Frente a la que promete ser la nueva política migratoria en Chile la cual deberá ingresar al Congreso antes del 30 de enero para su trámite, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet realiza un intento real por mejorar las condiciones actuales en las que viven las personas inmigrantes en nuestro país. Ahora bien, observamos hasta hoy que la discusión que fundamenta esta política de migraciones es más bien administrativa que migratoria.
Con esta “política migratoria”, lo que se pretende esencialmente es organizar de manera administrativa lo que hoy efectivamente es un desconcierto para la nación. Pues al crear un registro nacional de extranjeros, Chile sabrá con más claridad cuántas personas inmigrantes viven actualmente en territorio nacional y quiénes son ellos, generando así un mayor orden y control frente a este grupo de personas.
Por otro lado, se crearán nuevas categorías de inmigrantes y nuevos permisos para su estadía. Ello con el fin de enfrentar una realidad que se hace cada vez más presente en la actualidad: gran parte de las personas que ingresan al país con permisos de visitantes, vienen con claras intenciones de trabajar y radicarse. Hacer frente a esta realidad es fundamental y urgente.
Estos dos importantes elementos constitutivos de la nueva ley migratoria, no hace sino mostrarnos nuevamente la alineación estrecha que existe entre el posicionamiento que pretende desarrollar Chile y los postulados que se entregan desde la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pues es a partir de los organismos internacionales, principalmente la ONU, donde se cimientan los preceptos básicos que nos obligan a organizarnos administrativamente de mejor manera y tomar el control del movimiento migratorio, pues para poder “aprovechar económicamente” la inmigración, se requiere conocer bien el paradero de los inmigrantes y sus verdaderas intenciones migratorias.
[cita tipo=»destaque»]Ahora bien, siendo conscientes de la relevancia que comporta el desarrollo de esta política para la organización interna del país y entendiendo que es un primer paso para un cambio mayor, creemos que ésta al ser una oportunidad clave en la historia nacional para participar responsablemente de un fenómeno mundial, debiera acompañarse de iniciativas que conlleven a la construcción de una reflexión ideológica, política, social y cultural en torno al desarrollo local y exterior del país.[/cita]
Para las organizaciones internacionales, el problema no es la inmigración como tal. Muy por el contrario, para ellos la inmigración no viene sino a colaborar con los países en su desarrollo económico interno. Prueba de ello, observamos como la ONU, en su Informe de desarrollo humano del año 2009 “Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos” fundamenta, entre otros elementos, que la inmigración más que una problemática política, social o cultural, es un tema de gestión, el cual demuestra que el arribo de los inmigrantes a un país, lejos de generar conflictos, puede producir grandes ganancias, pues si el Estado gestiona bien la presencia de las personas inmigrantes en territorio nacional a través de su inserción al empleo – por ejemplo – las ganancias económicas serían aprovechadas por todos los connacionales.
Evidentemente lo que se requiere para lograr estos objetivos, es una mayor organización y un mejor control de las personas inmigrantes, dos aspectos que esta nueva ley parece fomentar.
Sumado a ello, al clarificar con esta ley que la inmigración irregular no es por sí misma constitutiva de delito y que ahora se conformará el derecho a poder apelar si es que la persona inmigrante es expulsada del país, frenando de esta manera la vulgar discrecionalidad con la que hasta hoy son tratadas las decisiones migratorias en Chile, se pone de manifiesto un importante avance discursivo (y legal) en lo que se refiere al aspecto cultural del fenómeno migratorio, lo cual deja claro por otro lado, la intencionalidad que posee el sector político que está impulsando este proyecto de ley.
Ahora bien, siendo conscientes de la relevancia que comporta el desarrollo de esta política para la organización interna del país y entendiendo que es un primer paso para un cambio mayor, creemos que ésta al ser una oportunidad clave en la historia nacional para participar responsablemente de un fenómeno mundial, debiera acompañarse de iniciativas que conlleven a la construcción de una reflexión ideológica, política, social y cultural en torno al desarrollo local y exterior del país.
Es indiscutible que esta política como cualquier otra, tiene un fundamento ideológico específico. El problema radica en que, hasta hoy, este fundamento se hace evidente solo de forma discursiva sin generar los cimientos necesarios que anteceden cualquier intención de transformación social.
En este sentido, observamos que el gobierno, por más generosas que sean sus intenciones, comete nuevamente un gran error del tipo “transantiago” reemplazando las antiguas “micros” y sus recorridos por lujosos (y otros no tanto) buses de un día para otro, sin antes haber habilitado las calles para ello, ni haber sensibilizado a la población sobre esta gran revolución en materia de transporte.
En materia migratoria el escenario es similar. ¿Cómo explicarle a la población chilena, la cual jamás ha conocido tan de cerca el fenómeno migratorio, quien vive con el problema cotidiano del vecino que no tiene las mismas costumbres culturales y quien cree, gracias principalmente a los medios de comunicación, que los inmigrantes son fuente de peligro y amenaza, que ahora el gobierno de Chile enviará un proyecto de ley para mejorar la calidad de vida de los inmigrantes porque las autoridades del oficialismo consideran que ellos son un aporte para el país? Evidentemente, no hablamos de todos los ciudadanos chilenos. Varios somos los que no pensamos de esa manera, pero no podemos seguir obviando que hay una realidad presente en el diario vivir de los y las chilenas que se fundamenta en diferencias culturales que existen y que nada tienen de negativo si se manejasen de mejor manera.
Es importante comprender que esta no se trata únicamente de una simple modernización de visados, hablamos de un cambio general, una transformación social. Chile se hace responsable de su apertura al mundo y así como participa dichosamente de los mercados internacionales, ahora lo hace claramente frente a los flujos migratorios.
Ahora bien, observamos que esta nueva política migratoria se concentra principalmente en los inmigrantes – su organización y administración – en desmedro de un debate más profundo que considere los desafíos de la integración social que conlleva esta nueva realidad migratoria.
Ello requiere de más acción comunitaria y no sólo de reglamentos y categorizaciones, pues dichas acciones deberían acompañarse de reflexiones más profundas en torno a nuestro modelo de sociedad y a la participación de Chile frente a los flujos migratorios. Cuestiones como ¿qué valores comunes serán los promulgados por Chile?, ¿qué modelo de integración social desarrollaremos para las personas inmigrantes?, ¿qué prioridades definiremos como país en esta materia?, son solo algunos de los debates que en materia migratoria se requieren desarrollar cuando lo que se pretende es realmente generar un cambio social a nivel nacional y no solo gestionar de mejor manera la llegada de los inmigrantes.
Cabe destacar, que este no es un fenómeno único en el mundo. Chile no es el único país que vive con esta realidad, al contrario, muchos son los países que se encuentran en este mismo dilema actualmente. Sería entonces interesante, desde un punto de vista transnacional, mirar más allá para aprender de experiencias similares a la nuestra. Ahora bien, desde un punto de vista local y reivindicativo, sería más interesante aún el preguntarnos a nosotros mismos, a nuestros expertos, a quienes trabajan día a día directamente con los inmigrantes, sobre cómo introducir esta transformación que más que económica y legislativa, es por sobre todo social, cultural y política. Con ello, me refiero específicamente a las organizaciones comunitarias y de base que por años han trabajado a la sombra de un Estado que no se ha responsabilizado de las consecuencias que conlleva su participación en el fenómeno de la globalización.
De este modo, antes de pensar en una legislación, debemos prioritariamente pensar en cómo generar estrategias para aprender a respetarnos y a vivir juntos. Una ley es necesaria para organizar y ordenar el escenario, pero ella no cambia la forma de actuar de sus protagonistas. En este sentido creemos que poner énfasis en el actuar ciudadano y en el desarrollo del vínculo comunitario, será finalmente la clave de nuestra verdadera transformación social.
