» Múltiples estudios confirman esta disociación entre los datos objetivos, que ubican a Chile en niveles razonables de control de la delincuencia, versus la percepción de que ésta está desbocada. Por ejemplo, el informe 2014 sobre seguridad ciudadana para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dedica varios párrafos al curioso caso chileno».
(*) Hace poco, los titulares de prensa volvieron a instalar una noticia repetida: el ‘Cisarro’, un menor conocido por sus numerosas detenciones desde que era un niño inimputable, volvió a ser capturado y acusado.
La reacción del público también fue una cantinela reiterada. El 16 de noviembre de 2015, los lectores de Emol.complanteaban ‘soluciones’ drásticas, sin pudor alguno:“Un tiro en la nuca, como en China” (Julio R.); “Solución final:una bala a todos los flaites” (Rubén C.); “esperen a que cumpla 18, lo eliminan y listo… ¿o creen que esta lacra trabajará algúndía?” (Juan P.); “Con educación gratuita y de calidad seguroque se le pasa… Yo pensé que a esta mierda ya se la habían piteado, qué pena que no sea así” (Cristián S.), “Solución: balazoen la cabeza!” (René H.).
Desde la percepción pública en Chile, la solución casi transversal ante el ‘flagelo de la delincuencia’ es una sola: más cárcel y más mano dura. No importa que el país muestre las cifras más
bajas de delitos en la región, ni que su población carcelaria sea, en contrario, una de las más altas del continente.
Entre los expertos, en cambio, el consenso es el inverso. Tal como lo expresan en cada seminario, debate o columna deopinión, en la señalética del largo camino para disminuir los delitos sólo hay escritas tres palabras: prevención y, si pasamos de largo, rehabilitación y reinserción social. Represión, castigo y cárcel no caben en este vocabulario, de la mano delos objetivos resocializadores que instaló la reforma procesal penal.
Del temor a la ira
Pero, ¿cómo se explica esta total disociación entre las cifras reales y la percepción pública? Las razones son múltiples, pero al menos en éste último ámbito, diversos estudios señalan que existe una distorsión en la información circulante, en su mayoría basada en hechos sobredimensionados y factores emotivos, que impiden al ciudadano común considerar datos objetivos para validar la construcción de políticas anti delincuencia integrales, potenciando -en cambio- reacciones sociales ya cotidianas en Chile, como las llamadas ‘detenciones ciudadanas’.
Las cifras y los estudios de los más importantes expertos chilenos y extranjeros muestran otra realidad, que suele no aparecer en los medios, cuyas pautas privilegian a cualquiera que sustente la otra mirada: víctimas de delitos, sus familiares, políticos que impulsan la ‘mano dura’ y ex policías, entre otros.
En su columna “TV y la agenda del miedo” (La Tercera, 6 de octubre de 2014), el académico Sebastián Valenzuela, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, ya advertía sobre lo distintos móviles, conscientes o inconscientes, que explican por qué se mantiene asustada a la gente: “Atizar el miedo puede ser ‘rentable’ para algunos, al menos en el corto plazo. Lo saben los terroristas (logran llamar la atención), los organismos de seguridad (obtienen más recursos) y los medios de comunicación, especialmente la TV (sube su rating)”.
En todas las grandes ciudades del mundo ocurren delitos y, obviamente, la prensa debe darles cobertura, tal como a noticias de carácter político, económico o cultural, entre otras.
Pero en Chile hace años que la ‘crónica roja’ -que además hoy cuenta con el recurso gratuito de cientos de cámaras de seguridad dispersas por calles, comercios y viviendas- desplazó a todas las demás, copando buena parte de noticiarios, programas matinales y reportajes. Se crearon, además, nuevos géneros televisivos, como los docurealities policiales en horario estelar. Al respecto, Valenzuela apunta al fondo y subraya una escasa autocrítica de los canales de TV.
“Contrario a lo que opinan muchos editores, los medios sí influyen en las percepciones de la población sobre su seguridad. Es más, no es exageración decir que gracias a la TV, el nivel de temor de la población es superior al esperable, dadas las actuales tasas de criminalidad. Es la conclusión que se saca de una reciente investigación en que se analizaron más de 10 años de encuestas, análisis de contenido de los noticieros centrales, datos de victimización y de denuncia” (…) Hay una correlación entre la atención que los noticieros le dan a la seguridad ciudadana y la manera en que la opinión pública se comporta en torno a este tema”, afirma.
La curiosa percepción chilena
Múltiples estudios confirman esta disociación entre los datos objetivos, que ubican a Chile en niveles razonables de control de la delincuencia, versus la percepción de que ésta está desbocada. Por ejemplo, el informe 2014 sobre seguridad ciudadana para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dedica varios párrafos al curioso caso chileno.
“Honduras y Chile ilustran la diferencia entre inseguridad percibida y real. Honduras tiene la mayor tasa de homicidios del mundo (86,5 por cada 100 mil habitantes), pero los niveles de percepción están en la media regional: 8 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en sus barrios y 6 de cada 10 percibe que la situación de seguridad personal no se ha deteriorado (el 53 por ciento opina que está igual). En contraste, en Chile, el país con menores tasas de homicidio de la región (2 por cada 100 mil habitantes) y niveles bajos de victimización por robo, la percepción de inseguridad es mayor que en Honduras. Sólo 7 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en su barrio y 6 de cada 10 perciben que su seguridad no se ha deteriorado”.
El informe del PNUD tiene una explicación para esta distorsión perceptual: “El aforismo de que la prensa debe ser ‘libre pero responsable’ resume bien el ideal de los medios de comunicación en el marco de una democracia (…). La información es un derecho ciudadano, y la buena información es un requisito para tomar buenas decisiones públicas”, señala.
Pero el estudio advierte que este ideal está hoy desvirtuado por varias causas, como privilegiar la rapidez en perjuicio de la calidad y confiabilidad de la información, haciendo ver que delitos que ocurren como en cualquier sociedad tienen la dimensión de una conducta generalizada. “Se vincula con la descontextualización de los hechos delictivos: en busca de llamar la atención del espectador para poder venderse, los medios se centran en hechos concretos y olvidan el ontexto”, advierte.
El informe destaca como otro factor de distorsión el uso del sensacionalismo para captar audiencia: “Como señala Vargas Llosa ‘la frontera que tradicionalmente separaba al periodismo serio del escandaloso y amarillo ha ido perdiendo nitidez’. La lucha competitiva por la audiencia tiende a sustituir las prioridades: lo nuevo pasa por encima de lo importante, lo que divierte por encima de lo pedagógico y lo que genera recursos por sobre las informaciones que no reportan tantos ingresos”, agrega.
Aunque se sabe que el sensacionalismo desvirtúa la información, el informe subraya que es especialmente nocivo para la sociedad cuando se refiere a la delincuencia: “Aplicado a las informaciones sobre la seguridad, (el sensacionalismo) conlleva el aumento de la percepción del temor, la distorsión o magnificación de la realidad -al agrandarse la brecha entre percepción de inseguridad y hechos que ocurren-, así como el deterioro en la confianza en las instituciones o la estigmatización de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, como los jóvenes, a quienes se criminaliza y se les atribuyen comportamientos criminales (PNUD 2009). Esta estigmatización corresponde a una violencia simbólica, que puede influir en la normalización de respuestas disfuncionales -como la limpieza social- en contra de estos grupos”.
Siguiendo este argumento, podría ocurrir que un canal de TV de Amsterdam decida captar audiencia explotando los homicidios, asaltos o delitos sexuales que sin duda ocurren en la capital holandesa, más allá de tener los indicadores de delitos más bajos del mundo. Si esta estrategia comercial les resultara, podría ser emulada por otras estaciones de TV, de modo que durante años los hogares holandeses estarían copados de imágenes de delitos. Con ello, seguro que aumentará la percepción de inseguridad de la gente, aunque las cifras digan lo contrario.
Pero hay más informes que señalan a Chile como un virtual oasis en el continente. El Índice Global de Paz 2015, del Institute for Economics & Peace -que tiene entre sus indicadores los niveles de violencia y el miedo a ella- destaca a Chile en el primer lugar en América Latina y dentro del selecto grupo de 30 países (29°) que gozan de notables niveles de paz y tranquilidad La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Editorial La Tercera, 20 de abril de 2014), que considera a América Latina una región peligrosa, destaca a Chile por tener los mejores indicadores, destacando además la transparencia y confiabilidad de sus datos para luchar contra el delito.
A pesar de esto, el estudio ‘Diez datos económicos sobre el delito y encarcelamiento en Estados Unidos’ (OCDE, 2014) muestra que Chile es el segundo país con más presos per cápita de la organización (266 cada 100 mil habitantes), superado sólo por la potencia del norte, que con una tasa de 710 cada 100 mil habitantes se acerca al 1 por ciento de su población encarcelada (cerca de 3 millones de personas).
Sociedad asustada y políticas públicas
En Chile las encuestas consignan que la preocupación por la delincuencia se mantiene desde el retorno de la democracia, a principios de los ‘90, momento en que según Paz Ciudadana recogía un 40 por ciento de las opiniones, juntos con salud, educación y empleo. Sin embargo, ya en 2005 la cifra se disparó al 55 por ciento y en 2015, según el CEP, subió hasta el 60.
El mundo político y parlamentario han reaccionado tratando de responder a sus electores con iniciativas que endurecen el sistema penal -por la vía de ampliar la tipificación de delitos y aumentar las penas-, además de invertir enormes recursos en nuevas cárceles, mayor contingente para Carabineros e Investigaciones, mejores sistemas operativos para ambas policías y aumento de la planta de fiscales del Ministerio Público, entre otras medidas.
De hecho, la primera ‘agenda corta anti delincuencia’ se promulgó en 2007 y, entre otras cosas, permitió a los fiscales dejar detenidos a los imputados cuando el persecutor apelara al rechazo de su prisión preventiva, hasta que la Corte lo resolviera.
Estas y otras decisiones posteriores han fortalecido esencialmente la persecución del delito. Es decir, operan después de que éste fue cometido, lo que demuestra que su foco no está en evitar que el ilícito se produzca, sino en llevar a los responsables a la cárcel.
Se trata de medidas que cuestan millones de dólares, en su mayoría como gasto permanente. Para los expertos, ello implica concentrar los siempre limitados recursos del Estado en la represión del delito -que es la forma menos eficiente de luchar contra la delincuencia-, en perjuicio de la prevención y la reinserción social de los infractores, que en todo el mundo han demostrado ser más eficientes para disminuir progresivamente las tasas de delito.
En una columna de opinión sobre los desafíos de la política penitenciaria (El Mercurio, 3 de septiembre de 2013), la directora de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, expresó que “todo indica que estamos haciendo un uso excesivo de la cárcel, pues tenemos una tasa de encarcelamiento comparadamente alta (296 reclusos cada 100 mil habitantes) y un bajo uso proporcional de penas alternativas a la reclusión (alrededor de 50 por ciento de la población penal cumple penas en medio libre en Chile, mientras en países desarrollados esta cifra llega hasta el 80 por ciento) y, además, las coberturas de programas de reinserción aún alcanzan a tasas de no más del 5 por ciento de la población penal”.
En el mismo texto, Mertz hizo una advertencia: “Si nuestros líderes caen en la tentación del populismo penal, sólo aumentaremos el gasto en cosas que ya se sabe que no funcionan”.
La pauta de los medios sirve aquí, de nuevo, como demostración de que la tendencia es la contraria. De hecho, las noticias sobre iniciativas de rehabilitación o reinserción alcanzan mucho menor difusión que el ‘portonazo’ de turno.
En abril de 2011, La Segunda consignó que los “colegios dentro de los penales logran bajar la reincidencia del 75 al 20 por ciento”, aunque en la misma nota la Corporación de Rehabilitación Social (Coresol) advertía que los internos que pueden acceder a estas iniciativas son muy pocos, porque no hay instalaciones y monitores suficientes.
En la misma línea, la Fundación de Defensa del Niño (Codeni) explicaba en El Mercurio (16 de junio de 2014) que debía hacer milagros para rehabilitar a los jóvenes con los 178 mil pesos de subvención que el Estado les entrega por cada uno, pese a lo cual logra que el 69 por ciento de ellos no reincida en el delito.
¿Seguir a la masa o a los expertos?
Pero muy lejos cualquier reflexión experta, la gente está tan indignada con la delincuencia, que los argumentos más documentados en favor de la prevención parecen no convencer
a nadie. El clamor masivo exige siempre más mano dura, tal como lo reflejaban las redes sociales con el ‘Cisarro’.
Más allá de los viscerales llamados a ejecutar al adolescente, tales mensajes revelan una nula confianza con todo aquello que no apunte a la represión del delito. La prevención, además, es vista como una estrategia muy costosa y de largo plazo, lo que se opone a la necesidad de soluciones rápidas y eficaces.
De nuevo, los expertos señalan que la experiencia y los estudios sobre el tema demuestran lo contrario. El jurista alemán Claus Roxin, considerado uno de los máximos referentes mundiales del derecho penal, visitó Chile en 2009 y advirtió el error generalizado que los políticos de distintos países cometen por dar gusto a sus electores.
El 27 de septiembre de ese año, dijo en El Mercurio: “Los políticos siempre prometen mayores sanciones y piden un derecho penal más grave (…) Siempre la gente y los políticos exigen que los delincuentes sean tratados con toda la rudeza de la ley. Y es normal. Sin embargo, todos los especialistas recomiendan exactamente lo contrario”.
Roxin explicó que si bien hay que encarcelar a los delincuentes peligrosos -que proporcionalmente son pocos-, a la mayoría, y especialmente a los menores de edad no hay que encerrarlos, sino que someterlos a regímenes de cumplimiento en libertad con terapias serias, para que se reinserten en la sociedad y no vuelvan a delinquir.
“El preso se transforma en antisocial, se aleja de su familia y conoce otros presidiarios. Hoy el 80 por ciento de las penas en Alemania son en libertad”, ejemplificó. Agregó que la prevención es el mejor camino contra la delincuencia: “La solución no está en el derecho penal, está en combatir el problema. Los gobiernos y los sistemas de ayuda social deben intervenir antes de que ocurran los delitos”.
Respecto de los jóvenes como ‘Cisarro’, enfatizó que el Estado no debe intervenir sólo para castigarlos, sino que mucho antes, para sacarlos de la marginalidad: “Se debería ayudar consistentemente a los padres que no pueden velar por sus hijos”, aseguró.
Otro experto alemán que vino a Chile en 2009, invitado por el Sename, es Joachim Walter director del Centro Penitenciario Juvenil de Adelsheim. Su argumento fue similar: se puede disminuir fuertemente la delincuencia juvenil si se invierte en la rehabilitación de los jóvenes infractores.
Explicó que en Alemania, el 70 por ciento de los jóvenes infractores privados de libertad que ingresaron a entrenamiento vocacional lograron reinsertarse en la vida laboral y rehabilitarse y que sólo el 21 por ciento de los que completaron sus cursos reincidieron en el delito. En cambio, en aquellos que no completaron sus cursos la reincidencia se elevó al 50 por ciento.
Por lo mismo, enfatizó que lo más eficiente es “una buena política preventiva. Que existan posibilidades para que todos los jóvenes puedan insertarse en la sociedad (…) La clave no es el centro penitenciario, sino un buen entorno en el que los niños puedan crecer”.
¿Dos golondrinas hacen un verano?
Pero estas opiniones siguen sin tener eco masivo en Chile. De hecho, el último Índice de Victimización Paz Ciudadana Gfk Adimark 2015, difundido el lunes 16 de noviembre, mostró un resultado totalmente contradictorio: mientras la victimización promedio bajó un 4,6 por ciento respecto de 2014, la cifra de temor subjetivo aumentó un 7 por ciento en el mismo período (pasó de 13,8 por ciento a 21,1 por ciento).
Fue una nueva confirmación de esta curiosa disociación entre realidad y percepción que caracteriza a nuestro país. La diferencia, esta vez, estuvo en dos reacciones mediáticas novedosas, ambas muy críticas respecto del rol que los medios de comunicación ejercen para modelar esta percepción pública de temor.
En el primer caso y en el marco de los “Seminarios por un nuevo Chile”, la periodista Beatriz Sánchez expuso en la mesa de discusión “Crítica social, memoria y medios de comunicación masivos”.
Allí se hizo cargo de la actual realidad de propiedad concentrada que caracteriza a los medios en Chile y sostuvo que es necesario cambiarla, para lo cual no basta con los llamados ‘medios alternativos’, porque es necesario “cambiar las cosas desde abajo”.
“Tiene que haber una mirada país. Debe haber una nueva Constitución. Parte de la discusión tiene que ser el derecho a la información y la propiedad de los medios de comunicación”, agregó.
También se refirió a la generación del clima mediático de inseguridad, impulsado desde distintos medios: “El tema de la delincuencia, se impuso en los medios hace seis meses, justo cuando hablábamos de reformas. No había un aumento real de la delincuencia e incluso se creó una agenda corta de la delincuencia. Se cambió el foco de las reformas al miedo”, aseguró.
El mismo lunes 16, en tanto, los periodistas Daniel Matamala y Mónica Rincón plantearon -en el espacio editorial del noticiario central de CNN-, que “algo no cuadra” en el debate sobre delincuencia:
“¿Cómo es posible que la realidad esté tan divorciada de la percepción, que según la misma encuesta estemos más seguros pero vivamos sintiéndonos más inseguros? Los medios de comunicación, que precisamente mediamos entre la realidad y las personas, tenemos que hacer una autocrítica al respecto, y también las autoridades, políticos y líderes de opinión, que azuzan un discurso muchas veces alarmista, porque claro, el miedo da rating, pero también da votos”, sostuvieron.
También explicaron que “no se trata de minimizar el problema de la delincuencia, que es un asunto grave. Y, para cualquiera que haya sido víctima de un delito, no hay ninguna estadística que valga de consuelo, pero ese debate debe hacerse en serio, con cifras arriba de la mesa, con más responsabilidad y menos alarmismo”.
Al cierre de esta edición, El Mercurio publicó en su portada que el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, reveló que el 85 por ciento de los jóvenes imputados están fuera del sistema escolar, tienen adicciones y están en situación de abandono, confirmando que debe invertirse en esos niños y adolescentes para sacarlos de su situación encaminada hacia el delito.
En contraste, la noticia siguiente confirmaba el gran y sostenido aumento de la inversión en Carabineros, cuyo presupuesto 2016 sumará 1 billón 19 mil 818 millones de pesos (más de mil 440 millones de dólares), cifra que prácticamente equipara el gasto conjunto de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, según el mismo medio.
* Publicado en el número 93 de la revista de la Defensoría Penal Pública.
