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Chile en deuda

por 27 marzo, 2017

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Hace algunos días, el país conoció la incautación de 236.418 pares de zapatillas falsas en una bodega en la ciudad de Iquique, lo que transformó a esta acción en el mayor decomiso de bienes falsificados que se haya descubierto en el país y que amerita aplaudir a todos los profesionales involucrados en este logro.

Pese a que representa un hito importante, los legisladores, los consumidores y el sistema judicial civil y penal, aún no han hecho avances sustanciales orientados a hacer respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial en el país.

Reflejo de lo anterior es que Chile sigue figurando todos los años en la “Lista Roja” que elabora la Office of the United States Trade Representative (USTR) para aquellos países que están al debe en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Ello ocurre porque aún no existe conciencia del valor que tiene para la economía y para el “ethos” social el respeto a estos derechos. Muchos de los actores optan por “hacer la vista gorda” en esta materia, sin considerar que esto nos puede costar muy caro en virtud de las políticas proteccionistas que está impulsando la administración de Donald Trump.

¿Dónde está la solución? Primero, generar conciencia de que piratear es un delito. Segundo, que los proyectos de ley en discusión en estas materias, finalmente vean la luz. Tercero, dotar de medios y recursos a los fiscalizadores, para detectar y actuar ante las infracciones. Por último, pero tal vez lo más importante, es que los jueces asuman su responsabilidad en el tema y apliquen la ley sin contemplaciones.

Esto último es particularmente importante, porque al analizar fallos conocidos en este ámbito, se deduciría que los magistrados estiman que la propiedad intelectual es un bien jurídico que amerita menor protección que otros derechos.

Esta realidad puede encontrar explicación en el desconocimiento de la cadena de situaciones y realidades que se esconden tras la piratería, como la proliferación del comercio ilícito, el no pago de impuestos, la explotación infantil y el socavamiento de la innovación, por nombrar sólo algunas.

Ello ocurre porque aún no existe conciencia del valor que tiene para la economía y para el “ethos” social el respeto a estos derechos. Muchos de los actores optan por “hacer la vista gorda” en esta materia, sin considerar que esto nos puede costar muy caro en virtud de las políticas proteccionistas que está impulsando la administración de Donald Trump.

No por nada, hace unos días el CEO de Alibaba, Jack Ma, comparó la gravedad del delito de piratería con la conducción en estado de ebriedad. Paralelo que, obviamente, tiene sus matices, pero que apunta a algo central: falsificar y consumir bienes pirateados tiene repercusiones gravísimas no sólo para el comercio, sino que también para la sociedad en general.

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