El 6 de septiembre fue aprobada en la Comisión de Salud del Senado el proyecto que despenaliza el aborto bajo tres causales. Los resultados actuales de esta iniciativa, que ha sido largamente discutida por las organizaciones feministas, dejan con bajas expectativas a quienes abogamos por los derechos sociales, sexuales y reproductivos y la real autonomía de las mujeres. Entre la presión política de las fuerzas conservadoras – iglesia, derecha y DC – y la improvisación del PPD de apurar su aprobación, se ha dejado de lado lo realmente importante: darle poder de decisión a la mujer sobre su futuro, su cuerpo y su vida.
El desenvolvimiento de la política de la transición, de manera transversal durante el debate de la ley, dio cuenta de la poca voluntad y compromiso por defender plenamente los derechos de las mujeres. En lugar de confrontar posiciones, sobre todo en la defensa de la causal de violación, y defender una posición fundada en el derecho y la cobertura de los casos de aborto en Chile, se optó por la salida negociada, transando con materias fundamentales para legislar en esta materia. Respecto al número de semanas, se disminuyeron, lo cual deja desprovista de cobertura incluso a mujeres y niñas que pasando por una situación de violación no podrán acceder como causal para realizar una interrupción del embarazo. También se transó con la autonomía de las mujeres al momento de establecer los mal llamados “acompañamientos” para la toma de decisión, funcionando más como un sistema de influencias que como un apoyo real y concreto. Esto se suma al hecho que dentro del proyecto de ley, la posición de los médicos que solicitan el procedimiento es igualmente válida que la de las mujeres al momento de tomar la decisión, en la situación específica de violación con resultado de embarazo. Así, existe una serie de variables donde de ha ido cediendo en virtud de sacar una legislación en “la medida de lo posible”, legislación que no da cuenta de la real situación de las mujeres en Chile y la desprotección que asumimos en la clandestinidad de la práctica del aborto.
Pensamos que esto no es un asunto de procedimientos específicos o segmentados, sino más bien es resultado de la incapacidad que tiene la política de la transición, los partidos de las coaliciones en el parlamento, la incapacidad política del ejecutivo de impulsar efectivamente las transformaciones que como mujeres necesitamos para ser reconocidas como sujetas de derechos, como ciudadanas. Ésta incapacidad proviene del desarraigo absoluto que existe entre las élites políticas e intelectuales y las organizaciones sociales de mujeres, que termina dando por resultado políticas absolutamente anti-derechos y que fortalece la maternidad obligatoria a través del estado subsidiario y una política enclaustrada en el “acuerdismo” antipopular.
[cita tipo=»destaque»] Por ello, nos es imposible salir a celebrar la reciente aprobación del proyecto de ley en la comisión de Salud. Al contrario, creemos más que nunca en la necesidad de organizarnos como mujeres y feministas para, en las etapas que quedan, lograr que se defiendan nuestros derechos de manera plena. Porque permitir que sean las lógicas de la transición las que sigan definiendo nuestras posibilidades es aceptar que sean los intereses de los poderes fácticos -la iglesia, el conservadurismo de derecha y los intereses del mercado de la salud- los que primen.[cita]
Por ello, nos es imposible salir a celebrar la reciente aprobación del proyecto de ley en la comisión de Salud. Al contrario, creemos más que nunca en la necesidad de organizarnos como mujeres y feministas para, en las etapas que quedan, lograr que se defiendan nuestros derechos de manera plena. Porque permitir que sean las lógicas de la transición las que sigan definiendo nuestras posibilidades es aceptar que sean los intereses de los poderes fácticos -la iglesia, el conservadurismo de derecha y los intereses del mercado de la salud- los que primen.
Una ley de aborto que defienda los derechos sociales, sexuales y reproductivos, así como la autonomía de las mujeres, sería una ley que no cuestione la palabra de la mujer sobre el contexto del embarazo, que no la obligue a la maternidad y entonces le permita decidir en la totalidad de las causales. Sería una ley que facilite a las mujeres menores de edad optar por interrumpir un embarazo no deseado, sin juicios, segundas opiniones ni cuestionamientos. Sería una ley que no discrimine por ingresos la posibilidad de acceso, y por tanto sea el Estado el que garantice un acceso transversal.
