Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria han vuelto a llenar titulares. En particular por reflejar, nuevamente, las brechas de logro académico que separan a los estudiantes pobres de los estudiantes ricos. Los expertos han tenido una ocupada agenda explicando los resultados y las brechas, compartiendo sus pareceres sobre la prueba y su relación con el sistema de admisión del Consejo de Rectores (CRUCh). En la discusión técnica podemos acabar largamente hablando de estadísticas, de confiabilidad, de validez, y de capacidad predictiva de la prueba. Enmarcar el debate en esos términos produce una consecuencia interesante. Los expertos dirán que no es la prueba de selección la responsable de resolver los problemas de inequidad, aun cuando se le demande hacer eso. Una forma de entender esta posición es tal vez mirar el problema en otro lugar.
Sabemos que el problema con la PSU y la selección es que ha ido contribuyendo a la conformación de un sistema productor de castas. Estas castas serían grupos de personas que crecen con experiencias educativas muy homogéneas en su círculo, pero segregadas del resto en términos socioeconómicos. De acuerdo al último informe Education at Glance de la OCDE, Chile es el segundo país donde el logro académico, en términos de escolaridad, representa mayores grados de diferencia en los ingresos de quienes trabajan a tiempo completo. Es decir, En Chile la diferencia de ingresos entre una persona que va a la universidad y completa un programa de estudios y alguien que termina la educación secundaria (o no lo hace) es de las más grandes de los países de la OCDE. Esta diferencia es aún mayor cuando se consideran programas de postgrado en comparación con los otros niveles de escolaridad. En Chile, por tanto, hay un tremendo incentivo para continuar estudios post-secundarios, dado que representa una salida para reducir brechas de ingresos. Es relevante que una reforma a la educación, escolar y superior, considere estas condiciones y su impacto en la subjetividad de quienes hoy se están escolarizando.
Sin embargo, la ideología que ha primado hasta ahora en la reforma educativa no ha contribuido a comprender y menos resolver el problema. La liberalización del sistema, la competencia en un mercado, y la falta de centralidad pública han llevado a multiplicar las instituciones de educación superior segmentadas por ‘clientela’. Es decir, fuera del universo de la selección vía PSU convive la mayoría de la educación superior con instituciones destinadas a estudiantes ricos, a estudiantes pobres, y a toda la segmentación posible entre esos extremos. En ese espacio, los estudiantes que no logran ingresar o siquiera postular a la universidad en el proceso que conduce el CRUCh se ven empujados a ingresar a las otras instituciones que los segmentan por capacidad de pago y /o endeudamiento. Ello es posible también dado que el CRUCh representa quizá ya menos de un tercio de la matrícula total de la educación superior. Los altos retornos relativos a los graduados que muestra el informe de la OCDE son vistos como justificaciones para el endeudamiento de estudiantes pobres y de ingresos medios, en planteles destinados a ellos. Mientras, esos retornos no son tan relevantes para estudiantes de más ingresos que no se endeudan para estudiar.
[cita tipo=»destaque»]En este proceso de selección vía PSU, estudiantes de familias ricas están en mejor posición para competir por las vacantes que ofrece el sistema público, creando una paradoja: la selección a la educación superior pública favorece a la educación secundaria privada. La tentación obvia –ya probada con muy poco éxito- es darle a la selección una posibilidad de resolver el problema con artificios estadísticos: bonificaciones por modalidad educativa, por ranking de notas. Pero, como acordarán los expertos, no está en esos instrumentos la responsabilidad por la equidad del sistema. Hay que pensar en otras soluciones.[/cita]
Desde la perspectiva de la totalidad del sistema de educación superior, el sistema de selección vía PSU pasa obviamente a un segundo plano. Lo primario para la selección, en este caso, es la capacidad de pago y/o endeudamiento de los estudiantes. Las brechas socioeconómicas que expresa la PSU afectan –por diseño- a un número relativo muy bajo de quienes estudiarán en educación superior, pero construyen una franja de estudiantes que ‘fracasan’ por causa de los ingresos de sus familias y optan por asumir otras vías para responder a la presión social por tener un título. Estudiantes que quedan fuera del sistema de selección vía PSU y que logran adquirir un título, podrán incluirse en el mercado laboral con una deuda a cuestas, lo que en la práctica genera nuevas brechas de ingresos con quienes no se endeudaron y tendrían un título equivalente en una institución ‘para su segmento’.
En este proceso de selección vía PSU, estudiantes de familias ricas están en mejor posición para competir por las vacantes que ofrece el sistema público, creando una paradoja: la selección a la educación superior pública favorece a la educación secundaria privada. La tentación obvia –ya probada con muy poco éxito- es darle a la selección una posibilidad de resolver el problema con artificios estadísticos: bonificaciones por modalidad educativa, por ranking de notas. Pero, como acordarán los expertos, no está en esos instrumentos la responsabilidad por la equidad del sistema. Hay que pensar en otras soluciones.
¿Cómo puede entonces el Estado, a través de su sistema de educación superior pública, asumir el desafío de la inequidad que incuba y produce (y que tan claramente muestra la PSU y el informe OCDE)? Una opción es mirar fuera del tecnicismo de ponderaciones y tecnologías de detección del mérito de la selección y admisión las instituciones públicas. Hasta ahora, lo que el Estado ha hecho mirando el problema de la selección/admisión es parecido a salir a pescar enfocándose únicamente en el mejor anzuelo. Si solo nos preocupamos del anzuelo, sin mirar cuántos cardúmenes de peces hay, cuántos otros botes de pesca están cerca, qué carnadas funcionan mejor, es difícil que podamos entender por qué no capturamos el pez que queremos capturar, aun teniendo el anzuelo más sofisticado. Hay que mirar otras cosas alrededor. Algo clave sería entender que necesitamos pescar sabiendo que hay más peces disponibles. El problema público de la selección inequitativa, entonces, se reduce si como país tenemos menos que seleccionar y más que ofrecer.
Es importante acá volver a enfatizar la centralidad de lo público que han expresado los movimientos sociales de recuperación del derecho a la educación. La inequidad del acceso a estudios post-secundarios podría enfrentarse si tomamos como país la decisión de actuar con energía desde lo público. Fortalecer el sistema público, haciéndolo crecer racionalmente de tal forma que la selección no sea un problema de inequidad. Para eso, es necesario contar con políticas que contundentemente aumenten la participación pública en la matrícula de la educación superior en su totalidad. Tenemos que asegurarnos de pescar donde hay peces. En esa conversación, ya no hablamos de cómo seleccionamos a los ‘más meritorios’, sino de cómo la educación superior pública otorga al país una vía para que los estudiantes ricos, pobres y los que estén al medio tengan la oportunidad de conocerse e interactuar, como un derecho. El anzuelo con el que pescamos dejaría de ser lo importante y no le tendríamos que pedir a la PSU, al instrumento, que resuelva la inequidad del sistema escolar.
