En las últimas semanas y con ocasión de diversas exposiciones de funcionarios del Ministerio de Educación en distintos centros, se ha desarrollado en la prensa un debate sobre el carácter supuestamente “estatista” de las minutas difundidas por el Ministerio sobre la Ley de Educación Superior.
Más allá de lo que uno pueda pensar sobre las minutas – en todo caso muy insuficientes y centradas en aspectos muy específicos – me parece que el verdadero debate tendría que ser muy diferente.
Una pregunta central en esta discusión es: ¿Qué queda aún del Estado democrático con compromiso social en Chile, después de casi dos décadas de dictadura neoliberal que eliminó sus funciones redistributivas y de más de dos décadas de gobiernos de transición que han buscado recuperarlo privatizando y orientando al mercado sus funciones esenciales?
Esta es una pregunta crucial, porque si queda muy poco del Estado en Chile –salvo en lo que se refiere a su función coactiva y policial – entonces, de lo que en verdad se trata es de reconstruirlo, devolviéndole todas las funciones que se orientan a la garantía de los derechos sociales y la justicia social, por ejemplo en salud y educación.
En ese contexto, el reproche de estatismo más bien parece querer decir que lo que hay que hacer es continuar demoliendo el Estado social, conservando o privatizando cada vez más las instituciones y los espacios sociales.
La temática es compleja, pero en el nivel de las ideas que subyacen a los proyectos políticos recientes, las cosas parecen claras.
Desde la formulación del principio de subsidiariedad por la junta militar en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile en 1974 y algo más veladamente en la Constitución de 1980, es evidente que lo que se busca es reducir las funciones del Estado a su núcleo coercitivo y policial, con una mínima extensión focalizada hacia esferas que el mercado no es capaz de cubrir. El caso de la educación es interesante: desde 1979 y hasta el año 2005, el estado sólo garantiza educación primaria y comodifica la educación secundaria y superior, transformándolas en bienes de mercado.
Es evidente que un estado construido en base a las ideas de Friedman (subsidios a la educación privada para hacer posible la libertad de elección de los padres, incluso de padres blancos que buscan, a través del “free choice” mantener la segregación racial en los Estados Unidos), Hayek (“la justicia social carece de significado”) y Nozick (“los impuestos equivalen a trabajo forzado”) iba probablemente a funcionar buscando eliminar todo compromiso estatal con la justicia social o los impuestos.
[cita tipo=»destaque»] Frente a estas tendencias hacia la privatización de lo público y estas nuevas formas de control de los actores sociales, es también inevitable preguntarnos Pero, ¿para qué necesitamos reconstruir un Estado democrático, o la educación estatal?[/cita]
Los años de los gobiernos de la Concertación traen otras ideas y visiones. La Tercera Vía, de Tony Blair es en estos tiempos muy influyente. Para estas posturas, no se trata ya de impulsar la utopía anti-estatista neo-liberal, sino de recuperar un papel institucional del estado, sólo que a través de la privatización de sus funciones.
Es el período de la “Modernización del Estado” y del desarrollo de lo que se llama “Nueva Gestión Pública”: la era de las licitaciones, la subcontratación etc. Es decir ya no de la ampliación de la comodificación, sino de la privatización de lo público y de la gestión de lo público como una empresa.
Lo que se busca es “reinventar el gobierno”: un “gobierno empresarial”, “orientado al mercado” (Osborne y Gaebler), el reemplazo de la administración pública y de la función pública, por el control de los resultados de las acciones de actores privados con o sin vínculos contractuales con el Estado y la rendición de cuentas vinculante, por estos resultados.
En el campo de la educación estas orientaciones han llevado hacia lo que se llama performatividad (Stephen Ball) o un Estado evaluador (Francois Dubet, Martin Carnoy) que margina en parte la pura competencia como mecanismo de disciplinamiento y apunta a un control creciente de las subjetividades privatizadas a través de un incremento de los exámenes, de los estándares y la rendición de cuentas, entre otros dispositivos, orientados hacia el aumento del capital humano de los estudiantes y, en general, hacia finalidades económicas. Un ejemplo reciente de la acción de este “Estado evaluador” es la exclusión de la gratuidad de varias Universidades estatales, por sus resultados en los procesos de acreditación. La pregunta aquí es ¿Qué nueva concepción del Estado es esta, que financia instituciones en función de resultados y no de su sentido como institución pública?
Frente a estas tendencias hacia la privatización de lo público y estas nuevas formas de control de los actores sociales, es también inevitable preguntarnos Pero, ¿para qué necesitamos reconstruir un Estado democrático, o la educación estatal?
Creo que frente a todos los anti-estatismos, de derecha o de izquierda, habría que reafirmar la contribución de las instituciones republicanas, democráticas y participativas para garantizar derechos sociales y reconstruir un espacio para lo común, un espacio no focalizado para una experiencia de la igualdad en que nos encontremos como ciudadanos. Porque los espacios de lo común y la igualdad no son sólo una cuestión de derechos, ni tampoco son espacios naturales ni autogenerados: necesitan del esfuerzo consciente y colectivo de todos para constituirlos y liberarlos del control privado que los ha transformado en segregadores, excluyentes y jerarquizantes.
Y necesitamos también la construcción común de un nuevo ethos de lo público, en que lo público sea sinónimo de construcción de comunidad, con las “voces” de todos, y no de lo que hay que evitar, de lo que tengo que “salir”(Hirschman) para no encontrarme con los “otros” estigmatizados.
