Actualmente, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se tramita sin urgencia un proyecto de ley cuyo propósito es crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Sistema de Áreas Protegidas, boletín N° 9404. En teoría este proyecto de ley debería zanjar un déficit histórico que tiene Chile en materia de conservación de biodiversidad, tal como ha sido señalado por la OCDE en sus dos evaluaciones de desempeño ambiental de Chile publicadas los años 2005 y 2016. En ellas, así como en otros estudios se puede concluir que Chile presenta un enorme retraso en el establecimiento de regulaciones nacionales para la protección y conservación de la biodiversidad, como también en los recursos fiscales destinados a tales fines.
En términos generales la iniciativa legal del Ejecutivo, boletín N° 9404, pretende cumplir con tres grandes propósitos. El primero es crear una institución pública, Servicio de Biodiversidad, que reúna competencias hoy dispersas sobre esta materia, el que estaría radicado en el Ministerio de Medio Ambiente. El segundo propósito tiene que ver con establecer regulaciones nacionales para la protección y la conservación de la biodiversidad, una suerte de ley de protección de la naturaleza, pues Chile no tiene legislación de este tipo. Por último el proyecto de ley se propone crear un Sistema Nacional de Áreas Protegidas Públicas y Privadas, terrestres, marinas y acuáticas. Actualmente existe un Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), radicado en CONAF y que de aprobarse esta ley sería trasladado en un plazo de tres años al Servicio de Biodiversidad, es decir al Ministerio de Medio Ambiente.
[cita tipo=»destaque»]En materia de conservación de la naturaleza el texto legal está muy lejos de afrontar los problemas que hoy presenta Chile tanto en conservación in situ como ex situ, problemas con especies invasoras, conservación marina, por solo mencionar algunos temas. Adicionalmente el texto no entrega herramientas para afrontar los desafíos que impone el cambio climático en materia de conservación de la biodiversidad. [/cita]
Si bien, en principio el proyecto de ley parece muy atractivo y orientado a solucionar deficiencias históricas de la institucionalidad pública y el marco regulatorio, es necesario leer el articulado del texto legal propuesto por el Gobierno para constatar que la solución puede incluso significar un retroceso respecto de la situación actual. Pues el proyecto de ley no resuelve adecuadamente la dispersión de competencias, crea una institución que depende del Ministerio de Medio Ambiente y por tanto del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que en la práctica es quien determina las acciones del Ministerio de Medio Ambiente. El texto legal propuesto se inicia con una serie de principios y definiciones que determinan la interpretación jurídica de la regulación propuesta y las cuales son deficientes en su contenido.
En materia de conservación de la naturaleza el texto legal está muy lejos de afrontar los problemas que hoy presenta Chile tanto en conservación in situ como ex situ, problemas con especies invasoras, conservación marina, por solo mencionar algunos temas. Adicionalmente el texto no entrega herramientas para afrontar los desafíos que impone el cambio climático en materia de conservación de la biodiversidad. Por ultimo en lo que se refiere a áreas protegidas, si bien este es el principal instrumento de conservación utilizado por muchos países, en el caso de Chile hemos operado con un sistema de áreas protegidas (SNASPE) gestionado por CONAF y junto a otras categorías de protección dispersas en distintos ministerios. En áreas protegidas el texto propuesto presenta múltiples problemas que van desde las definiciones de las categorías de áreas protegidas que considera, las categorías de protección que no considera, la forma de afectación y desafectación, lo cual pone en cuestión la posibilidad real de cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile.
En definitiva el texto legal propuesto por el Ejecutivo está lejos de significar un avance para el país en materia de conservación de la biodiversidad y cumplir con lo establecido en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la Republica, que señala “Es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza”. Basta revisar el texto legal original y en las indicaciones presentadas por el ejecutivo en diciembre de 2016 para concluir que no estamos avanzando.
El origen de este texto se remonta a junio de2014, cuando Bachelet envío un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, boletín N° 9404, iniciativa muy similar a la presentada por Piñera el 2011 y que según un primer análisis de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presentaba muchas deficiencias. Por ello instruyeron la creación de una Comisión Técnica Asesora que trabajó con el Ministerio de Medio Ambiente entre septiembre y diciembre de 2014. Con los insumos emanados de esa comisión el Ejecutivo debía mejorar el contenido del proyecto de ley e ingresar una indicación sustitutiva entre abril y mayo de 2015, cosa que no ocurrió. En ese periodo los senadores presentaron más de 1200 indicaciones. Sin embargo, el Gobierno tardó 2 años en presentar las indicaciones comprometidas, las cuales no recogen la mayoría de las recomendaciones de la Comisión Asesora Técnico Política y en muchos casos incluso presenta un retroceso respecto al proyecto original de 2014.
Resulta muy curioso y preocupante el empeño que pone el Ministerio de Medio Ambiente en impulsar la tramitación legislativa de un texto legal con tantas deficiencias y que claramente no soluciona los problemas en materia de conservación de la biodiversidad que hoy presenta Chile. Igualmente extraño resulta el apoyo transversal de la mayoría de los senadores de la comisión al Gobierno considerando que pertenecen a distintas tiendas políticas.
Observando lo que ha pasado durante este Gobierno en materia de biodiversidad surgen preguntas y son evidentes las contradicciones. Por una parte la presidenta Bachelet ha anunciado la creación de importantes áreas marinas y ha aceptado la donación de Tompkins Conservation para crear la red de parques de la Patagonia, y por otra el Ministerio de Medio Ambiente se empeña en tramitar un proyecto de ley deficiente y que no asegura la conservación de la biodiversidad. Por ello tal vez es hora de revisar en profundidad el texto que se encuentra en el parlamento y desde el Gobierno, que en esta materia tiene capacidad de hacerlo, proponer cambios sustantivos al todavía proyecto de ley.
