Si el año 2016 ya puede pasar a la historia como un año de grandes retrocesos para los trabajadores producto de la reforma laboral, el escenario podría empeorar si se descuida la atención respecto de lo que se viene en materia de pensiones. Desde diciembre del año pasado se encuentra trabajando un comité de ministros que, sobre la base del informe de la Comisión Asesora Presidencial para reformar el Sistema de Pensiones (Comisión Bravo), debe entregar próximamente un proyecto de ley corta que complemente el envío del proyecto sobre AFP estatal, con el objetivo de mejorar las paupérrimas pensiones que entrega el sistema de AFP. Esta ley corta abordaría solo cambios más simples de ejecutar y será el preludio de un proyecto de Ley a enviarse en el segundo semestre de 2017 con los esperados cambios de largo plazo para el sistema.
La preocupación de los trabajadores en relación con la ley corta debiese radicar en gran parte en que, entre las alternativas barajadas, hay algunas con un alto costo para los futuros jubilados, como el aumento de la edad de jubilación de las mujeres o la tasa de cotización. Sin embargo, el asunto no solo radica en lo anterior, ya que a través del proyecto de AFP estatal lo que se está dando es una fuerte señal política por parte del Gobierno en favor de no efectuar cambios estructurales al sistema de AFP.
Ante esto, la presente columna expone un análisis sobre el escenario actual que espera servir para la reflexión y posterior toma de posición de la ciudadanía en esta materia.
La propuesta número 18 de la Comisión Bravo plantea equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres. Es decir, solo aumentar la edad de jubilación de las mujeres, intentando enmendar la “injusta” situación de que las mujeres, viviendo más, puedan jubilar antes. Recordemos que actualmente la edad legal de jubilación de las mujeres es de 60 años y la de hombres 65.
El debate en la comisión ilustró de buena manera el conflicto subyacente: en una comisión con 24 integrantes, las únicas que votaron en contra de esta propuesta fueron 7 de las 8 mujeres que componían la comisión. Su argumentación fue bastante clara: no se puede pedir igualdad en la edad de jubilación entre hombres y mujeres, si los mensajes culturales y sociales, así como incluso la legislación chilena consagran distintos roles para hombres y mujeres en la sociedad.
En ese sentido, mientras en Chile continúe existiendo una diferenciación de roles sobre la base del género, donde el hombre tiene una función preferentemente productora y las mujeres una principalmente reproductora, y mientras el sistema de pensiones (y cualquier otro sistema de seguridad social) no contemple mecanismos de solidaridad y de distribución de costos y recompensas del trabajo reproductivo y de cuidado, no sería justa la igualación de requisitos en la edad de jubilación. Otro ejemplo tangible de esta discriminación: el mayor cobro de las Isapres a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres.
En una sociedad como la chilena, en donde la mayor parte de los hombres aún no visualiza este problema –basta ver el hecho de que ningún hombre votó en contra de esta propuesta– es una gran derrota para las trabajadoras chilenas que se les quite el principal “beneficio” que tienen en el sistema de pensiones. Digo “beneficio”, porque para ellas tiene un costo ejercer este derecho, y ese costo es precisamente una menor pensión, ya que no existe ninguna transferencia del Estado para financiar esos años de jubilación previos a los 65 años. Por tanto, seamos claros en decir que su beneficio no es jubilar antes con una misma pensión, sino que al menos tener la posibilidad de decidir si quieren dejar de trabajar a los 60 años.
Debemos comprender que esta no debe ser una pelea que solo den las mujeres. Los trabajadores, sea cual sea su sexo, en tanto crean en una sociedad más justa, debiesen luchar para que dicha justicia se exprese en todos los aspectos de la vida, y no permitir que se perjudique aún más a grupos con situaciones desventajosas en el sistema actual. Si se desea igualdad de condiciones, que esta no parta por los ajustes legales más simples mientras se ocultan los debates más profundos acerca de la forma en que está organizada nuestra sociedad.
Finalmente, es importante recalcar que la disputa no se trata de que no se suba nunca la edad de jubilación, ya que en la medida que la esperanza de vida aumente esto debe ocurrir para mantener el sistema de pensiones funcionando. De lo que se trata, como ya se mencionó, es que en una sociedad donde las mujeres ya son desventajadas producto de normas sociales, eliminemos uno de los pocos mecanismos que aumentan su libertad personal.
Las propuestas 9 y 11 de la Comisión Bravo consisten en elevar la tasa de cotización un 4% a cargo del empleador gradualmente, en un plazo de al menos 4 años, para disminuir su impacto en la actividad económica. Si consideramos que la actual tasa de cotización es de un 10% del salario, se aprecia que este aumento es bastante sustantivo (de un 40%).
En este caso, el punto a poner atención no tiene que ver con la ley en sí misma, ya que de hecho el aumento de cotización es necesario (mientras la tasa de cotización en Chile es de un 10% del salario, en la OCDE dicha cifra asciende en promedio al 19,6%). El problema tiene que ver con quién realmente pagará dicho aumento: si existe una relación muy asimétrica entre empleadores y trabajadores, el empleador cargará el aumento de la cotización a sus trabajadores a través de un menor salario, lo que evidentemente no es lo deseable.
Solo una relación más simétrica entre empresarios y trabajadores podría evitar esto, aunque la situación se ve aún más complicada con una reforma laboral que debilita al movimiento sindical. El llamado frente a este necesario aumento de la cotización a cargo del empleador es a estar alerta, para no permitir que una medida que debiese aumentar su jubilación termine siendo pagada por ellos mismos.
Propuesta número 31 de la comisión. La mirada optimista de esta medida resalta el hecho de que, al no tener fines de lucro, una AFP estatal podría cobrar comisiones más bajas y por tanto aumentaría la competencia en el mercado de Administradoras de Fondos de Pensiones. Pese a que el efecto en menores comisiones está por verse (el ministro de Hacienda dijo que la AFP estatal no tendrá ningún trato especial por parte del Estado), sin duda habrá un aumento de la competencia en la medida que la población decida cambiarse a la AFP estatal. Según una encuesta de la propia comisión asesora, un 70% de los afiliados manifestó su disponibilidad por cambiarse.
Otro aspecto positivo sería la incursión del Estado en un área que hasta el momento tenía abandonada, aunque no es claro que tenga alguna ventaja comparativa sobre el privado. De hecho, se abren flancos de conflictividad: ¿la AFP estatal invertirá en los mismos instrumentos financieros que el resto de las AFP? ¿Debería el Estado a través de su AFP invertir, por ejemplo, en SQM o Cencosud? Estas disyuntivas sin duda generarán resquemores en la población, por lo que se requiere generar una discusión pública antes del nacimiento de la AFP estatal.
Pero lo más relevante del proyecto de AFP estatal es lo que subyace a la propuesta. En palabras simples, con el envío de este proyecto el Gobierno está ratificando el actual sistema, en cuanto agrega un actor más a este mercado. Y esto va totalmente en contra de lo planteado por las principales organizaciones de trabajadores, quienes desean poner fin al sistema de AFP y volver a un sistema de reparto. De esta manera, si el primer Gobierno de Bachelet se caracterizó por una gran y positiva reforma, cuyo punto más relevante fue la creación del Pilar Solidario, su segundo mandato podría terminar siendo recordado por realizar solo pequeños cambios que terminaron fortaleciendo el sistema actual.
Los trabajadores deben estar alertas y pasar a la ofensiva. La discusión de la ley corta puede tener implicancias importantes sobre el set de posibilidades para futuros cambios estructurales. Y ante esto, urge la elaboración de una propuesta ciudadana alternativa que, a mi parecer, debe ir un poco más allá de la clásica dicotomía “reparto versus capitalización individual”.
El trabajo de la Coordinadora No más AFP sin duda ha sido positivo en cuanto a visibilizar frente a la población las principales falencias del sistema de AFP, por lo que ahora resta la batalla en el campo de las propuestas. Ahí se sigue en deuda. De hecho, la propuesta C de la Comisión Bravo, que buscaba pasar a un sistema de reparto, fue descartada por 23 de los miembros básicamente por no ser considerada factible.
En la medida que no se elaboren propuestas alternativas difícilmente se avanzará en otra dirección. Los movimientos sociales no pueden simplemente confiar en que unas cuantas marchas harán que el Gobierno cambie su posición respecto al sistema de pensiones. La elaboración de una propuesta técnicamente factible, aunque no esté minuciosamente detallada, es la mejor herramienta que tienen los trabajadores para llevar el debate sobre un nuevo sistema de pensiones desde una dimensión técnica a la arena política, que es precisamente donde los trabajadores tienen mayor probabilidad de éxito a través de la movilización.
