Señor Director:
Quisiera poner entre paréntesis las diversas, indignantes y atendibles consideraciones emocionales de la opinión pública debido al reciente descubrimiento de la cifra de fallecimientos de niños y niñas que se encontraban, paradójicamente, bajo el sistema de protección del Sename, y mirar, desde la punta del iceberg, lo que se visualiza al fondo del asunto.
Lo poco que es posible visualizar, dada la escasa claridad que aún se tiene de las circunstancias que contribuyeron a desencadenar la catástrofe, habla por sí solo. Más aún si se considera la tradicional forma de operacionalizar las políticas sociales en Chile.
Resulta urgente instalar la lógica de la visión de Estado frente a la necesidad del resguardo de derechos, por sobre la lógica de gobierno de turno. Esa lógica de los 4 años, de medida cortoplacista, carente de seguimiento de mediano y largo plazo, con una nula medición de impacto y que centra el éxito en aspectos intermedios propios del proceso de implementación expresado, en número de atenciones realizadas más que en los resultados reales orientados a la generación de cambios. Lo más complejo, es que parecieran no existir responsables concretos que asuman las consecuencias de situaciones tan graves como las que hemos presenciado. Culpables somos todos y ninguno.
Lo que muestra la crisis del Sename corresponde al fracaso en el resguardo de Derechos de los niños y niñas de nuestro país y de un sistema de gestión que tiene como punto de partida un débil diseño de programas asociados a una política social, un planteamiento de objetivos que no considera impacto real en la solución del problema, carencia en los sistemas de seguimiento y control y una pobre implementación.
Los niños y niñas de este país, así como la ciudadanía toda, merecen definiciones más concretas acerca del resguardo de sus derechos. Resguardo integral, a partir de coordinaciones intersectorial de alto nivel técnico más que político, que funcionen con una visión de desarrollo real. Al igual que en otras esferas, hoy se exige que la institucionalidad funcione seriamente en materia social. Tal vez de esta forma no se tengan que anunciar medidas tardías y estirar los insuficientes recursos para resolver el grave problema, de un día para otro.
Pamela Castro A.
Directora Nacional de Área Ciencias Sociales
IP-CFT Santo Tomás
