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Los Gastos Reservados del Presupuesto 2017

por 27 octubre, 2016

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El presupuesto del Gobierno Central incluye todos los años una autorización a la Presidencia y a los ministerios de Interior y Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa, para ejecutar gastos clasificados como reservados en pesos y en dólares. Esta autorización se hace por glosa presupuestaria y su aprobación legislativa es virtualmente automática.

En el proyecto de Presupuesto para 2017 los gastos reservados en pesos, que alcanzan a poco más de $6 mil millones, crecen 4,1% nominal respecto de 2016; es decir, del orden de 1% real. Ese crecimiento, sin embargo, se da en una sola repartición pública: la Subsecretaría del Interior, cuya autorización de gastos reservados aumenta en 14,4% nominal respecto de este año. ¿Por qué? El problema es que es realista sostener que solo lo saben quienes hicieron ese presupuesto y nadie más. La autorización para gastos en dólares se mantiene constante en términos nominales, llegando a USD 4,3 millones.

El monto asignado en moneda nacional para gastos reservados en 2017 no es menor. Corresponde, por ejemplo, al 54% del presupuesto del Sernac; al 91% del de la Fiscalía Nacional Económica; al 13% del de la Dibam; al 17% del de Fondos Culturales y Artísticos; y es un 174% mayor al del Comité Innova Chile. El monto en dólares, por su parte, equivale al 0,3% del gasto total en esa moneda del presupuesto de 2017.

Antes del asunto de fondo, es necesario una precisión adicional. Existe una diferencia importante entre la determinación de los gastos reservados de la administración civil del Estado y los que van a las Fuerzas Armadas. En el caso de estas últimas, su nivel y distribución entre instituciones quedó definido en la Ley Orgánica Constitucional que las rige y que data de febrero de 1990. No es posible, por lo tanto, cambiar ni su nivel ni su distribución sin una modificación previa de esa ley. Es importante aclarar también que estos gastos reservados asignados a las Fuerzas Armadas no tienen relación alguna con los que derivan de la Ley Reservada del Cobre, los cuales corresponden a una asignación extrapresupuestaria.

Los gastos reservados que hace el Gobierno Central han sido un tema ausente de la discusión en Chile por muchos años; no obstante, sería un importante avance hacia el aseguramiento del mejor uso de recursos públicos que se modifique significativamente la forma en que se aprueban y controlan este tipo de gastos. El problema no es técnicamente complejo; es políticamente complejo.

En el caso de Chile (porque esto no es así en los países contra los cuales nos gusta compararnos), existen dos problemas muy relevantes con los gastos reservados: la definición de su nivel y el control sobre su ejecución.

Respecto del nivel de estos gastos –excluyendo los asignados a las FF.AA. que están definidos por ley–, su determinación es fuertemente inercial y las variaciones que puedan existir, como en el caso del Presupuesto para 2017, son decididas en el Ejecutivo sin ningún cuestionamiento relevante en la etapa de discusión del Presupuesto en el Congreso. Esto implica, en breve, que la autoridad superior, en cada una de las partidas presupuestarias con derecho a asignación de gastos reservados, decide ante sí y sin mucho contrapeso real cuál será el nivel de esos gastos.

El primer filtro que este proceso debería tener es la Dirección de Presupuestos, donde debería exigirse una justificación razonablemente precisa del motivo de tales gastos. Pero el segundo filtro, aún más fundamental, debería ser la discusión en las Subcomisiones y luego en  Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso al momento de decidirse la aprobación del proyecto de Presupuesto.

Esto no existe en la práctica actual. Podría sostenerse que las materias involucradas no pueden discutirse en forma pública; la solución a eso es muy conocida: sesiones especiales (que sí existen) en el Congreso en que solo puede asistir cierto tipo de personal. No hay realmente una razón que impida que el Parlamento se involucre mucho más activamente en el análisis y determinación de los gastos reservados.

Pero el problema no está solo con la definición de cuál es el nivel apropiado de los gastos reservados. Tan importante como eso, es el control respecto a cómo fueron ejecutados. En la práctica actual en nuestro país, ese control es en extremo superficial. Se rinden en forma genérica y, en realidad, es imposible saber en qué actividades se utilizaron. Quizás el rol principal en esta fase, además, por supuesto, del control directo que tienen las reparticiones involucradas en el uso de estos recursos, recae en la Contraloría General de la República y luego la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso.

Los gastos reservados que hace el Gobierno Central han sido un tema ausente de la discusión en Chile por muchos años; no obstante, sería un importante avance hacia el aseguramiento del mejor uso de recursos públicos que se modifique significativamente la forma en que se aprueban y controlan este tipo de gastos. El problema no es técnicamente complejo; es políticamente complejo.

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