Han pasado ya cinco años desde el 2011, año en el que se visibiliza el profundo problema de la educación y el negocio creado en ella. Casos como el de la posible venta de la Universidad Central, permitieron develar cómo los dueños de instituciones de educación superior podían dejar a la deriva a miles de estudiantes a partir de salvaguardar sus propios intereses. Los y las “estudiantes de privadas”, abandonados por la política educacional de la transición, vivían la incertidumbre que produce la desregulación y constituían gran parte del malestar que se profundizó hasta la actualidad.
Hoy vemos cómo estos casos se siguen repitiendo. La complejidad de la educación de mercado, donde bien podríamos estar hablando de una empresa cualquiera, se expresa en el cierre anticipado de carreras o de universidades completas. Cómo olvidar el emblemático cierre de la Universidad del Mar, o el cierre de carreras de la Universidad Viña del Mar o de Los Leones; en la falta de un protocolo de cierre que dé respuesta efectiva a miles de sueños, en estudiantes y familias endeudadas con créditos millonarios o estafados, en embargos a modo de cobranza bancaria por confiar en la promesa de movilidad social. Incluso, las demandas más básicas de transparencia y derechos de los estudiantes se tramitan en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), siendo la expresión más ejemplificadora de estudiantes vistos como clientes en una lógica de consumo.
[cita tipo=»destaque»]Hoy es urgente que el Mineduc –no el Sernac, no el Ministerio de Hacienda, el Mineduc– se haga cargo de la situación en la que se ha dejado a miles de estudiantes, trabajadores y académicos. Es el año de la reforma y es necesario que esta sea para todos y todas, sin importar el lugar de estudio, porque debemos garantizar el derecho a la educación.[/cita]
Los institutos o Universidades Privadas se erigen con el argumento de ser sustentos materiales para el desarrollo del conocimiento que se quiere impartir, no necesariamente el que todo Chile requiere.
En ello, se generan dos problemas en la realidad: el primero es que a pesar de que se han construido instituciones que persiguen dichos fines, existen muchas (si no la mayoría) que se han transformado en un gran nicho de negocios. Acción muy útil para los dueños de la educación y de muchos otros “derechos”: el gran empresariado. Como un negocio cualquiera, se invierte en lo que se estima conveniente, se deja de traer un producto –carreras– porque no se vende como otro, las ingenierías son más rentables que las humanidades. El segundo es que ingresar a dichas instituciones cada vez es menos una opción y ha pasado a ser la única posibilidad que queda para miles de estudiantes. Lo que entrega una doble responsabilidad para el Mineduc y el curso del proyecto de educación superior: expansión de la educación pública y erradicar el mercado de nuestras casa de estudio.
Con este contexto las y los estudiantes levantamos la necesidad de una vocería de las universidades privadas en la Confech. No como una frontera entre las universidades tradicionales y las que fueron generadas con posterioridad a 1980, sino como herramienta para desenmascarar la faceta más sórdida del negocio de la educación y demostrar que las demandas por una Nueva Educación son transversales, independientemente del tipo de universidad. La necesidad de visibilizar y familiarizar a la sociedad chilena con esta problemática se vuelve hoy una disputa irrenunciable.
Llevamos solo tres meses en la Vocería de las Universidades Privadas de la Confech y la profundización de las desigualdades entre las y los estudiantes de una u otra institución, son pan de cada día. Nos ha tocado acompañar a compañeros que recién están levantando su propia organización, luego de años de prohibición, hemos apoyado a compañeros a quienes les han embargado sus casas, compañeros que a mitad de marzo les avisan que no pueden seguir estudiando porque sus carreras dejaron de rendir económicamente para sus dueños, entre otros. Ante esto, no podemos permitir la naturalización de la evasión del ministerio sobre la discusión de fondo: por qué, dónde y cómo es necesario que se eduque la ciudadanía. El fortalecimiento de instituciones que den respuesta a las necesidades de un país y no solo al interés del 1% que puede financiar sus proyectos es imperante.
No queremos comprar más títulos que solo dejan deudas y no aseguran empleo. No podemos permitir que la estafa a miles de compañeros se procese por el Sernac y no por la institucionalidad a cargo de velar por la educación. De permitirlo, solo estaríamos validando que la educación en Chile sea un negocio, acorde a un interés individual y no parte del desarrollo de todo Chile.
Hoy es urgente que el Mineduc –no el Sernac, no el Ministerio de Hacienda, el Mineduc– se haga cargo de la situación en la que se ha dejado a miles de estudiantes, trabajadores y académicos. Es el año de la reforma y es necesario que esta sea para todos y todas, sin importar el lugar de estudio, porque debemos garantizar el derecho a la educación.
Esa es la disposición de las y los estudiantes y por ello llamamos a los que viven los abusos de la educación de mercado, a los profesionales endeudados, a los cesantes ilustrados, a los estudiantes estafados, a las familias que han puesto su esfuerzo por otro futuro, a movilizarnos el 21 de abril. Hoy la oportunidad es histórica y esperamos que se logre dar el ancho, porque pelear por una nueva educación es pelear por otra sociedad.
