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CAE: ¿mochila impagable?

por 1 julio, 2016

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Uno de los mitos más extendidos sobre nuestra educación superior se refiere a la carga para los egresados que significa el sistema de créditos para financiar a los estudiantes. En sus inicios, el Crédito con Aval del Estado (CAE) representaba una alternativa de financiamiento mucho mejor a la existente en ese tiempo para quienes estudiaban en una universidad privada: el crédito Corfo con una tasa anual de 9%. Además, estaba disponible y lo sigue estando, el Fondo Solidario, que solo pueden utilizar los estudiantes de universidades del Cruch, con una tasa de 2% anual.

Con la eliminación de los créditos Corfo y las reformas de 2012, la situación de los deudores del CAE cambió sustancialmente, al definirse una tasa del 2% y un pago mensual máximo, que no puede superar el 10% del ingreso personal. El Fondo Solidario, en cambio, tiene un máximo de 5% del ingreso. Si bien se mantiene una discriminación sin justificación con quienes se matriculan en universidades privadas, el CAE ya no es un crédito “impagable”, sino una buena alternativa de financiamiento de la gran mayoría de los estudiantes chilenos. Es posible mejorarlo, pero sería un grave error eliminarlo.

Cabe mencionar que, bajo las condiciones actuales, el estudiante siempre puede ajustar el pago de su cuota al 10% de sus ingresos, por un máximo de 20 años, independientemente de su renta y de si se encuentra ejerciendo su profesión. Este ajuste de cuota es subvencionado por el Estado, por lo que tampoco debe ser pagado por el beneficiario del crédito. Por otra parte, se suma la posibilidad de suspender los pagos hasta por seis meses, o incluso extender este beneficio –aunque al pedir prórroga se cobra al final del periodo de pago–, para quienes pierden el trabajo, pasan periodos sin renta, tienen meses de espera para conseguir el primer empleo, renuncian, etc., es decir, se ajusta ante situaciones negativas para los deudores.

Entonces, resulta incomprensible que se continúe afirmando que el CAE, en su formulación actual, genera una “mochila impagable” de deudas. En realidad, es un mecanismo progresivo, en el sentido que pagan más quienes ganan más. En Gran Bretaña existe un sistema muy semejante, pero existe como pago del crédito un porcentaje variable del ingreso, que se inicia en 0 (no pago) durante los períodos en que el ingreso es menor a un cierto nivel determinado.

Otro mito respecto del CAE dice relación con que es caro para el Estado. Vale mencionar que, si los mismos recursos utilizados el 2015 para financiar el Crédito con Aval de Estado, se hubieran utilizado para otorgar Becas por el mismo monto promedio, más de 98 mil estudiantes se habrían quedado sin financiamiento.

Resulta incomprensible que se continúe afirmando que el CAE, en su formulación actual, genera una “mochila impagable” de deudas. En realidad, es un mecanismo progresivo, en el sentido que pagan más quienes ganan más.

Resulta curioso que cuando se habla del gasto público por concepto de CAE, nunca se consideran los pagos de estas cuotas, que ingresan directamente al erario nacional, sin ser rebajadas del gasto real realizado. El CAE, en régimen, como mínimo, debiese lograr las mismas tasas de recuperación del Fondo Solidario, que bordean el 50%, pese a que esa proporción es baja y debiese ser mejorada.

Un dato adicional: el Estado no es el único aval en el CAE. Son las instituciones de educación superior las que más riesgos enfrentan. En el primer año, respecto a quienes no continúan sus estudios y han obtenido el CAE, la universidad asume un 90% de la deuda; el segundo año un 70% y, desde el tercer año hasta que finaliza sus estudios, un 60%. Es decir, se castiga la deserción.

Otra crítica es la participación de bancos privados, los que hacen un negocio al cobrar al Estado una tasa mayor al 2%, por lo que la diferencia entre la tasa del banco y el 2% es un subsidio a los estudiantes, que se paga a los bancos que otorgan los créditos. Eso puede resolverse: todas las operaciones podrían quedar radicadas en el Banco del Estado, entidad que, si obtiene utilidades, las devuelve al fisco.

Es obvio que si se plantea gratuidad universal, y traspaso de todo el financiamiento directamente a las instituciones, el crédito y las becas pierden sentido. Las bondades de esa política es otro mito para comentar. Sus resultados son injustos, porque disminuyen las posibilidades de los más vulnerables, y atentan contra la calidad, que son los dos grandes objetivos de la reforma educacional.

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