La noticia recibida este lunes desde Alemania sobre el acuerdo para que Hartmut Hopp cumpla la condena en ese país, me ha hecho reflexionar sobre la indisoluble relación justicia-reparación.
Este binomio “justicia – reparación” suele ser estudiado, analizado e incluso implementado por profesionales, saberes, poderes e institucionalidades distintas, pero que desde esta reflexión ambas forman parte de un continuo indisoluble. Esta distinción -como todas las distinciones- resulta una distinción arbitraria e imposible, tratándose de afrontar los efectos que tiene en las personas y sociedades las violaciones a los derechos fundamentales.
Para seguir el argumento, les propongo el siguiente ejercicio: supongamos que el Estado (chileno o alemán en este caso) dispone de los mejores psiquiatras, psicólogos, médicos especialistas, trabajadores sociales y que incluso paga indemnizaciones a las víctimas, pero no ha puesto el mismo interés y trabajo en investigar las responsabilidades de los crímenes, ni ha dispuesto de los mismos recursos para que la justicia haga su trabajo, por tanto los responsables del daño ocasionado a las víctimas caminan libres por la calle y desarrollan su vida sin que sobre ellos se asome la sombra de la justicia: ¿podríamos hablar de reparación? Enfáticamente digo NO.
[cita tipo=»destaque»]La justicia oportuna, efectiva y con sanciones de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos es una condición necesaria y mínima para otro tipo de reparaciones: psicológicas, físicas, sociales y simbólicas. Separar justicia de reparación es un ejercicio administrativo, de gestión de recursos, pero en ningún caso justicia y reparación constituyen asuntos que deben suponerse que actúan por separado.[/cita]
Por otra parte, supongamos que la Justicia ha investigado, ha determinado responsables y ha dictado condenas a los criminales, estas condenas se cumplen e incluso, que la Justicia ha dictaminado el pago de indemnizaciones a las víctimas, (las que, como ocurre en nuestro sistema judicial, deben hacerse efectivas una vez que la víctima haya “ganado otro proceso judicial” y que el demandado “tenga los recursos para efectuar los pagos”, como ha ocurrido con las víctimas de Paul Schäfer, Hopp y todos los jerarcas de la ex Colonia Dignidad, como ha ocurrido con tantas víctimas de las violaciones a los DDHH cometidas durante los 17 años de dictadura cívico-militar en Chile donde la Justicia ha dictaminado indemnizaciones que todavía no se pagan). Pero volvamos a la situación: supongamos que la justicia ha juzgado y sancionado a los responsables de los crímenes y que estos criminales cumplen su pena, pero solo hasta ahí ha llegado su trabajo, porque “reparar a las víctimas” es competencia de otras instituciones, saberes y poderes. ¿Es posible en este escenario que la víctima se sienta reparada si sólo ha tenido el fallo de un juez y la sanción a los responsables? Me atrevo a decir que NO. Esa víctima seguirá cargando con los efectos psíquicos, físicos y sociales de la vulneración de sus derechos fundamentales.
Entonces, ¿cómo podemos seguir pensando que justicia y reparación son asuntos independientes? Desde mi perspectiva, tras años de trabajo y de escucha a víctimas de violaciones a los DDHH, me atrevo a sostener que la justicia oportuna, efectiva y con sanciones de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos es una condición necesaria y mínima para otro tipo de reparaciones: psicológicas, físicas, sociales y simbólicas. Separar justicia de reparación es un ejercicio administrativo, de gestión de recursos, pero en ningún caso justicia y reparación constituyen asuntos que deben suponerse que actúan por separado.
Así es que me alegra que la justicia alemana haya escuchado la petición de la justicia chilena de juzgar a Hopp, sólo así será posible caminar de manera exitosa hacia ese acuerdo bilateral firmado hace unas semanas en Berlín que busca generar medidas de reparación a las víctimas chilenas y alemanas de la ex Colonia Dignidad, al menos es una señal de coherencia que reparación y justicia no pueden seguir andando por carriles separados y que la justicia es la condición mínima para que cualquier trabajo de reparación sea posible.
