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Energía para el desarrollo

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Aldo Madariaga E.
Por : Aldo Madariaga E. Instituto de Políticas Públicas UDP y Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
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La energía está viviendo un verdadero boom en el país. El sector concentra hoy la inversión productiva y las empresas han comenzado a ofrecer soluciones social y ambientalmente sustentables–aun cuando queda todavía mucho por hacer. En poco tiempo las energías renovables no convencionales (ERNC) lograron suplir un 58% de la capacidad que proyectaba Hidroaysén y se estima que en 2022 cerca de un cuarto de la electricidad provendrá de fuentes limpias y de bajo impacto social.

Este avance ha llevado a plantear que el sector energía puede constituirse en el motor del nuevo modelo de desarrollo que tanto urge a Chile, uno más sustentable, más inclusivo y más innovador. En esta columna planteo algunas reflexiones surgidas de la discusión que suscitó el seminario «La revolución de las energías renovables» organizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

¿Promover o dirigir?

Una de los rasgos más característicos del desarrollo de las ENRC en Chile es que, a diferencia de los países líderes en el mundo, se han desarrollado sin subsidios estatales. El subsidio, se dice, lo provee la naturaleza con condiciones naturales inmejorables. Por cierto, esto no ha implicado que el Estado esté completamente ausente, enfocándose en «promover» las ERNC a través de regulaciones (leyes de cuotas, leyes de licitaciones, Ley de Transmisión, etc.), y algunos programas que aunque acotados, constituyen iniciativas relevantes (p.ej. electrificación rural, Techos Públicos Solares, y otros enfocados en la innovación como el Solar Energy Research Centre (SERC) y el Programa de Energía Solar (PES)). Nos preguntamos, sin embargo, ¿son estos esfuerzos suficientes para tamaño objetivo?

Un colega que estudió la industria salmonera me comentó hace algún tiempo que a mediados de la década pasada, en pleno auge de la industria, se hacía esfuerzos por mantener al Estado alejado de ella. Sin embargo, pronto llegaron las crisis y el Estado debió hacerse cargo de las consecuencias. Hoy en día la industria todavía no logra volver a despegar, y de paso, la devastación ambiental que esta ha dejado será difícil de revertir. Como nos recuerdan los estudios sobre procesos sociales complejos, los factores que originan un fenómeno no son necesariamente los mismos que permiten su reproducción o consolidación en el tiempo. En otras palabras: aun cuando la mera «promoción» estatal y otras condiciones externas fueron suficientes para el primer impulso a las ERNC, ello no asegura que estas se puedan consolidar como motor del desarrollo sustentable, inclusivo e innovador.

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Aun cuando la mera «promoción» estatal y otras condiciones externas fueron suficientes para el primer impulso a las ERNC, ello no asegura que estas se puedan consolidar como motor del desarrollo sustentable, inclusivo e innovador.[/cita]

Por ejemplo, dado que nuestro país es un importador de tecnología, esta transición implicará una fuerte presión sobre la balanza de pagos en un período de baja cotización del cobre. ¿Será la exportación de energía suficiente para contrarrestar el deterioro de la balanza comercial? ¿Cómo asegurar que las iniciativas en I+D de Conicyt y CORFO sean aprovechadas localmente de manera que la transición de Chile no termine únicamente consolidando las industrias tecnológicas de otros países? Un nuevo modelo de desarrollo no surge espontáneamente y tampoco se consolida sin una visión de futuro. Parafraseando a Mariana Mazzucato, se necesita que la inversión pública dirija estos esfuerzos y ponga una misión por delante.

¿Solución a todos los males?

La transición hacia una matriz renovable no es por sí sola innovadora, y tampoco es en sí misma sustentable. En efecto, la definición de la Agenda Energía 2050 incorpora entre las fuentes «renovables» a los megaproyectos hidroeléctricos que por definición utilizan energía renovable, pero que como sabemos, tienen altísimos impactos socioambientales. Muchos de estos proyectos como Alto Maipo o Río Cuervo en Aysén se encuentran en plena construcción o con RCA aprobada. Incluso hemos visto acciones para resucitar el supuestamente descartado Hidroaysén. Se plantea que energías de base como la termo e hidroeléctrica son necesarias pues proveen estabilidad al sistema dado que las renovables no convencionales sufren gran intermitencia –el ciclo del día y la noche para la fotovoltaica, las oscilaciones del viento para la eólica. Ahora bien, no puede ser que la solución a esta variabilidad sea mantener en funcionamiento centrales termoeléctricas como Bocamina I y II en el Bío-Bío que una y otra vez han debido paralizar actividades por los efectos en la salud de sus trabajadores y comunidades aledañas. ¿No debiéramos redoblar la apuesta para encontrar mejores soluciones de almacenamiento y así no tener que descansar en fuentes de energía que conllevan altos costos sociales y ambientales?

En la actualidad hay varias alternativas sustentables posibles, pero estas enfrentan una fuerte restricción de financiamiento en un mercado de capitales que rara vez apuesta por el riesgo. Es el caso de proyectos como Valhalla, con un innovador sistema que combina energía fotovoltaica y bombeo hidráulico para asegurar la generación durante la noche, o el proyecto termosolar Cerro Dominador –el primero en su tipo de América Latina y uno de los más grandes del mundo– que utiliza la tecnología de concentración para almacenar energía solar en estado térmico. Este último estuvo cerca de un año paralizado por no conseguir financiamiento para seguir su construcción. ¿Cómo se puede solucionar el problema del financiamiento? ¿Es suficiente que el mercado financiero asigne recursos con los mismos criterios que a cualquier otra actividad? ¿Como avanzar con más fuerza hacia un apoyo público de las iniciativas más innovadoras, que aunque más riesgosos, ayudan a correr la frontera tecnológica en el país?

Ahora bien, las ERNC tampoco aseguran la sustentabilidad. En la región de la Araucanía, por ejemplo, vecinos, comunidades indígenas y empresarios del turismo y agricultura han visto la proliferación descontrolada de centrales mini-hidro de pasada alterar el funcionamiento de las comunidades y las actividades económicas de la zona. Asimismo, en el Santuario de la Naturaleza de Hualpén se aprobó un parque eólico consistente en 10 generadoras de una altura similar a la Torre Entel. Más aún, la construcción de la línea de transmisión Cardones-Polpaico que debía incentivar la generación solar al facilitar el transporte de energía desde el norte al centro del país, se encuentra paralizada debido a que afecta a las comunidades donde pasa y viola sitios de conservación medioambiental. La supuesta aprobación irregular de las respectivas RCA incluso motivó una comisión investigadora en la cámara de diputados.

Una alternativa sería construir en áreas más cercanas a las zonas de consumo y disminuir la escala de los proyectos. Sin embargo, en la medida que vayan apareciendo paneles solares y molinos de viento en zonas pobladas sin involucramiento de las comunidades, comenzaremos a escuchar cada vez más el «not in my backyard» esto es, todos desean más energías renovables pero ojalá lo más lejos de mi patio. ¿Será, nuevamente, que las decisiones descentralizadas del mercado serán capaces de conjugar los distintos intereses en juego y minimizar el impacto de la transición renovable? ¿O será que se necesita algún tipo de ordenamiento territorial que establezca claramente qué lugares son aptos y qué lugares no lo son? Y si es así, ¿quién los define?

¿Quién decide?

Para ser inclusivo, además de sustentable e innovador, el nuevo modelo de desarrollo deberá incluir a las comunidades en las decisiones. Chile ha ido profundizando los espacios para la participación social, y con sus altos y bajos, la Agenda 2050 constituyó un proceso en la dirección correcta. Sin embargo, los tiempos que corren requieren de una participación más activa y vinculante, especialmente de las comunidades que se ven afectadas y/o que son los potenciales beneficiados con los nuevos proyectos, y no sólo informativa, consultiva o legitimadora.

El desarrollo de las ERNC ofrece espacios que la ciudadanía puede conquistar a partir de la participación en el diseño de la agenda energética. Existen diversos instrumentos legales que promueven la generación distribuida y asociativa, y de este modo, la posibilidad que las comunidades participen en la decisión del modelo de generación y consumo energético que más les acomode. Estas ofrecen también la posibilidad que la generación eléctrica no sólo abarate costos, sino además, constituya un soporte a las actividades económicas locales, aumente el capital humano, la innovación y la penetración de tecnología. La pregunta es: ¿se puede esperar a que las comunidades descubran por sí solas las oportunidades que ofrece la actual legislación?¿Cómo se promueve el empoderamiento de estas comunidades y se resguarda su derecho a decidir la manera en que desean vivir?

El ansiado desarrollo, innovador, sustentable e inclusivo, no caerá como maná del cielo por más que hayamos sido bendecidos con condiciones naturales inmejorables. Dado el estado actual de desarrollo de las ERNC, si queremos que estas se conviertan en el puntal del nuevo desarrollo, es hora de construir en conjunto una visión de futuro y tomar decisiones que nos acerquen a ella.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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