Los proyectos habitacionales destinados a grupos vulnerables, financiados con subsidios del Estado a través del Ministerio de Vivienda, han mejorado su estándar técnico-constructivo y de diseño significativamente desde 2001 a la fecha, lo que se puede verificar en la superficie de las viviendas, su materialidad, la urbanización y equipamiento de los conjuntos, la pertinencia de las soluciones y la localizacion dentro del espacio urbano.
La creación, antes de 2009, del subsidio a la localización, ha permitido que decenas de proyectos se emplacen en terrenos próximos a los servicios de transporte, educación, salud, comercio, y que alberguen mayoritariamente a familias originarias de la misma comuna o de comunas adyacentes. A su vez, la supresión de normas de excepción que posibilitaban rebajar estándares de urbanización ha permitido elevar significativamente la calidad de pavimentos, áreas verdes y equipamiento de los conjuntos habitacionales en extensión. Estas condiciones cuentan con financiamiento adicional y están garantizadas en el diseño y en la ejecución.
Respecto de la producción de viviendas sociales, esta está muy lejos de disminuir. A través del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV) se han asignado 602.388 subsidios desde 2001 a la fecha y solo en 2014 y 2015 se han entregado 24.438 y 27.494 subsidios, respectivamente. En unidades de fomento el programa ha comprometido más de UF 304 millones y el cambio de estándares ya señalado, queda también reflejado en la evolución del valor unitario del subsidio promedio por vivienda, que aumentó de UF 269 (aproximadamente 10 mil dólares) en su inicio, a UF 889 (aproximadamente 34 mil dólares) en 2015.
Complementariamente, cada proyecto puede adicionar una serie de subsidios específicos, destinados a generar mayor superficie en caso de familias extensas; adaptar la vivienda para personas de movilidad reducida, habilitación por obras de urbanización especiales, entre otros; todos con el propósito de atender las particularidades del grupo, del terreno y de la localidad. El año 2016 hay que agregar además la puesta en marcha del nuevo Programa de Habitabilidad Rural, que adiciona 7.000 subsidios por un monto equivalente a UF 4.683.000
[cita tipo=»destaque»]Estos programas de integración, han posibilitado generar oferta habitacional en aproximadamente 90 comunas, muchas de las cuales no tenían construcción de vivienda social hace muchos años. La modalidad de financiamiento de estos programas es totalmente diferente al FSEV: acá el inmobiliario elabora y postula un proyecto que incluye el terreno; asume el riesgo de la venta de sus viviendas, particularmente las destinadas a sectores medios cuyo financiamiento incluye crédito hipotecario; el pago del subsidio se realiza solo cuando las viviendas están terminadas e inscritas a nombre de la familia beneficiada.[/cita]
Es cierto que aún tenemos muchos desafíos que alcanzar para lograr la calidad y cobertuta óptima, pero, sin duda, nuestra política habitacional destinada a atender a los sectores vulnerables es consistente, sólida y está muy lejos de estar “agónica”. Solo en 2015, el 35% del financiamiento del total del programa habitacional estuvo destinado a atender el déficit cuantitativo de vivienda de los sectores vulnerables. Y, en el primer semestre de 2016, están en ejecución 35.900 viviendas del FSEV, que corresponden a 621 Comités de Vivienda, todos los cuales han tenido amplia participación en las decisiones relativas a terreno, diseño, equipamiento e integrantes del nuevo barrio, interlocutando con las entidades encargadas de brindar asistencia técnica, elaborar los proyectos y prestar acompañamiento social, lo que, al igual que la inspección y fiscalizacion de las obras, es financiado con recursos públicos que forman parte del subsidio.
Entre estos proyectos hay varios destinados a atender a familias que viven en Campamentos; desde 1996, existe un programa especial para su atención que incluye estrategias, profesionales y presupuesto dedicado para ello.
En forma complementaria, y con recursos adicionales, hemos impulsado el Programa de Reactivación Económica e Integración Social (DS 116) que ha permitido construir 44 mil viviendas en 2015; y estamos seleccionando proyectos para construir otras 25 mil en 2016, a través del nuevo Programa de Integración Social y Territorial (DS 19). Estos dos últimos programas, junto con posibilitar la construcción de barrios integrados en áreas urbanas bien localizadas, han permitido generar empleo y adicionar 16 mil viviendas destinadas a sectores vulnerables (23% de total de unidades construidas) al programa regular del ministerio.
Estos programas de integración, han posibilitado generar oferta habitacional en aproximadamente 90 comunas, muchas de las cuales no tenían construcción de vivienda social hace muchos años. La modalidad de financiamiento de estos programas es totalmente diferente al FSEV: acá el inmobiliario elabora y postula un proyecto que incluye el terreno; asume el riesgo de la venta de sus viviendas, particularmente las destinadas a sectores medios cuyo financiamiento incluye crédito hipotecario; el pago del subsidio se realiza solo cuando las viviendas están terminadas e inscritas a nombre de la familia beneficiada.
Por el contrario, en los conjuntos del FSEV, aprobado el proyecto y asignados los subsidios, la empresa constructora tiene asegurado el 100% del financiamiento a través de un contrato de pago por avance obra. Inmediatamente iniciada la construcción se paga el valor del terreno y, luego, en estados de pagos sucesivos, los avances de obra, hasta llegar al término de la misma, donde su cursa el último estado de pago, normalmente de un 10%. La naturaleza de los proyectos y sus contratos en uno (DS 116 y DS 19) y otro caso (FSEV) son totalmente diferentes y entenderla es relevante para proponer adecuaciones que contribuyan a mejores resultados y mayor focalización.
Es cierto que debemos mejorar los tiempos de revisión de los proyectos, mas no podemos renunciar a verificar el cumplimiento de normas y estándares, que aseguren la calidad de las viviendas y el uso adecuado de los recursos públicos. Son bien conocidos los casos en que hemos debido lamentar viviendas sociales con deficiencias constructivas; proyectos que quedan abandonados o que en medio del proceso declaran que los recursos no alcanzan.
Las puertas están abiertas para el diálogo con todos los actores y sectores; mejorar el acceso a la vivienda, ampliar y diversificar programas e instrumentos, elevar los estándares de calidad y avanzar en integración social y equidad urbana son nuestros desafíos; para lograrlos se requieren muchos actores y muchas voluntades.
