En la discusión suscitada en torno al llamado control preventivo de identidad, sus opositores han señalado que es una medida ineficaz para proveer mayor seguridad –el argumento pragmático– además de implicar una amenaza para los derechos humanos –el argumento constitucional–. Quisiéramos agregar un argumento al debate que, sin ser original, creemos que ha sido insuficientemente atendido. El sistema penal en general contribuye a crear una línea que separa el Chile A –infalible y prepotente– y el Chile B –discriminado y vulnerable–. O también, el control preventivo de identidad, en línea con distintas políticas punitivas impulsadas por la Concertación desde los noventa, contribuye a dividir las realidades en que viven los chilenos.
Para el Chile A –que apoya la nueva facultad policial– el riesgo de padecer un control de identidad no existe. Los chilenos A saben que no serán sometidos a controles en sus calles, nadie registrará sus autos camino al trabajo, ni serán testigos de razias en sus comunas. Además, dado su escaso contacto con el sistema penal, el Chile A mantiene una extrema confianza en la policía y desconoce las humillantes y violentas consecuencias que puede tener un control de identidad. Al Chile A nada de esto le preocupa. Su pasiva aceptación de este deber de identificarse por el solo hecho de usar los espacios públicos se debe a que será el otro, el pobre, el marginal, el flaite, el Chile B, quien sufrirá sus consecuencias.
Mientras tanto, el Chile B permanece relegado a la marginalización urbana, educacional y penal a que lo somete la política populista chilena. Si un ciudadano del Chile B, de diecinueve años, con su polerón Adidas, a las cinco de la mañana, camino al trabajo, es detenido arbitrariamente, esa injusticia no será asunto de preocupación pública. Tampoco causarán indignación los abusos que se cometan en los barrios periféricos y pobres. Bajo este modelo, la experiencia cotidiana de nuestros conciudadanos del Chile B es y será invisible e irrelevante. Aunque con esta ley cualquier persona por cualquier motivo podrá ser sometida al procedimiento de control, serán los ciudadanos del Chile B los que vivirán sus consecuencias. Su falta de poder les impedirá alzar la voz en contra de esta medida violenta y brutal.
La posibilidad de remediar esta injusticia será política y prácticamente inexistente. Si en su momento se derogó la detención por sospecha se debió a un contexto histórico excepcional. Salvo que refundemos la justicia penal chilena, el Chile A –poderoso e influyente– no defenderá al Chile B, ni aun conociendo las injusticias cometidas por el brazo policial.
[cita tipo=»destaque»]Debido a esta política persistente de apartheid a la chilena, mientras el Chile A se pasea tranquilo por su vereda de pasto, camina hacia su colegio privado, asiste a la universidad y arriba al éxito profesional, el Chile B transita por la miseria de la calle vigilada, de los colegios municipales abandonados, de los pasillos escalofriantes del Sename, de la violencia de los cuarteles policiales para terminar comiendo con la mano en la barbarie de la cárcel.[/cita]
Ni los dos millones de controles realizados anualmente ni los varios casos de abuso policial cometidos a propósito del control de identidad vigente han sido visibilizados para que los conozca la opinión pública. ¿Quiénes fueron las personas sometidas a estos dos millones de controles?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿dónde están los registros y justificación de estos controles?, ¿en qué terminaron sus detenciones? ¿cuánta efectividad demuestra un control de identidad en la prevención del crimen? Mientras hoy legisla ampliando aún más los poderes de la policía, el Chile A jamás se ha interesado por estas preguntas.
Desde su tribuna en el Chile A, Andrés Chadwick ha argumentado que no existen antecedentes que permitan temer que el control de identidad será mal utilizado. Esta ignorante aseveración recuerda la clásica forma que ha tenido la derecha de enfrentar las acusaciones de violaciones de derechos humanos. Negar los abusos del Estado y la discriminación policial y llegar a reconocerlos solo en la medida en que sean descritos como “casos aislados” o cometidos contra sujetos “peligrosos y antisociales”.
Debido a esta política persistente de apartheid a la chilena, mientras el Chile A se pasea tranquilo por su vereda de pasto, camina hacia su colegio privado, asiste a la universidad y arriba al éxito profesional, el Chile B transita por la miseria de la calle vigilada, de los colegios municipales abandonados, de los pasillos escalofriantes del Sename, de la violencia de los cuarteles policiales para terminar comiendo con la mano en la barbarie de la cárcel.
