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Estudiantes de IP y CFT: negocio de la educación y moneda de cambio del mundo político

por 9 mayo, 2016

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Durante el período de campaña del gobierno de Michelle Bachelet la gran bandera del programa de la hoy Nueva Mayoría era sin duda el otorgamiento del beneficio y el derecho de la gratuidad de estudios en las instituciones de educación superior, demanda histórica de los estudiantes y sumamente influyente desde hace por lo menos 5 años.

Sin embargo, las condiciones y la implementación de esta fueron variando con el paso del tiempo. La reforma que planteaba beneficiar a más de 600.000 estudiantes de educación superior a nivel nacional terminó siendo una vergonzosa política de Estado que refleja la inoperancia de una casta política completamente deslegitimada e inmersa en un profundo sistema de corrupción que beneficia a unos pocos.

Entonces, ¿qué pasó realmente con la gratuidad en la educación? ¿Qué pasó con aquel beneficio a los estudiantes más endeudados y empobrecidos del sistema educacional chileno?

En enero el Ejecutivo, con mucha parafernalia y orgullo, anunciaba que cerca de 120.000 estudiantes ingresarían a la gratuidad, de los cuales hoy son 40.000 los confirmados –en su mayoría de Universidades tradicionales y estudiantes de primer año– y 80.000 siguen en el limbo de la incertidumbre y la inseguridad.

Como si fuera poco, se destapa el tremendo error dentro del proceso de implementación donde son la Confech y los estudiantes los que tienen que recurrir en socorro del Mineduc para cuantificar los daños, donde finalmente se arrojó que más de 500 estudiantes ya seleccionados para obtener el beneficio fueron apartados del proceso y no recibirán aquella gratuidad nacida en la UTI.

Al día de hoy será solo un 14% de los estudiantes el que realmente recibirá la gratuidad del gobierno. Entonces, si realizamos una representación gráfica de qué estudiantes son beneficiados, solo 7 de 50 en un aula normal de clases serían seleccionados de forma efectiva. Por ende, los 43 estudiantes restantes de nuestra sala financiarían su educación mediante créditos, becas o simplemente un enorme y costoso desembolso monetario por parte de las familias. ¿Qué pasa con el porcentaje restante?, simplemente hoy quedamos fuera. Más del 85% de los estudiantes de educación superior en este momento pierde el beneficio de la gratuidad.

Al día de hoy será solo un 14% de los estudiantes el que realmente recibirá la gratuidad del gobierno. Entonces, si realizamos una representación gráfica de qué estudiantes son beneficiados, solo 7 de 50 en un aula normal de clases serían seleccionados de forma efectiva. Por ende, los 43 estudiantes restantes de nuestra sala financiarían su educación mediante créditos, becas o simplemente un enorme y costoso desembolso monetario por parte de las familias. ¿Qué pasa con el porcentaje restante?, simplemente hoy quedamos fuera. Más del 85% de los estudiantes de educación superior en este momento pierde el beneficio de la gratuidad.

Sin embargo, el Mineduc, teniendo presente las condiciones, sigue apostando al endeudamiento de los estudiantes mediante esta pseudogratuidad a través de recursos por presupuesto a los distintos instrumentos de financiamiento y endeudamiento, como por ejemplo el Crédito con Aval del Estado (35% del presupuesto), becas y otros créditos o becas aparte (25,5% del presupuesto).

¿Qué pasó finalmente con los CFT e IP?

La administración de los recursos y las políticas ineficientes en torno a la educación han realizado su golpe más fuerte en el sector de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, instituciones de educación que hoy poseen la mayor cantidad de estudiantes matriculados (cerca de un 45% del total de matriculados de educación superior) y además pertenecientes a los sectores socioeconómicos más empobrecidos del país (alrededor del 65% de los estudiantes de los CFT e IP pertenece a los dos primeros quintiles socioeconómicos).

Durante el proceso de implementación de la reforma, como CFT e IP no solo hemos sido apartados de la discusión, sino también de la construcción del proyecto y además hemos sido utilizados como un instrumento de negociación por la clase política para implementar un proyecto sumamente segregado y deficiente.

Este tipo de instituciones no solo representa a la mayor cantidad de estudiantes de educación superior, sino que son aquellas que anualmente más crecen en estudiantes matriculados. Por ejemplo, en el caso de los Institutos Profesionales se ha tenido un crecimiento importante en el periodo 2011-2015 de más de un 50% de la matrícula, proveniente en un 96% de sectores secundarios como liceos municipales y particulares subvencionados.

La solución que se propuso para la implementación del proyecto en estos sectores educacionales es la ampliación de instrumentos, como becas meritocráticas y créditos de endeudamiento, lo que demuestra el deficiente y deplorable enfoque que se tiene sobre la educación de los más empobrecidos de nuestro país.

No es solo el gobierno el que ha hecho posible el negocio de la educación en Chile, sino también todas aquellas instituciones de educación técnica y profesional que existen basadas en una lógica de mercado. Claro es el ejemplo de Inacap, que pasó de ser una emblemática institución estatal de educación para trabajadores y trabajadoras a una universidad que –incluso en su reglamento interno– ve a la educación como un negocio lucrativo y a la organización estudiantil como un delito.

Otro más cercano es el ejemplo de Duoc UC, que nace como una política de extensión de la Universidad Católica y la gestión del rector en ese entonces, Fernando Castillo Velasco, para entregar educación gratuita a obreros y campesinos –de ahí su nombre–, que hoy si bien es una institución sin fines de lucro que entrega educación a miles de estudiantes a lo largo de Chile, el endeudamiento sobre la base de créditos y los beneficios selectivos, son la principal fuente de ingreso de la institución.

Hoy con dinero de todos se está financiando instrumentos de deuda de los estudiantes y otorgando recursos fáciles a la banca privada, con lo cual no solo se deja en evidencia que existe una voluntad del gobierno por no otorgar educación a todos los chilenos, sino que profundizar el sistema de una educación de mercado que ya demostró estar profundamente agotado y desregulado.

Es por esto que hoy con más fuerza somos los estudiantes de los CFT e IP, muchos pertenecientes a más de los 600.000 estudiantes endeudados, los que tenemos tareas importantes por delante. La organización estudiantil y la construcción de espacios de discusión y debate en torno a estos temas es fundamental en espacios donde por años ha sido suprimido todo tipo de vestigio de autonomía e identidad.

Es así como los estudiantes de las instituciones de educación más desiguales debemos decir que la gratuidad implementada por el Ejecutivo es una farsa y esta educación sigue siendo un negocio en beneficio de unos pocos.

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