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La ilusión óptica de la expropiación

por 23 agosto, 2016

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El año 2015 Apple, la compañía más valorada del mundo, reportó beneficios por las ventas de cada uno de sus artefactos tecnológicos en todos países a los que vende en el orbe, por una cifra cercana a los US$50.000.000.000 (léase cincuenta mil millones de dólares). Para poder acumular esa misma cantidad de dinero, los chilenos tendríamos que hacer una Teletón como la del 2015, que fue histórica, pero esta vez durante 3 años y medio. Una Teletón cada día durante 1.200 días.

Para que se haga una idea, la cifra lograda por Apple es solo una cuarta parte de los US$170.000.000.000 que tenemos acumulados en nuestros fondos de pensiones, y por eso José Piñera los llamó en televisión abierta “la torta grande”. Esto, en respuesta a la consulta de Soledad Onetto respecto de las utilidades de las AFP, a las que el economista de Harvard tildó de “chicas” al compararlas con lo que hemos logrado acumular cada uno de los trabajadores y jubilados de Chile en los últimos 30 años.

Aunque las grandes AFP son controladas por tres aseguradoras de EE.UU. y un holding financiero de Colombia, acumulen ganancias por 547 mil millones de pesos anuales, y paguen en premios a sus ejecutivos algo así como una Teletón completa, José Piñera tiene razón. La “torta grande” son nuestros ahorros y no el lucrativo negocio de la privatización de nuestras pensiones.

Cada mes, cada uno de los chilenos y extranjeros que trabaja y cotiza en el país, destina  la décima parte de sus ingresos a los fondos de pensiones. Cada año, usted trabaja durante un mes y 5 días para generar esos recursos.

De los recursos acumulados, las AFP toman directamente de los fondos y no de sus comisiones, 271 mil millones de pesos anuales para pagar un “fee o comisión a alguien” (en palabras del gerente general de AFP), un tercero, para que invierta la mitad de la torta fuera del país, entregando miles de millones de dólares chilenos a otras compañías para que inviertan en sus negocios en el extranjero. Lo mismo se hace en Chile, en donde se entregan recursos al retail, bancos, inmobiliarias y a los más diversos tipos de negocios. Nuestros ahorros, inexpropiables, entran como dinero fresco convertidos en fondos de inversión y liquidez para producir incalculable riqueza en mercados nacionales y extranjeros. Nuestros ahorros se han convertido en un mercado de capitales.

La mayor parte de esa riqueza, producida por terceros con nuestros recursos individuales, sumada a toda la riqueza que generamos a las AFP pagándoles comisiones por colocar nuestros fondos en los mercados de capitales y administrar nuestras pensiones, no llegará a las pensiones de los que por estos días no tienen mucha voz, ni tampoco llegará a nuestras pensiones. Toda esa riqueza se queda en las sociedades anónimas a las que les pagamos para que administren nuestros ahorros, y en las compañías y empresas a las que estas sociedades anónimas les entregan nuestros dineros para que hagan sus negocios.

Gracias a Ley 3.500, las AFP pueden nombrar directores en las empresas en que aportan capitales, de acuerdo a su artículo 29 “cobrar comisiones establecidas libremente” e, incluso, no tributar algunos impuestos.

La discusión no es cómo mejorar este sistema, porque así lo perpetuamos, y perpetuamos que ministros y políticos, de partidos y gobiernos transversales, sigan siendo directores y defensores de estas empresas a las que se les ha permitido, mediante una ley impura, lucrar con los ahorros del más humilde de los trabajadores, de los extranjeros letrados y confinados a muchos de los trabajos que hasta los mismos chilenos rechazan, de las mujeres trabajadoras y jefas de hogar que además sufren discriminación de género y tienen rentas más precarias, y de todos los chilenos. Porque, reconozcámoslo, los dineros ya fueron expropiados.

Por qué entonces no discutir acerca de un nuevo modelo, por qué no discutir el reemplazo paulatino de la “viga maestra” de la revolución liberal por una “nueva viga maestra”, más ética, más justa y moral. Una viga que esté constituida sobre seguridad social y solidaridad.

Entendiendo que el problema de las pensiones es un problema estatal, el Estado de Chile, con todo su territorio y riqueza, tiene que garantizar la dignidad de sus habitantes. El problema que genera la escasez de las pensiones es un problema de Estado que hoy se ha solucionado convirtiendo en mercado financiero el fondo de pensiones de todos los chilenos y se nos ha convencido de que no existe otro sistema para hacerlo mejor, dejando además toda la carga del problema a los mismos trabajadores. Pero saliendo del paradigma impuesto en el inconsciente colectivo chileno, ¿pueden existir maneras distintas de llevar adelante este derecho de seguridad social?

Una alternativa puede ser la construcción de un sistema paralelo, voluntario y administrado por el Estado, que administre los fondos en un sistema mixto. Un sistema que asegure un componente de capitalización individual más un componente solidario de reparto. Este sistema podría reintegrar el 1,25% promedio de comisión destinada a las administradoras de fondos de pensiones a las cuentas de capitalización individual, sumado al aumento progresivo del 5% adicional propuesto por el gobierno, además de comisiones ocultas por intermediación internacional que dejarían de existir, sumarían un aporte real cercano al 17%.

¿El estado es mal administrador?

Por qué entonces no discutir acerca de un nuevo modelo, por qué no discutir el reemplazo paulatino de la “viga maestra” de la revolución liberal por una “nueva viga maestra”, más ética, más justa y moral. Una viga que esté constituida sobre seguridad social y solidaridad.

Los fondos de pensiones administrados por las AFP han rentado en torno al 4% en los últimos 4 años. El Fondo de Estabilización Económica y Social, administrado por el Ministerio de Hacienda y que hoy tiene acumulados 14.000 millones de dólares, ha rentado en los últimos 3 años un 11,34%. Por su parte, el Fondo de Reserva de Pensiones, también administrado por Hacienda y que hoy acumula 9.214 millones de dólares, ha rentado un 12,96% en el mismo periodo. Estos fondos, que son públicos y están bien controlados, también “han sido un enorme éxito y no se ha perdido dinero”, que son las dos medidas que nos recomendó José Piñera para revisar un sistema.

El Estado también podría invertir en economía real, que es una indicación que se ingresó en mayo a la Ley 3.500, pero para las administradoras. Podría invertir, por ejemplo, en la industria del litio (una industria de más de 20 mil millones de dólares y en la que se espera una alta rentabilidad), pero en cambio, esta vez, toda la riqueza que produzcan estos recursos podría ser retornada a los fondos de pensiones y no solo los retornos menores por entregar créditos a terceros desde nuestros fondos para que estos hagan los negocios y se queden con la riqueza.

El país podría invertir en tecnología asociada a la matriz productiva, en energía limpia, ayudando al desarrollo general, creando mayor empleo y competitividad, en un círculo virtuoso que también se vería reflejado en el incremento de los retornos a los fondos. También, y si usted se permite soñar, Chile podría ser un país que invierta en la economía real en el extranjero, contribuyendo al desarrollo de otros países como, por ejemplo, los PPME, los países más pobres y endeudados del mundo.

Para que reflexione: los recursos que están en nuestros fondos de pensiones son el equivalente al producto interno bruto de los 22 países más pobres del mundo y que en su conjunto suman una población de 369 millones de personas.

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