El dia 27 de agosto 2017 se publicó en El Mostrador un artículo sobre la violencia contra la minoría Rohingya en Birmania escrito por EFE. A primera vista pareciera tratarse de un conflicto inter-religioso entre musulmanes y budistas ultra-nacionalistas. Pero allí hay más: se trata de un juego de poder , donde las Fuerzas Armadas imponen una solución militar y el gobierno democrático liderado por San Suu Kyi no logra ofrecer una solución política viable, al menos hasta ahora. Lo que empezó como un conflicto interno se ha transformado en un conficto de dimensiones internacionales que ha dañado la imagen democrática de San Suu Kyi ante los ojos de una comunidad internacional poco informada sobre lo que sucede actualmente en Myanmar.
Históricamente los Rohingyas son trabajadores emigrantes musulmanes provenientes en su mayoría de Bangladesch. A pesar que residen hace décadas en Myanmar, ellos no constituyen un pueblo nativo del país como los Mon, los Kachin, los Karen, los Shan, los Chin y otros. Sin embargo no dudan en exigir ser reconocidos como una etnia de Birmania, cuestión que dificulta la solución del problema. Por otro lado, la decisión del ejército de abrir en 2012 campos de refugiados para los desplazados internos musulmanes sólo ha agravado la situación. Pero: ¿qué se esconde detrás de este conflicto?, ¿por qué el gobierno de transición liderado por San Suu Kyi no ha resuelto con prestancia este peligroso brote de violencia? , ¿cuáles son los verdaderos obstáculos hacia la resolución de esta crisis política?
En primer lugar conviene recordar que Birmania estuvo desde 1962 hasta 2015 oprimido por una dictadura militar comandada por el temido general Ne Win, para luego a partir de 2010 iniciar un proceso de apertura controlado por militares devenidos en civiles. La “vía birmana hacia el socialismo” en el fondo fue la “vía hacia la miseria” pues el país terminó siendo el país más atrasado y corrupto de la región . Aquí se cuenta que durante ese período existía un lucrativo negocio de visas y permisos verbales en las fronteras para ganarse la vida en medio de la pobreza extrema. Es así como la población Bangladeschi fue entrando al territorio nacional aumentando su número desde 300.000 a 1.200.000 personas en el débil estado de Rakhine . Hasta 2012, la gente vivía pacíficamente en esos lugares y los musulmanes tenían pequeñas mezquitas y se desempeñaban en el comercio y la pesca. Los choques culturales, por ejemplo, la poligamía y la sumisión de la mujer al hombre, eran toleradas mientras se practicara entre musulmanes.
[cita tipo=»destaque»]Curiosamente el “conflicto” en Rakhine estalla en 2012. La acostumbrada convivencia pacífica con la población musulmana se rompe y de un día para otro se los presenta como un “peligro” para la “seguridad nacional”. El odio racial y religioso es alimentado por monjes budistas radicalizados como Ashin Wirathu, y sorpresivamente el ex general y último presidente “civil” del proceso de apertura hacia la democracia, dicta leyes de prohibición del matrimonio entre budistas y musulmanes y limita el número de hijos a dos para todas las familias musulmanas residiendo en Myanmar ( ellos constituyen el 5% de la población). Así comienza la historia moderna del conflicto en Rakhine, pues sus raíces son mucho más antiguas. [/cita]
Durante esa época, las preocupaciones de la población birmana eran otras y se centraban fundamentalmente en la lucha política contra la tiranía militar que dejaba cientos de miles de muertos tanto de la guerra civil contra los pueblos nativos como en la oposición democrática. Solo durante el levantamiento popular pro democracia llamado 8888 ( 8 de agosto de 1988), se calcula que fueron asesinados cerca de 10.000 protestantes en varias ciudades del país . Luego de estos sucesos, los altos mandos militares y su Partido Socialista comprendieron que si no cedían iban a perder a mediano plazo todo el poder. El 18 de septiembre de 1988, el general Saw Maung le dio un golpe de estado a Ne Win anunciando elecciones generales para 1990 que, por supuesto, desconocieron, poniendo a la Liga por la Democracia fuera de la ley y a San Suu Kyi bajo arresto domiciliario. El prestigio del ejército estaba en foja cero. Recién en 2010 se “traza” el itinerario para la transición a la democracia en medio del terror y la desconfianza frente al poder militar. Entonces se decide que el Ejército tendrá derecho por ley a asumir tres ministerios con autonomía presupuestaria: defensa, asuntos fronterizos e interior. Además controlará automáticamente el 25% de los escaños parlamentarios y se prohibirá que San Suu Kyi se transforme en presidenta por ser casada con extranjero.
Curiosamente el “conflicto” en Rakhine estalla en 2012. La acostumbrada convivencia pacífica con la población musulmana se rompe y de un día para otro se los presenta como un “peligro” para la “seguridad nacional”. El odio racial y religioso es alimentado por monjes budistas radicalizados como Ashin Wirathu, y sorpresivamente el ex general y último presidente “civil” del proceso de apertura hacia la democracia, dicta leyes de prohibición del matrimonio entre budistas y musulmanes y limita el número de hijos a dos para todas las familias musulmanas residiendo en Myanmar ( ellos constituyen el 5% de la población). Así comienza la historia moderna del conflicto en Rakhine, pues sus raíces son mucho más antiguas. El resultado de la violencia anti-musulmana de 2012 fueron 200 muertos, 250.000 desplazados, y 140.000 encerrados en campos de refugiados instalados por primera vez en Rakhine.
Las víctimas por el lado del ejército eran en su mayoría de soldados comunes en puestos fronterizos y sencillos pobladores budistas. Cuando el monje budista Whiratu ultra-nacionalista es retratado en 2013 en primera página de la revista del New York Times bajo el título: “La Nueva Cara del Terror Budista”, el presidente Then Sein declaró que Wirathu era un “hombre noble” y más tarde cuando el partido gobernante se presentó a las elecciones de 2015, Wirathu y la “Asociación para la Protección de la Raza y Apoyo a la Religión” ( Ma Ba Tha) fundado por el mismo en 2013, le ofreció todo su apoyo a los militares , ahora sin uniformes.
En noviembre de 2015, el académico birmano Maung Zarni declaró al Washington Post que el “Ma Ba Tha” era una “marioneta de los militares” para manipular los hechos y recuperar el apoyo y aprecio perdido de la opinión pública nacional. El ambiente de odio racial que imperaba prendió las alarmas en la Liga por la Democracia que por motivos tácticos decidió evitar en lo posible llevar candidatos musulmanes al parlamento para no alimentar los miedos instalados en la mente de los budistas comunes en relación al supuesto “caos” que generaría la transición política. Había una campaña del terror.
Hay que mencionar que muchos musulmanes eran parte de la intelectualidad democrática birmana en Yangón y pertenecían a la Liga por la Democracia. Es por eso, que el destacado jurista musulmán Ko Ji fue nombrado por San Suu Kyi como su asesor legal principal luego del arrollador triunfo electoral ( 83% de los votos). En Enero del 2017 Ko Ji fue asesinado en el aeropuerto de Yangón a balazos en la cabeza. Ko Ji era considerado pieza clave para la reforma de la constitución heredada de los militares, la solución pacífica de los problemas inter-religiosos y fue él justamente quien había doblado la mano a la constitución militar del 2010 como experto constitucionalista al crear el puesto de “Consejera de Estado” para San Suu Kyi aprovechando un vacío legal en ese cuerpo transformándola en presidenta “de facto” . Ese asesinato político provocó terror y fue considerado como una “señal de amenaza” contra todo aquel que osara reformar el itinerario de la transición. El crimen quedó en las tinieblas hasta el presente.
Probablemente el conflicto en Rakhine será de largo alcance, pues no se puede exigir al país más pobre de la región que resuelva los problemas sociales acuciantes de la población inmigrante sin una masiva ayuda económica y supervisión internacional, en circunstancias que su propia población sufre de grandes carencias ( el 80% de la población, por ejemplo, no tiene agua potable).
Por de pronto, ya el gobierno de San Suu Kyi ha ordenado entregar más de 250.000 certificados de nacimientos a los niños nacidos en los campamentos de refugiados y el envio de médicos y profesores para atender a los Bangladechis en sus necesidades más básicas. El rebrote de la violencia justo el día después que Kofi Anan entregara a San Suu Kyi las recomendaciones de Naciones Unidas para resolver el conflicto en Rakhine en forma pacífica, resulta sorprendente . Según el diario “Global New Light of Myanmar” el liderazgo del asunto lo llevan justamente los tres ministerios a cargo del ejército y son ellos aquellos que “asesoran” al gobierno de transición en lo que se ha venido a llamar el peligro de “ insurgencia terrorista extrema”.
La posición de San Suu Kyi como Consejera de Estado la pone en una compleja situación política entre mantener “buenas” relaciones cívico-militares para asegurar la transición y responder al mismo tiempo a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos. Durante la “Primera Conferencia sobre Transición Política en Myanmar” celebrada este mes en Nay Pyi Taw, San Suu Kyi llamó al diálogo “constructivo” entre las partes y a “mirar hacia el futuro”. Sobre la reconciliación en base a la verdad, justicia y compensación a las víctimas de la violencia, no se habló nada. Tampoco sobre las investigaciones de saqueo económico y enriquecimiento ilícito durante la dictadura.
Solo queda la duda si esta actitud es sólo táctica para no despertar los fantasmas golpistas del pasado, es auténtico miedo o “prudencia política”, o es que la lógica militar de la impunidad ha comenzado a penetrar y conquistar la mente de buena parte de la elite civil birmana que hasta ahora no ve un camino alternativo para construir una sociedad más justa. Mientras tanto la insistencia en conservar los campos de refugiados atestados con cientos de miles de Rohingyas en deplorables condiciones de vida podría transformarse en una verdadera amenaza de radicalización islámica para Myanmar. La elite civil birmana está ante uno de sus más grandes desafíos políticos: si no lo supera, los únicos “favorecidos” serán el ejército y sus socios.
