Hasta hace poco tiempo en Chile tendíamos a entender como un mismo proceso la descentralización y el desarrollo territorial. Como si la primera fuera un fin en sí mismo, único medio para abordar las complejas desigualdades existentes entre quienes viven en distintas zonas del país.
Por suerte, sobre todo para quienes viven en las zonas más rezagadas del país, cada vez resulta más evidente que, a pesar de su importancia, la descentralización es una entre varias estrategias de política pública necesarias para un desarrollo con cohesión territorial.
Desde esta perspectiva son varios los aspectos valorables de la Cuenta Pública del pasado 1 de junio. Los anuncios en materia de descentralización fueron escasos, por cierto. Mucho menos de lo que esperaba el mundo regionalista y de lo que cabía esperar de un gobierno que en sus inicios hizo una apuesta decidida por la descentralización. No obstante, si los anuncios para las regiones en otros ámbitos se materializan en el corto plazo, no cabe duda que el bienestar de muchos habitantes de regiones y zonas rezagadas se verá incrementado, y que la desigualdad entre estas zonas y la capital y otras grandes ciudades, disminuirá de manera ostensible.
[cita tipo=»destaque»]No es suficiente, sin duda. Tampoco reemplaza la anhelada elección de autoridades regionales y, a partir de ahí, la necesidad de un ciclo sostenido de incremento de atribuciones para que quienes viven en las distintas regiones del país puedan elegir autónomamente qué CFTs, qué ciclovías, o qué flotas de transporte público quieren.[/cita]
Así lo señaló la Presidenta Bachelet cuando se comprometió, por ejemplo, a «garantizar el derecho a estudiar, más allá de las condiciones económicas de cada estudiante, o del territorio en el que viva», cuando dio cuenta de la consolidación de “un ecosistema de apoyo técnico y acompañamiento en las regiones” a través de una red regional de Centros de Desarrollo de Negocios, o de la ampliación de la infraestructura urbana y vial en regiones.
Cinco nuevos Centros de Formación Técnica en Tarapacá, Coquimbo, Maule, la Araucanía y Los Lagos, 34 nuevos parques urbanos localizados en lugares como Lebu, Pelluhue, la Pintana o Arica, 6 kilómetros de ciclovías en 13 comunas de 10 regiones, la renovación de las flotas de taxis, taxis colectivos y micros en regiones, son algunos de los varios avances tendientes a cerrar brechas de desarrollo entre distintas regiones del país.
No es suficiente, sin duda. Tampoco reemplaza la anhelada elección de autoridades regionales y, a partir de ahí, la necesidad de un ciclo sostenido de incremento de atribuciones para que quienes viven en las distintas regiones del país puedan elegir autónomamente qué CFTs, qué ciclovías, o qué flotas de transporte público quieren.
Pero son avances que sientan las bases para una convivencia más equitativa. Y eso, siempre, merece ser valorado.
Desafíos pendientes de nuestra cohesión social y territorial es el rezago de la Región de la Araucanía y las desigualdades sociales, productivas y culturales que tensionan la relación entre comunidades mapuches, el Estado y la sociedad.
