La sensibilidad respecto al carácter complejo de la pobreza y sus alcances respecto del bienestar y la inclusión en la vida universitaria, es consistente con los nuevos procesos de acreditación para el acceso a los beneficios estudiantiles que incorporan el Registro Social de Hogares. El instrumento, que remplaza a la anterior Ficha de Protección Social en la identificación de los grupos sujetos de política social, clasifica a los hogares no en función de los ingresos disponibles, sino según un índice de necesidades, y establece mecanismos de prelación en base a condiciones estructurales de vulnerabilidad.
Creada en 2007, la Beca de Mantención para la Educación Superior (BMES), consiste en la entrega de dinero de libre disposición orientado a cubrir las necesidades derivadas de los estudios. Distribuida en 10 cuotas entre marzo y diciembre, para el año 2015 se fijó en $18.500 mensuales, sumando un costo total para el Estado entorno a los M$ 162.000.000.
Desde sus inicios, esta asignación de JUNAEB tuvo un carácter automático para los estudiantes de hogares pertenecientes al 60% más pobre, complementando la beca de alimentación y asociada a las becas públicas de arancel que hoy son absorbidas por la gratuidad.
La creación de la BMES dio respuesta a los elevados costos que tiene el acceso a la educación superior para los estudiantes procedentes de los hogares más vulnerables. No es novedad que, cubiertos el arancel y la matrícula, los gastos de movilizarse, contar con materiales de estudio adecuados, asegurar el acceso a internet fuera de las horas de clase -entre otros ítems- pueden alterar gravemente la economía doméstica de hogares que en 2015 alcanzarían ingresos promedio por persona que no superan los $200.000, según estimaciones de la última CASEN.
Esta consideración se agrava si incorporamos las variables asociadas a la dimensión “vivienda y entorno” incluidas en la caracterización de la pobreza multidimensional propuesta por el Ministerio de Desarrollo Social, incluyendo temas como el hacinamiento y consecuente ausencia de un lugar apropiado para el estudio, la precariedad de la vivienda y los tiempos de traslado. La evidencia internacional y nacional muestra que estas variables tienen impacto no sólo en la calidad de vida, sino también en las trayectorias académicas.
La sensibilidad respecto al carácter complejo de la pobreza y sus alcances respecto del bienestar y la inclusión en la vida universitaria, es consistente con los nuevos procesos de acreditación para el acceso a los beneficios estudiantiles que incorporan el Registro Social de Hogares. El instrumento, que remplaza a la anterior Ficha de Protección Social en la identificación de los grupos sujetos de política social, clasifica a los hogares no en función de los ingresos disponibles, sino según un índice de necesidades, y establece mecanismos de prelación en base a condiciones estructurales de vulnerabilidad.
Según lo declarado por Gobierno, el objetivo de este cambio apunta a la necesidad de unificar criterios y procedimientos para el desarrollo de políticas públicas articuladas, coherentes y consistentes.
Con todos estos avances, sorprende el retroceso implicado en la supresión definitiva de la BMES en la Ley de Presupuesto que se discute en el Congreso. Ya en 2016, los estudiantes de primer año que accedieron a la Gratuidad no recibieron este beneficio y lo mismo sucederá con la cohorte 2017. ¿Cambiaron los diagnósticos que dieron origen a la asignación? ¿Son los recursos ahorrados sustantivos para reestablecer los equilibrios fiscales? Sin entender la razón, la señal es contradictoria con la aproximación a la pobreza liderada por el Ejecutivo y –por cierto– con la relevancia asignada a la equidad en el proyecto de Reforma a la Educación Superior.
