Hace pocos días atrás, los noticiarios de TV nos impactaron mostrando imágenes de una juventud que recién inicia su etapa adolescente y que, empuñando armas y actuando con gran violencia, realiza un portonazo o enfrenta a carabineros a la cabeza de un grupo que intenta robar numerosos automóviles. A estas imágenes se sumaron recientemente las de violentos narcotraficantes de una población del sur de Santiago, los cuales, seguramente, fueron también adolescentes que portaron armas y robaron automóviles.
La tarea sin duda es impedir que los adolescentes de hoy, cuyas imágenes tanto nos impactaron, sigan el modelo de los narcos. Es el complejo desafío de detener un camino que debió haberse interrumpido y modificado mucho antes.
Tanto el relato del senador afectado en el caso del portonazo, como la declaración de carabineros en el segundo, muestra bien la inquietud emocional que produce ver que es alguien tan joven de edad, casi un niño todavía, quien ataca y de quien hay que defenderse. Porque no es algo normal tener miedo de un adolescente, ni tampoco realizar una persecución armada a un muchacho de 13 años. Por ello es que el tono emocional que teñía el relato de ambos afectados nos pareció que sería ampliamente compartido por quienes también accedimos a la noticia, y que valdría la pena reflexionar en torno a ella. Hoy día, con las imágenes de La Legua que mostraron la violencia existente en los contextos donde viven adolescentes como los que aparecieron en la TV, nos detenernos en este sentimiento de perplejidad y preocupación para apreciar, en toda su gravedad, el grado de anomalía social que esta realidad nos muestra. Porque no es normal, y no debemos normalizar, el que jóvenes que comienzan su etapa adolescente vivan y actúen como delincuentes de larga data. Es la ética y la cohesión social las que son violentadas con estos hechos, y ello debe estimularnos a reflexionar sobre lo que se está haciendo al respecto, su lógica interna y el por qué de la escasa eficacia obtenida hasta hoy.
[cita tipo=»destaque»]La tarea de esta Reforma es enorme y requiere de una mirada amplia e integradora del aparato del Estado y de la sociedad en su conjunto. Lo importante es que el Parlamento ya recibió la tarea de las leyes iniciales y básicas para esa política basada en derechos que necesitamos.[/cita]
Si aceptamos que el delito en menores de 18 años es tan social en su origen y mantención como el abandono, o la deserción escolar, y si coincidimos que la solución es compleja y multidimensional y que requiere de un trabajo articulado de muchos ministerios y organismos del Estado, sabemos que también requiere que mejoren los instrumentos que utilizan cada uno de ellos. Eso es lo que hoy día se discute en el Parlamento, sobre lo que será el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y por ello es que en su debate deben estar presente las experiencias acumuladas en el Sename, el Ministerio de Justicia y la Ley de justicia juvenil, y los errores que allí se hicieron visibles y que requieren ser corregidos. Porque lo que no puede ocurrir es que el cambio sea solo de nombre.
De estos errores, probablemente el más importante y quizás más difícil de modificar es la lógica interna que guió la construcción de la nueva Ley Penal Juvenil, puesta en marcha el 2007, en la que los derechos exigidos por la Convención Internacional de Infancia y Adolescencia, se limitaron, prácticamente, al derecho al debido proceso, porque al objetivo de la reinserción social, que fue un tema agregado al proyecto en las etapas legislativas finales, no se le dio la fuerza necesaria para contar con los recursos ni las innovaciones técnica y de gestión que esa compleja tarea requiere. ¿Se entenderá ese problema hoy, en el debate parlamentario? ¿Será posible lograr que un Ministerio de Justicia, cuyo papel es hacer justicia y penalizar, incorpore la dimensión psicosocial y territorial en la intervención que el adolescente trasgresor requiere? ¿Y por el tiempo que lo requiera, para ser efectiva?
Esto es parte del gran tema de los cambios legales que se necesitan para construir una nueva, efectiva e integral Política de Infancia y Adolescencia, tarea que hoy se encuentra instalada en el Parlamento, cumpliendo su etapa legislativa, por mandato de la presidenta Bachelet.
La tarea de esta Reforma es enorme y requiere de una mirada amplia e integradora del aparato del Estado y de la sociedad en su conjunto. Lo importante es que el Parlamento ya recibió la tarea de las leyes iniciales y básicas para esa política basada en derechos que necesitamos. Ellas deberán aprobarse este año y ser continuadas por el próximo gobierno, con los siguientes proyectos que ya no alcanzaron a ingresar, como el de territorio por ejemplo, que son indispensables para configurar un sistema que opere de manera coordinada e integral. Serán las leyes que requiere el nuevo sistema, para instalar esa política que permita llegar a tiempo a la infancia y la adolescencia, para reducir los daños y desigualdades que están a la base de todas estas violencias.
La ética que nos guía como sociedad y la necesaria cohesión y paz social a la que todos y todas aspiramos, requiere avanzar en esta tarea de justicia. Son miles de niños, niñas y adolescentes de nuestra patria los que la requieren y la demandan.
