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Hacia un nuevo sistema de Previsión Social

por 26 marzo, 2017

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Chile demanda de manera urgente un nuevo Sistema de Previsión Social, constituido en base a los principios universales de la seguridad social, en virtud de los cuales la jubilación digna constituye un derecho social fundamental de los trabajadores.

La seguridad social como doctrina proviene de una acumulación práctica en el tiempo de experiencias y luchas sociales acerca de la dignidad laboral del ser humano y los resultados prácticos de su trabajo hacia el final de su vida. La seguridad social, en especial la jubilación, no es el residuo de la productividad humana que se devuelve como caridad indigna a las personas. Es un derecho social que se cobija en la esencia misma de lo colectivo, como comunidad, humanidad y respeto. Es, en esencia un asunto colectivo y no un problema individual.

Desde los orígenes de las movilizaciones sociales de los trabajadores, la búsqueda de su unidad y la creación de una organización estuvieron impregnadas por la necesidad de enfrentar las vicisitudes de la vida y sus injusticias como algo que a todos concernía. No fueron solo problemas de dinero sino también de solidaridad y afectos, frente a problemas como la orfandad y la viudez protección social, o la cesantía y la vejez como estados de desechos o lastre social para un ser humano. Ese núcleo de afectos –a veces casi invisible- ha estado en el corazón de sus actuaciones, y así fue transformando los derechos laborales también en derechos sociales, ampliándolos en su contenido y logrando su reconocimiento contractual, legal y constitucional.

El pago de una pensión futura es un reconocimiento diferido en el tiempo para con el trabajo y la calidad de seres humanos. Los chilenos requerimos de un nuevo pacto, que rompa el sentido productivista del sistema actual de pensiones, para pasar a un sistema de jubilaciones en que trabajadores, empleadores y el Estado concurran solidariamente al financiamiento de pensiones dignas, que consideren en su definición la densidad de cotizaciones y las remuneraciones de los trabajadores mientras estaban activos, con garantía de pensiones mínimas solidarias y condiciones humanas de vida.

El sistema de AFP se instaló en nuestro país eliminando los avances sociales obtenidos por los trabajadores, instaurando un sistema de lógica individualista, que entregó a empresas privadas la administración de los fondos acumulados por los trabajadores para jubilar, todo lo cual ha redundado en la obtención de pensiones miserables por parte de los trabajadores y, como contrapartida, una enorme concentración del capital y la obtención de enormes rentabilidades por parte de las empresas administradoras de los fondos.

El sistema de AFP se instaló en nuestro país eliminando los avances sociales obtenidos por los trabajadores, instaurando un sistema de lógica individualista, que entregó a empresas privadas la administración de los fondos acumulados por los trabajadores para jubilar, todo lo cual ha redundado en la obtención de pensiones miserables por parte de los trabajadores y, como contrapartida, una enorme concentración del capital y la obtención de enormes rentabilidades ppor parte de las empresas administradoras de los fondos.

Quién administra esos fondos acumulados es uno de los asuntos de mayor relevancia para la economía y el desarrollo nacional. Ellas resultan fundamentales para la marcha de la economía nacional, en cuanto a que deciden el uso de estos fondos, favoreciendo con sus decisiones empresas y sectores, sin que haya otro compromiso que una renta final de la inversión. Pueden incluso financiar sectores que, a largo plazo impliquen una disminución de la oferta de trabajo o que se orienten y renten en sectores de trabajo precario.

El sistema de AFP se instaló en nuestro país eliminando los avances sociales obtenidos por los trabajadores, instaurando un sistema de lógica individualista, que entregó a empresas privadas la administración de los fondos acumulados por los trabajadores para jubilar, todo lo cual ha redundado en la obtención de pensiones miserables por parte de los trabajadores y, como contrapartida, una enorme concentración del capital y la obtención de enormes rentabilidades ppor parte de las empresas administradoras de los fondos.

La administración de los fondos para jubilar debieran volver a una administración pública con participación de los trabajadores en su dirección, de manera que las rentabilidades vuelvan a beneficio de los cotizantes y las inversiones se realicen con criterios económicos que consideren el interés nacional del trabajo y en particular el interés de los beneficiarios finales del sistema de previsión social, los jubilados.

Un primer paso de enorme importancia sería que el 5% de aporte empresarial adicional, propuesto por la Presidenta de la República, fuese administrado por una entidad pública. Un segundo punto, es que se controle la incidencia de las empresas extranjeras que controlan las principales AFP, se limiten a niveles decentes su rentabilidad y la remesa de utilidades al exterior. Ello junto con permitir legalmente la asociación de afiliados para otorgar una mayor simetría al sector.

Actualmente la gran mayoría de los chilenos no tiene fondos suficientes en sus cuentas de capitalización individual, muchas veces debido a las lagunas de cotización además de bajas remuneraciones, lo que hace imprescindible que concurra la solidaridad pública a complementar sus jubilaciones. Ese segmento es superior al 70% de quienes cotizan lo que constituye suficiente argumento para aplicar una administración pública de los fondos previsionales, en lugar del usurario sistema privado actual.

Finalmente, para decidir sobre estos y otros trascendentales aspectos, resulta democrático reconocer a los chilenos el derecho a elegir el sistema de seguridad social que quieren que los rija. En el corto pero seminal debate constitucional impulsado por la Presidenta Bachelet – que esperamos continúe según lo comprometido con el pueblo - los chilenos proponen con insistencia incorporar al nuevo ordenamiento constitucional los plebiscitos y consultas ciudadanas.

Con todo, urge iniciar ya la tramitación de reformas al sistema de previsional, que permitan poner, por lo menos, las bases de un Nuevo Sistema de Previsión Social. A diferencia de lo que fue la imposición autoritaria del actual sistema, estamos convencidos que hay suficiente textura social y democrática en el país para que la transformación del sistema tenga el aliciente de una gran y convincente movilización social.

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