Para consumar las torpezas en que ha incurrido obstinadamente este Gobierno en el caso de la Universidad de Aysén, el día viernes 5 de agosto, a última hora, fueron ingresados los estatutos de esa institución a la Contraloría General de la República para el proceso de toma de razón. Entretanto, la División Jurídica del organismo estudiaba el decreto de remoción de la Rectora Roxana Pey que el Ejecutivo envió con la firma del Vicepresidente el día jueves 28 de julio.
Si la petición de renuncia que le hiciera a la Rectora la ministra Delpiano fue un yerro evidente –las declaraciones unánimes del Consejo de Rectores y del Consorcio de Universidades Estatales, a las que se han sumado incontables reacciones que impugnan la medida lo prueban–, este último acto no hace sino confirmar el inconcebible aturdimiento del Gobierno.
El texto del estatuto le había sido encargado a la Rectora por el mismo decreto que la nombró, en conformidad con la ley que creó las Universidades de Aysén y de O’Higgins, y naturalmente su versión final debía surgir de los acuerdos que en definitiva se adoptaran al respecto. Más aún, el estatuto propuesto por la Rectora fue elaborado con la asesoría de la Universidad de Chile, institución tutora, de modo que es el producto de una coautoría entre ambas instituciones.
Y ocurre que ni la Universidad de Aysén, en la persona de su Rectora en ejercicio, ni la Universidad de Chile, en la persona del Rector Ennio Vivaldi, fueron informados del envío y menos del contenido del texto. Es de dudar acerca de la legitimidad de ese acto que, a lo menos, agrava la arbitrariedad y el abuso con que se ha procedido en este caso, que ofende a la Región de Aysén, a su universidad, a la Rectora, a la Universidad de Chile y su Rector y, en definitiva, a la institución universitaria como tal.
Más aún, ninguna de las dos instituciones había recibido observaciones formales sobre el estatuto presentado el 4 de marzo del presente año, ni tampoco sobre las modificaciones propuestas por la Universidad de Aysén en oficio del 4 de julio pasado.
El ministerio justificó la medida alegando que la Rectora Pey no se ha alineado con lo que, después de incontables cambios, cabildeos, filtraciones y errores, se convirtió finalmente en el proyecto de ley de reforma de la educación superior. Casi no es de creer que se dé esta razón, puesto que la ley establece que la autoridad solo puede ser removida por “motivos fundados”, léase notable abandono de funciones, malversación de fondos públicos y cosas de esa laya, objetivas, que no hay manera de imputar en este caso. Discrepar de un proyecto, de una política, por muy gubernamental que sea, no cuenta entre esos motivos, y es de esperar que la Contraloría lo deje establecido para bien del sistema de universidades estatales.
De esa política, de hecho, han discrepado todas las autoridades de universidades públicas y privadas. Dicho sea de paso, este ha de ser un caso de estudio, antológico: no sé de otro proyecto de ley presentado por un Gobierno que haya recibido el rechazo generalizado, sin excepción, al cien por ciento, de todos los sectores involucrados; da la impresión de que solo la burocracia gris que lo impulsa cree en él, aunque me parece sensato dudar hasta de eso.
[cita tipo=»destaque»]En todo esto hay una operación oscura, inconfesada, que compromete a muchos y desnuda miserias en las altas esferas. Compromete a muchos y esconde –pero ya no tanto, ya asoma de manera abyecta– el contubernio y la traición: aprovechando el disenso, cierto personaje que debía lealtad a la Rectora ha certificado su acatamiento sin reserva para usurpar el cargo que con la legitimidad que todos suscribimos y seguiremos reconociendo, a pesar del atropello del Gobierno, ejerce la Rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey.[/cita]
El único pronunciamiento público que se dignó dar la ministra empeoró las cosas. Quiso salir al paso de lo que de manera casi unánime han expresado los actores relevantes de la educación superior chilena para sostener, como perdida en las nubes, que la destitución de la Rectora Pey no constituía violación de la autonomía universitaria “porque la universidad como tal no existe todavía”. Bonita manera de justificar una medida claramente autoritaria, que por cierto es flagrante violación.
Para qué decir que el proyecto mismo amenaza la autonomía: las universidades estatales ven con preocupación la composición del Consejo Directivo que allí figura, presidido por el Rector, que tiene, además de él, 8 integrantes, de los cuales 4 son representantes del Presidente de la República; una injerencia del Gobierno de turno en los asuntos universitarios encuentra aquí su ocasión permanente.
Sostuvo la ministra, además, que la Dra. Pey “no es una rectora igual que el resto de los rectores, elegida por su comunidad, etc.”. Desconoce, la ministra, los diversos tipos de generación de las autoridades superiores universitarias, desconoce que el nombramiento de la Rectora Pey no restringe en absoluto la calidad y dignidad del cargo; desconoce que la Rectora ha integrado el Consejo de Rectores y el Consorcio de Universidades Estatales desde ese mismo nombramiento en igualdad de condiciones con sus pares.
Por último, afirmó la ministra que la Rectora es persona de confianza de la Presidenta. Sin embargo, los “motivos fundados”, únicos que pueden justificar la remoción, evidencian que no es este un cargo de confianza, del cual puede alguien ser removido sin expresión de causa, como ocurre con los ministros.
Volvemos donde estábamos: la única razón aportada por el ministerio es, pues, que la Rectora tiene una “idea de universidad distinta a la dibujada en el proyecto”. Quien quiera leer el Mensaje que precede a ese proyecto comprobará que la verdadera desalineación es del proyecto con el mensaje y con los compromisos programáticos contraídos por el Gobierno con la ciudadanía, en particular, con la Región de Aysén. Agradecemos que la Rectora tenga una idea distinta, es decir, que tenga idea de universidad, a cambio del pasmoso desconocimiento que ostenta el Gobierno.
La ministra presentó un cuadro que se parece a una de esas viejas piezas de teatro del absurdo: una rectora que no es rectora es destituida de su cargo en una universidad que no existe (“como tal”) por la única razón de que no está alineada con una ley que tampoco existe todavía. El cuadro no hace sino reflejar la arbitrariedad, improcedencia, incongruencia y hasta grosería de la medida adoptada. Con el envío inconsulto y no informado del estatuto de la Universidad de Aysén el Gobierno la ha llevado al extremo.
Pero hay algo más y debe decirse: en todo esto hay una operación oscura, inconfesada, que compromete a muchos y desnuda miserias en las altas esferas. Compromete a muchos y esconde –pero ya no tanto, ya asoma de manera abyecta– el contubernio y la traición: aprovechando el disenso, cierto personaje que debía lealtad a la Rectora ha certificado su acatamiento sin reserva para usurpar el cargo que con la legitimidad que todos suscribimos y seguiremos reconociendo, a pesar del atropello del Gobierno, ejerce la Rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey.
¿Cómo no daría esto materia para un tratado de la estupidez? ¿Cómo no la daría para una historia de la infamia?
