Presidencialismo con enclaves autoritarios, con el fin de poder dar una respuesta a la falta de estabilidad en la joven República, y la segunda, con el objeto de dotar al país de una institucionalidad que fuese capaz de dar solución a los problemas que aquejaban a Chile en el primer cuarto del siglo XX, restituye la primacía del Poder Ejecutivo y con esto se pone término a la suerte de parlamentarismo que imperaba en aquel momento. Siguiendo cronológicamente, nos encontramos con la actual Carta Fundamental (Constitución de Guzmán, de la comisión Ortúzar o como se la quiera llamar), la cual es contestataria a la Unidad Popular y, por tanto, a todos aquellos factores que permitieron la llegada del Gobierno de Allende a La Moneda y concretar en parte su programa gubernamental.
En mi opinión es importante señalar que las tres grandes Constituciones que hemos tenido hasta ahora se pudieron mantener en vigencia debido a la eficaz neutralización del pueblo por aquellos que detentaban el poder en los respectivos momentos históricos. En otras palabras: esto no significa que la comunidad política de aquel momento haya adherido a los valores que expresaron los respectivos textos o al menos no en un comienzo.
Ahora dejemos de pensar en retrospectiva y pensemos en la futura Constitución exigida por un gran sector de nuestra sociedad y que, por cierto, también fue anunciada por la Presidenta Bachelet. Si nos proponemos responder la pregunta planteada en el primer párrafo, lo más adecuado es revisar o leer los conceptos que han permeado el sentido común de nuestra sociedad a través de las demandas sociales (que están respaldadas por un vasto sector de la población), debido a que, como sostiene el catedrático de la Universidad de Tilburg, Hans Lindahl, el poder constituyente no es un momento de pura espontaneidad o actividad. Esto, en mi opinión, quiere decir que hay una intencionalidad previa de un sector de la sociedad que articula un discurso contrahegemónico a lo que se encuentra constituido y cuyo punto culminante es la redacción de una nueva Constitución o una nueva decisión fundamental.
Siguiendo adelante con el tema que nos convoca, son variadas las demandas sociales que se han articulado en nuestra sociedad, pero a mi modo de ver son dos grandes temas los que han concitado bastante respaldo en nuestra sociedad: los derechos sociales y la descentralización del país. Los primeros entendidos como educación y salud, a los que se pueden agregar otros, como por ejemplo el derecho a la vivienda o seguridad social, pero, en mi opinión, estos derechos han sido relegados a un segundo plano en la discusión. Sin embargo, se debe tener presente que esta discusión es dinámica y, por tanto, es posible que un Derecho tome impulso y otro sucumba, pero de lo que podemos estar seguros es que en la opinión pública el concepto de Derechos Sociales, en la medida que transcurre el tiempo, reúne mayor apoyo.
[cita tipo=»destaque]Nuestra actual Constitución se ha mantenido en vigencia por la pasividad de la ciudadanía, pero también por la hegemonía cultural que ejercen los sectores conservadores de forma institucional y fáctica con el fin de mantener lo constituido.[/cita]
Prueba del respaldo que tienen consigo estos Derechos, son los movimientos sociales. El ejemplo más paradigmático es el movimiento social por la educación. Para los más incrédulos están las encuestas, en las cuales con el transcurso del tiempo el concepto de Derechos Sociales ha ido congregando más apoyo. Para no ir más lejos, la encuesta realizada por Plaza Pública Cadem en diciembre revela que un 67% de los chilenos(as) cree que una nueva Constitución solucionará los problemas que aquejan el país en educación y salud.
El segundo tema que recibe un gran respaldo en nuestra sociedad, es la idea de que Chile debe tener un cambio considerable en la forma en que se estructura el poder al interior del país. La centralización de la que es rehén nuestro país ha sido una piedra en el zapato para las regiones. La calidad de vida y el desarrollo que gozan las regiones en relación con Santiago son distintos y también estos estándares son bastante diversos entre ellas.
Esto bien lo saben lo movimientos regionalistas y el ciudadano de a pie. Este por cierto no es un tema pacífico, debido a que concitar el consenso de la necesidad de cambiar el actual modelo no es sinónimo de que es lo que se quiere. Pero me atrevo a afirmar que el ideario de “autonomía política” (que el respectivo territorio elija sus representantes) ha reunido bastante acuerdo. Con relación a este tema, hay que encontrar consenso acerca del tamaño que deberán tener las futuras regiones, con qué criterio(s) constituirán estos territorios, si se debe tener autonomía presupuestaria o para fijar tributos, entre otros temas.
Por cierto que hay una gran cantidad de contenidos que se están discutiendo por estos días, como por ejemplo: la forma de gobierno, el rol o tamaño del Estado en la economía, el cuestionamiento de la necesidad de un Tribunal Constitucional, el rol de los pueblos originarios en la sociedad, formas de participación ciudadana más amplias que las que posee nuestra actual institucionalidad, entre otros. Esto derriba claramente la tesis de los sectores conservadores que tratan de articular la idea de que “quienes pretenden cambiar la Constitución no saben lo que quieren cambiar”.
Todo lo señalado pone a prueba a la democracia como concepto. En otras palabras, pone a prueba a la democracia en un sentido más amplio que su ejercicio en el marco institucional. Esto, debido a que puede mucho consenso generar ciertos discursos contrahegemónicos de la ciudadanía en relación con el orden constituido y no por aquello desembocar en una nueva decisión Fundamental.
Lo anterior amerita otro espacio de reflexión, pero de forma breve podemos señalar lo siguiente: nuestra actual Constitución se ha mantenido en vigencia por la pasividad de la ciudadanía, pero también por la hegemonía cultural que ejercen los sectores conservadores de forma institucional y fáctica con el fin de mantener lo constituido. En aquellas circunstancias estará en escrutinio el acervo democrático de aquellos sectores. En razón de esto podemos plantearnos las siguientes preguntas: ¿la clase política nacional es lo suficientemente virtuosa para reflejar el sentir mayoritario de los chilenos(as) en este proceso Constituyente? Y ¿los sectores conservadores aceptarán la decisión mayoritaria de la ciudadanía, si es que esta es distinta a sus propósitos?
