Opinión
No deja de llamar la atención que para la derecha y un sector de la Nueva Mayoría sea positivo flexibilizar las normas cuando ello puede implicar ganancias para las empresas, pero no lo es cuando se trata de que los trabajadores dispongan de herramientas eficaces para defender sus derechos.
Como era previsible, el Tribunal Constitucional (TC), instancia cúspide de un diseño institucional establecido para escamotear la voluntad de la mayoría, aplicó un golpe contundente a una Reforma Laboral que ya venía a maltraer del debate parlamentario, al rechazar la titularidad sindical en los procesos de negociación colectiva, consolidando la posibilidad de que en ellos los trabajadores puedan ser representados por grupos de pares organizados al efecto.
Dos conclusiones son las más evidentes a partir del fallo.
En primer lugar, que algunos de los obstáculos para construir un sistema de relaciones laborales justo y moderno derivan de la propia Constitución que nos rige, cuestión que, por ser aplicable a los demás ámbitos de nuestra vida en sociedad, remarca el imperativo de reemplazarla por otra democrática en su origen y contenido.
En segundo lugar, que se hace imprescindible que el Ejecutivo interponga un veto con el objeto de que los pactos de adaptabilidad laboral no tengan lugar en este nuevo escenario y para dejar sin efecto el nuevo cuórum más exigente para la constitución de sindicatos en las Pyme, so pena que la situación de los trabajadores sea peor al entrar en vigencia la reforma que antes que ella fuera presentada.
Los pactos de adaptabilidad implican la posibilidad de que, por el acuerdo de las partes, puedan flexibilizarse las normas vigentes sobre jornada de trabajo. Tales normas constituyen pilares centrales en la protección de los trabajadores y su adecuación, de carácter excepcional, solo debiera ser producto de negociaciones efectivamente equilibradas con participación de sindicatos sólidos y altamente representativos.
De otro modo, con empleadores negociando con grupos organizados que nacen y mueren con la negociación, se abren riesgos evidentes de abuso en una materia que, paradójicamente, ha sido una conquista histórica del movimiento sindical mundial.
[cita tipo= «destaque»]Aumentar la exigencia de afiliados para la constitución de sindicatos en las Pyme es también un franco retroceso. Excluirá del derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente a una gran cantidad de trabajadores, cuestión que no solo es un contrasentido tratándose de una reforma que declaraba el propósito exactamente contrario, sino también una transgresión al principio de no regresividad que emana del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que nuestro país forma parte.[/cita]
Aumentar la exigencia de afiliados para la constitución de sindicatos en las Pyme es también un franco retroceso. Excluirá del derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente a una gran cantidad de trabajadores, cuestión que no solo es un contrasentido tratándose de una reforma que declaraba el propósito exactamente contrario, sino también una transgresión al principio de no regresividad que emana del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que nuestro país forma parte.
Puestos ambos temas en perspectiva, no deja de llamar la atención que para la derecha y un sector de la Nueva Mayoría sea positivo flexibilizar las normas cuando ello puede implicar ganancias para las empresas, pero no lo es cuando se trata de que los trabajadores dispongan de herramientas eficaces para defender sus derechos.
