Pasé mi infancia bajo la dictadura y juventud bajo los gobiernos de la Concertación.
Al entrar a la Universidad comencé lenta y desordenadamente a construir mi propio pensamiento político. Pero para ello, necesitaba primero entender a la misma Concertación. (La dictadura me resultaba menos enigmática y bastante más clara para formar mi propia opinión).
¿Quién fue la Concertación?, ¿cuál fue su pensamiento político?, ¿qué los unía y qué los diferenciaba de la derecha?
¿Fue el polo izquierdo de la derecha, “liberales progresistas”, un neoliberalismo 2.0 o una administración del modelo de la dictadura, en palabras de Karol Cariola?
¿Fueron gobiernos atrapados por la Constitución y las “leyes de amarre” de la dictadura?, ¿era un grupo de ex-revolucionarios apoderados por el miedo al conflicto, que cargaban con la culpa del fracaso de la UP y el trauma del golpe militar, ávidos por demostrarle al país (y a sí mismos) que eran capaces de gobernar sin generar una ruptura interna?
¿O fue una generación que se cautivó con el neoliberalismo y sus principios éticos-políticos, que fusionaron con discursos y genuinas preocupaciones de la izquierda tradicional?
[cita tipo=»destaque»]El argumento central que sostengo es que la Concertación no fue inconsistente ni víctima de sus circunstancias. Sin desmerecer la complejidad de la post-dictadura chilena, el actuar del conglomerado estuvo fundado de forma consistente en su propio pensamiento y proyecto político. Aunque sin duda, había constreñimientos político-legales y disputas internas, la Concertación, a partir del modelo heredado, desarrolló, en buena parte, lo que fehacientemente creyó y sostuvo.[/cita]
Años más tarde estas inquietudes se convirtieron en una investigación en el área en que trabajo, la educación del sistema escolar. Estudié detalladamente todos los discursos Presidenciales del 21 de Mayo, los discursos Ministeriales de inicio del año escolar, las proclamaciones a las distintas leyes que se impulsaron, discusiones parlamentarias, documentos de políticas, entre otros.
El argumento central que sostengo es que la Concertación no fue inconsistente ni víctima de sus circunstancias. Sin desmerecer la complejidad de la post-dictadura chilena, el actuar del conglomerado estuvo fundado de forma consistente en su propio pensamiento y proyecto político. Aunque sin duda, había constreñimientos político-legales y disputas internas, la Concertación, a partir del modelo heredado, desarrolló, en buena parte, lo que fehacientemente creyó y sostuvo.
Desde fines de los 80s, en los documentos preparatorios al gobierno, se declararon beneficios del modelo de mercado instaurado: “la libertad de enseñanza”, la diversidad de proyectos escolares, la gestión descentralizada y la eficiencia en los mecanismos de financiamiento.
Paralelamente, se insistió de forma reiterativa que “el mercado es insuficiente”. Se requería una fuerte conducción y apoyo del Estado para enfrentar los desafíos de país para el desarrollo del capital humano, la formación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia (en sintonía con el pensamiento post-consenso de Washington).
Por ejemplo, en el año 1992 el Ministro de Educación, Ricardo Lagos señaló,
«Sería bien¬venido un creciente aporte privado y comunitario a la educa¬ción. Era indispensable un rol activo y conductor del Estado. La experiencia ha demostrado que las fuerzas espontáneas del mercado y la competitividad, en éste como en otros terrenos, por sí mismas no resuelven todos los problemas y se requería una participación de padres de familia, vecinos, empresarios, trabajadores, artistas e intelectuales, y una gestión estatal más eficiente y responsable, menos burocrática y centralista.» (Discurso de inicio del año escolar, marzo 1992)
Estos fueron los amores duales de la Concertación entre la libertad individual y el derecho social, lo público y lo privado, el mercado y el Estado. Estos amores se convirtieron en un mantra del equilibrio, que se repitieron durante los cuatro gobiernos.
Con ello se fue configurando el ideario de un “mercado equilibrado” que contenía un financiamiento competitivo para escuelas públicas y privadas, junto a un Estado “compensatorio del mercado”. Éste implicó mayor gasto fiscal, programas de apoyo y medidas de discriminación positiva (ej. Subvención Escolar Preferencial, SEP), una fuerte conducción curricular y políticas de evaluación estandarizada y rendición de cuentas por resultados (que derivó en el “Sistema de Aseguramiento de la Calidad”, SACE).
En el último período post-2006, con disputas internas, una fracción del conglomerado, teniendo países de referencia como Bélgica y Holanda, comenzó a entablar, además, la idea que el mercado equilibrado debía ser gratuito, sin selección escolar, sin lucro y con una proporción más “equilibrada” entre el sector público y privada. Convicciones que años más tarde, desembocaron en el intentó de la Nueva Mayoría de completar el imaginado mercado equilibrado por medio de la “Ley de Inclusión” y el proyecto de Ley de la “Nueva Educación Pública”.
Lo problemático de este proyecto político no fue lo que la Concertación no pudo hacer en un escenario de post-dictadura. Lo problemático estuvo dentro de la misma racionalidad política.
El horizonte de un mercado equilibrado no evidenció “asegurar la calidad y equidad”, ni “compensar” por medio del Estado el esquema mercantil, como se aspiró. Luego de los cuatro gobiernos, Chile contaba con uno de los sistemas escolares más segmentados del mundo, con una educación pública de apenas un 38% de la matrícula y hasta ahora no hay evidencia consistente respecto de los beneficios esperados de las políticas de evaluación nacional y “aseguramiento de la calidad”.
Sumado a ello, la posterior Ley de Inclusión trajo nuevos problemas. Por una parte, la prohibición de seleccionar alumnos entra en tensión al interior de los establecimientos al mantenerse un sistema evaluativo que ordena, premia y sanciona las escuelas según sus resultados estandarizados.
Por otra parte, el Estado empezará a financiar de forma masiva la educación privada subvencionada, con débiles herramientas para fiscalizar el no lucro y con excepciones legales. Además, la extensión de la gratuidad en el sector privado, deja a la educación pública en una posición de aun mayor fragilidad, pues ésta pierde su ventaja de no cobro en un escenario de competencia (lo cual no se resuelve con el proyecto de Ley de Nueva Educación Pública).
Varias de las iniciativas de la conglomeración pudiesen ser una contribución a la equidad, a la calidad e inclusión. Sin embargo, existe un nudo neurálgico en el proyecto político de la centroizquierda. Éste es la ilusión de ensamblar sinérgicamente principios dicotómicos, Estado/mercado, libertad/derecho, público/privado, competencia/inclusión, estandarización/participación.
Los amores duales son peligrosos.
La fórmula del equilibrio le dio identidad y fundamentos al proyecto educativo de la centroizquierda, pero a la vez fue su eterna trampa.
El funcionamiento del mercado requiere producir jerarquías simbólicas, diferencias comparativas y rivalidades entre establecimientos para que la competencia sea posible. La igualdad, la inclusión y la democracia participativa estorban bajo una lógica mercantil. Esta es la perpetua paradoja del imaginado mercado equilibrado.
