Señor Director:
Durante la semana se aprobó en el Senado el proyecto de “agenda corta contra la delincuencia”. Ante esto, y considerando que todavía quedan discusiones legislativas sobre el tema, es que como estudiantes de derecho hemos decidido hacernos parte del debate. En esta columna pretendemos recalcar cuatro puntos que nos parecen muy preocupantes del artículo 12 del proyecto, que establece la facultad de “control preventivo de identidad”, también conocida como detención sin sospecha. La norma ha sido criticada duramente por un sinfín de actores sociales y políticos, entre los que destacamos a un grupo de Ministros de la Corte Suprema, el INDH, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la UNICEF, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, entre otros.
Los puntos que nos preocupan son la inutilidad del proyecto, el incentivo a abusos policiales y a discriminación y la vulneración especial a los derechos del niño. Si bien ninguno de los planteamientos es nuevo, consideramos necesario volver a presentarlos ante las lamentables y escasas respuestas que han recibido.
1. Inutilidad para combatir la delincuencia
Consideramos que con este proyecto se está intentando tapar el sol con un dedo. Se ha dicho que la iniciativa sería una buena forma de prevenir delitos y de ejecutar órdenes de detención pendientes, pero la evidencia muestra que la medida no logra ninguno de estos fines.
Si se pretende prevenir infracciones, hay que hacer campañas comunicacionales fuertes y preocuparnos de la educación y las causas sociales del delito; y si se quiere ejecutar órdenes de detención pendientes, evaluemos los mecanismos de seguimiento de las órdenes actualmente vigentes.
Lo anterior se hace especialmente relevante cuando notamos que ya hay facultades suficientes para combatir estos problemas, como la actual facultad de Carabineros para realizar un control de identidad para cuando haya indicios de que alguien puede haber cometido o intentado un delito o se dispusiere a ello. En este sentido, entendemos que si el proyecto busca eliminar el requisito de justificación, lo que realmente se pretende permitir es la detención sin sospecha alguna o con sospechas arbitrarias. Sobre lo primero, la libertad de tránsito queda afectada irremediablemente, ya que no habría ningún motivo para que se ejecute el control; y sobre lo segundo, la situación es más grave todavía, porque se estaría camuflando una detención ilegal en un control “preventivo”. Fuera de estos dos casos, no hay cómo entender que la ley le amplíe las ya enormes facultades de control de identidad a carabineros.
2. Abusos descontrolados
Este tema es particularmente grave. Durante los últimos años hemos presenciado una cantidad aberrante de abusos de parte de Carabineros con las facultades de control de identidad que ya tienen. Y en estos casos, una de las grandes defensas de las víctimas está en que el control de identidad fue realizado sin indicio alguno, lo que vulnera su derecho a la presunción de inocencia. En este panorama, eliminar la exigencia de indicio podría lograr que estos abusos aumenten, y que se usen justificaciones que no deberían tener, ya que no habrá posibilidad de controlar la racionalidad del actuar policial. Hemos visto que la policía suele sobrepasar los límites que le impone la ley, y mientras más laxa sea la ley con ellos, más graves serán sus abusos.
3. Discriminación
La facultad que criticamos tendrá como principales afectados a los grupos ya fuertemente discriminados como los jóvenes, los pobres, los indígenas y los migrantes, perpetuando las vulneraciones a los derechos humanos de quienes ya son excluidos en nuestro país.
Esto se produce porque como sociedad hemos decidido culpar de la delincuencia a ciertas categorías de personas, lo que se basa solamente en meros prejuicios infundados. Lo grave es que, a pesar de que no hay ningún argumento empírico que sustente esta forma de entender la delincuencia, parece ser que esta idea está muy difundida y arraigada en todos los niveles y grupos de nuestra sociedad.
Así, el carabinero con facultad de detención sin sospecha tendrá una mayor propensión a ejercer su facultad sobre estos grupos (y sobretodo sobre quienes pertenezcan a más de un grupo a la vez).
En esta línea, se hace muy preocupante que se pueda practicar una detención por parte de Carabineros a cualquier persona sin indicio alguno, ya que es altamente probable que la detención sin sospecha termine siendo aplicada principalmente sobre los grupos ya mencionados.
En el fondo, si uno se pregunta con seriedad a quién se aplicará esta medida, es inevitable responder que serán los estigmatizados de siempre los que sufrirán las consecuencias de aquella, además de que, por supuesto, siempre existirá la posibilidad de que cualquier ciudadano sea detenido en cualquier momento por una razón que sólo descansará en el criterio de un funcionario de Carabineros de Chile.
Por lo anterior, hacemos un llamado a todas las personas, a que protesten en contra de este proyecto por los medios que puedan. Llenemos las calles, las redes sociales y los medios con nuestro descontento, porque no podemos permitir que nuestros derechos más básicos se vean vulnerados por medidas inútiles dignas solamente de un gobierno totalitario.
4. Derechos del niño
Es especialmente preocupante que la ley permita que se controle la identidad de menores de edad y que, en caso de no contar con un documento de identidad, se les pueda detener hasta por una hora. El daño que esto puede producir en el desarrollo de un niño es absolutamente superior a la posibilidad de que se prevenga un delito. Ya lo dijo la UNICEF y tuvo mucha razón: Si queremos hacernos cargo de la delincuencia infanto-juvenil, tenemos que evaluar los estándares de responsabilidad penal adolescente, y no darle facultades absurdas y excesivas a Carabineros para que detengan menores sin justificación o con justificaciones arbitrarias.
Para terminar, consideramos relevante expresar que nos parece aberrante el argumento de “quien nada hace, nada teme”, y proponemos que se reformule de una forma más honesta y se diga “quien sea chileno, de clase media-alta, adulto y no indígena, nada teme”.
Josefa Bejarano.
Catalina Leiva.
Vicente Martínez.
Manuela Tironi.
Valentina Zagmutt.
Estudiantes de Derecho UDP.
