Opinión
La respuesta de Sernapesca aumentó aún más nuestras dudas, ya que nos enviaron un único documento relacionado con una reunión oficial que habían sostenido ambos representantes, pero se negaron a entregarnos los correos electrónicos.
El año pasado investigamos a la industria salmonera nacional. Denunciamos el uso de colorantes, antibióticos, fungicidas y antiparasitarios. Nos interesaba dar a conocer los posibles efectos de estos elementos en la salud de los consumidores y el impacto que la forma de producción tiene en el medio ambiente.
En el marco de esta investigación encontramos un documento emitido por el Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia del 6 de abril del 2015, señalando que debido a “la detección de materias prohibidas y dañinas durante el control de laboratorio reforzado en los productos importados desde Chile a la Federación de Rusia, Rosseljoznadzor desde el 21.04.2015 aplica una restricción provisoria para la importaciones a la Federación de Rusia de los productos de la empresa indicada en la tabla № 1”. El motivo de la restricción había sido la detección de Listeria monocytogenes (leer traducción) en salmón congelado sin vísceras con cabeza, importado por Productos del Mar Ventisqueros S.A.
Para este mismo reportaje entrevistamos al director de Sernapesca, José Miguel Burgos, y al gerente general de SalmonChile, Felipe Manterola. Durante el reporteo surgieron dudas fundadas con respecto a la eventual falta de independencia que pudiera tener el ente fiscalizador frente a la industria fiscalizada y por lo mismo realizamos una solicitud de acceso a la información, requiriendo a Sernapesca la entrega de las actas de reuniones y de las comunicaciones que su director pudiera haber sostenido con el Gerente General de Salmon Chile en el último tiempo.
La respuesta de Sernapesca aumentó aún más nuestras dudas, ya que nos enviaron un único documento relacionado con una reunión oficial que habían sostenido ambos representantes, pero se negaron a entregarnos los correos electrónicos aduciendo que “la solicitud de información fue puesta en conocimiento de la empresa consultada, oponiéndose ésta a la entrega de los correos electrónicos”, argumento al que luego añadieron que “la divulgación de los correos electrónicos requeridos podría entorpecer el ejercicio en plenitud del privilegio deliberativo del Director Nacional a la hora de ejercer sus funciones”.
[cita tipo= «destaque»]Hay un dicho que los periodistas esgrimimos con frecuencia: el que nada hace, nada teme. A la luz de lo que está ocurriendo hoy en Chiloé y de las sospechas que los pescadores tienen con respecto a las explicaciones de Sernapesca, más imperativa se torna la transparencia de los órganos del Estado.[/cita]
Apelamos al Consejo para la Transparencia, y en septiembre pasado fallaron a nuestro favor, requiriendo a Sernapesca entregar los correos electrónicos, señalando que: «El Director Nacional de Sernapesca detenta entre sus funciones, ‘adoptar medidas, controles y dictar las resoluciones necesarias para la aplicación, cumplimiento y fiscalización de las leyes, reglamentos y en general cualquier norma sobre pesca, acuicultura y demás formas de explotación de los recursos hidrobiológicos’. Asimismo, deberá dictar resoluciones para controlar la inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura de exportación e importación. Que este Consejo ha determinado por votación mayoritaria, alcanzada con el voto del Consejero Sr. Marcelo Drago Aguirre y el voto dirimente de su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y con la disidencia de los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu, que los correos electrónicos consultados son públicos. Que, en tal sentido, este Consejo hace presente que si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión».
Sin embargo, SalmónChile decidió interponer un Reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, del cual aún no tenemos noticias.
Hay un dicho que los periodistas esgrimimos con frecuencia: el que nada hace, nada teme. A la luz de lo que está ocurriendo hoy en Chiloé y de las sospechas que los pescadores tienen con respecto a las explicaciones de Sernapesca, más imperativa se torna la transparencia de los órganos del Estado.
Es urgente que los ciudadanos podamos creer en nuestras autoridades y eso pasa por confiar en que sus acciones son independientes de los intereses de los sectores empresariales. Para algunos esto puede sonar ingenuo. Para muchos, esta es la forma en que quisiéramos que funcionara nuestro país.
*Adjunto el documento ruso y su traducción al español, así como el fallo del Consejo para la Transparencia.
