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Colombia, lucha armada y democracia

por 30 junio, 2016

Colombia, lucha armada y democracia
Los tiempos que vienen no serán fáciles para el gobierno ni para las FARC. Enemigos del acuerdo hay muchos, entre otros la ultraderecha uribista que se armó y enriqueció al alero del Plan Colombia de EE.UU., los narcos que perderán impunidad en las zonas que el Estado no podía controlar, los sectores de las FF.AA. que imponían las decisiones a los civiles y actuaban aliados al paramilitarismo, los guerrilleros que no tienen otro “oficio” y no se sumen a la pacificación y, potencialmente, el Ejército de Liberación Nacional, si no se incorpora a negociar, quedando como el receptáculo de los desertores del acuerdo.
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Se ha firmado un preacuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y el ejército guerrillero de las FARC, luego que estas estuvieran 52 años alzados en armas. Esto constituye un hecho histórico, tanto porque podría cambiar significativamente la vida de los y las colombianas azotados por la violencia política, como por las implicancias que puede tener para los proyectos políticos de izquierda en ese país y la región latinoamericana.

Las FARC son la última organización armada significativa de la izquierda latinoamericana en dejar las armas para hacer política en contextos de regímenes democráticos liberales. En el pasado las negociaciones de paz con movimientos armados activos se habían concretado en El Salvador en 1992, luego de diversos diálogos abiertos en 1984 y en Guatemala, que luego de 10 años de negociaciones culminó en 1996.

En todos estos casos la guerrilla había visto frustradas sus expectativas de derrocar a los gobiernos y hacer la revolución. Pero además, más allá de la propaganda “negra” sobre el actuar de estas organizaciones armadas, los propios gobiernos, las Naciones Unidas y los gobiernos europeos y latinoamericanos –en especial el cubano–, reconocieron el carácter político del conflicto y las condiciones que permitían la reproducción de la violencia: la desigualdad y la fragilidad del sistema democrático respecto de su población.

Tanto en las negociaciones de paz de los años 1990, como en la reciente de las FARC, hay importantes cuestiones que afianzan la democracia y crean las bases de una nueva forma de convivencia en la sociedad colombiana. El Gobierno y las FARC reconocen la necesidad de concretar “una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas”.

Estos principios valen tanto para los alzados en armas como para un Estado que debe cumplir con garantizar el derecho a hacer política, sin poner en juego la vida de los participantes, con independencia de sus ideas.

Esto no es simple, pues en 1984 se había llevado a cabo un proceso de negociaciones entre el Presidente B. Betancourt y las FARC, que abrió camino a la constitución de la Unión Patriótica, una fuerza política legal que –respaldada por el Partido Comunista– iba a transformarse en el espacio de “disolución” de las FARC. El resultado de ese intento fue una masacre de sus dos candidatos presidenciales, veinte parlamentarios, una decena de alcaldes, más de setenta concejales y sobre tres mil militantes.

Sobre la base de lo anterior, es difícil suponer que Colombia tiene una democracia sólida, en el sentido de garantizar derechos básicos, y que su Estado podrá cumplir la promesa citada más arriba.

Es por ello que los acuerdos de paz fijan con detalle las formas de la desmovilización y desarme de la guerrilla, pero también las garantías de protección y seguridad para los líderes de las FARC en el acápite “Lineamientos y Criterios del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, derivada de su situación de riesgo”. Donde afirma el deber de “garantizar la protección de las comunidades y de líderes/as comunitarios, de defensores/as de derechos humanos, de los partidos y los movimientos políticos y sociales, y especialmente del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. Las medidas para materializar estas garantías contarán con un enfoque diferencial y de género”.

Es importante recordar que el paramilitarismo tiene un origen político y social en las familias estancieras más poderosas de Colombia, que fueron las que los utilizaron para reprimir al movimiento campesino, a la guerrilla y a los líderes locales no proclives a sus órdenes. Políticamente el senador y ex presidente Uribe –-tan amigo de Piñera– es sindicado como el principal cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, que sembraron el terror en la población y que luego fueron perdonados por el propio Uribe, que actualmente se opone al acuerdo de paz.

Lo anterior se conecta con otro elemento fundamental en el acuerdo: “Garantías de No Repetición: el Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres y violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Este párrafo opera como un reconocimiento implícito de la incapacidad que ha tenido la institucionalidad colombiana de combatir a los paramilitares, hacer justicia y evitar su reproducción.

Y es importante recordar que el paramilitarismo tiene un origen político y social en las familias estancieras más poderosas de Colombia, que fueron las que los utilizaron para reprimir al movimiento campesino, a la guerrilla y a los líderes locales no proclives a sus órdenes. Políticamente el senador y ex presidente Uribe –tan amigo de Piñera– es sindicado como el principal cabecilla de los Autodefensas Unidos de Colombia, los paramilitares, que sembraron el terror en la población y que luego fueron perdonados por el propio Uribe, que actualmente se opone al acuerdo de paz.

Para asegurar un principio estatal básico el acuerdo asegura que el ejercicio de las armas es una atribución exclusiva de las FF.AA., como el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública. Esto permite consolidar el control del país por las FF.AA. y a la vez el control democrático sobre su accionar y, por otro lado, se podrán enfrentar “las formas de economía ilegal y rentas criminales vinculadas al crimen organizado”.

Los tiempos que vienen no serán fáciles para el gobierno ni para las FARC. Enemigos del acuerdo hay muchos, entre otros, la ultraderecha uribista que se armó y enriqueció al alero del Plan Colombia de EE.UU., los narcos que perderán impunidad en las zonas que el Estado no podía controlar, los sectores de las FF.AA. que imponían las decisiones a los civiles y actuaban aliados al paramilitarismo, los guerrilleros que no tienen otro “oficio” y no se sumen a la pacificación y, potencialmente, el Ejército de Liberación Nacional, si no se incorpora a negociar, quedando como el receptáculo de los desertores del acuerdo.

La izquierda latinoamericana debe respaldar más activamente este proceso, pues una izquierda colombiana sólida, con experiencia y decisión, a la que se suman los ex guerrilleros, fortalecerá la capacidad de lucha democrática por los derechos políticos y sociales del mundo popular y esto es una gran noticia en momentos en que la izquierda sufre la ola neoconservadora en la región.

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